El Gobierno del Presidente Iván Duque anunció un nuevo paquete de medidas en el sector de agua potable y saneamiento básico para hacerle frente a la pandemia del coronavirus (covid-19).
A través del Decreto 819 del 4 de junio de 2020, se dispusieron nuevos alivios económicos para apoyar a las familias colombianas y a las empresas prestadoras de estos servicios públicos.
“Hasta el 31 de julio ampliamos el plazo para que las familias de los estratos 1 y 2 tengan la posibilidad de diferir hasta en 36 meses las facturas de acueducto, alcantarillado y aseo con una tasa de interés del 0%”, dijo el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón durante el especial de televisión ‘Prevención y Acción’, moderado por el Presidente Iván Duque Márquez desde la Casa de Nariño.
“El mismo plazo queda establecido para los hogares de los estratos 3 y 4, y para usuarios comerciales e industriales que por la emergencia no puedan pagar oportunamente sus recibos de servicios públicos, en este caso se podrá diferir el pago hasta en 24 meses a un interés real del 0%”, agregó.
A renglón seguido, el Ministro de Vivienda explicó que este beneficio inicialmente aplicaba hasta mayo, pero teniendo en cuenta la situación económica de millones de familias, se amplió hasta julio. Sin embargo, hizo un llamado para que los hogares que puedan seguir pagando oportunamente no dejen de hacerlo.
Beneficio rural
El Decreto también incluye una medida sin precedentes, que beneficia a los acueductos rurales y las familias que habitan en el campo.
“Por primera vez en la historia de Colombia tendremos subsidios directos a los acueductos rurales y comunitarios, garantizando la operación y generando un alivio en el costo mensual para las familias. Este alivio será de $12.400 pesos mensuales por usuario y aplicará hasta diciembre”, aseguró el jefe de la cartera de Vivienda.
En ese mismo contexto, el funcionario explicó que “así, un usuario rural en Colombia, que paga entre $19 mil y $20 mil al mes, con este subsidio del Gobierno Nacional, quedaría pagando entre $7 mil y $8 mil, lo cual es un alivio significativo para una población con altos niveles de vulnerabilidad”.
A este subsidio podrán aplicar los 1.621 operadores rurales registrados en la Superintendencia de Servicios Públicos.
“La invitación para el resto de acueductos rurales es a que inicien ese proceso de registro y formalización para poder llegar a beneficiar a las más de dos millones de personas que habitan en el campo”, concluyó Malagón.