Por Alberto Elías Fernández (Especial para Revista Zetta 20 años).- Definitivamente la pandemia mundial generada por el covid19 llego para generar una nueva realidad, independientemente del tiempo que sea necesario para superar el riesgo para nuestra salud y nuestras vidas, la pandemia esta generando cambios de hábitos, nuevos temores y lógicamente dejará dolorosas cicatrices.
Cartagena como ciudad turística necesitan de sus playas para lograr una pronta y real reactivación económica.
El tema de las playas en nuestra ciudad está en mora de una urgente y más que necesaria intervención, lo que hasta ahora no ha sido posible por el costo político que ningún gobernante ha estado dispuesto a asumir.
Durante los últimos veinte años hemos sido testigos del retroceso de la línea de playa a consecuencia de la erosión costera, entre los puntos más afectados están las zonas de Galerazamba, Loma Arena, Las Canoas, Arroyo de Piedra, La Boquilla, Crespo, Bocagrande, Tierrabomba, Mamonal y la isla de Barú.
El fenómeno es menos dramático en los sectores de Amanzaguapos, Arroyogrande, Punta Canoas, Castillogrande, zona sur de Mamonal y la bahía de Cholón, por cuanto estas zonas estan cubiertas con bosques, lagunas costeras, manglares, pastos marinos y vegetación secundaria.
Contrario a nuestra arraigada creencia local, la mayoría de las playas de Cartagena no son bonitas, están sucias y claramente carecen de una infraestructura básica como baños, duchas, sitios de disposición de basuras o parqueaderos, adicionalmente la experiencia de visitarlas no es agradable debido al acoso constante de vendedores, el abuso en precios del que permanentemente somos víctimas locales y visitantes, tampoco es un problema menos grave que cualquiera puede vender alimentos y bebidas sin ningún tipo de control sanitario.
Las playas en Colombia están comprendidas dentro del concepto de espacio público, regulado por el artículo 82 de la Constitución. Este prevé: es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular; concepto que se encuentra desarrollado en el artículo noveno de la Ley Novena de 1989, que señala: “Las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas, son bienes de uso público, por tanto intransferibles a cualquier título a los particulares, quienes solo podrán obtener concesiones, permisos o licencias para su uso o goce de acuerdo con la ley”..
Contrario a lo que dictan las normas me atrevo a afirmar que en Cartagena las playas si son privadas, la anarquía reinante y la falta de reglamentación nos impusieron un espantoso modelo de privatización en manos de los denominados carperos, quienes crecen en número y pretensiones en cada censo que hace la Alcaldía Distrital.
Pero no podemos mirar al carpero, al vendedor ambulante, o a las masajistas empíricas como como un simple problema sin solución, de hecho, son víctimas y agentes de un desorden generalizado. Nunca antes el precario modelo de explotación económica de las playas había quedado tan fielmente retratado en su lamentable realidad, para estos coterráneos en su mayoría afrodescendiente que vive de esta economía informal, no existe un ingreso mínimo garantizado, no tienen seguridad social y están condenados a envejecer junto al mar sin la posibilidad alcanzar una pensión de vejez.
La “nueva normalidad” impone la necesidad de abordar un problema complejo, pero de inaplazable atención.
El aislamiento social durante la pandemia limita el número de personas que podrán asistir a las playas cuando estas se habiliten para su funcionamiento, aumentando la presión y la competencia entre el gremio de carperos.
La apertura de las playas requiere agua potable y sitios donde sea posible tomar duchas y lavarse las manos.
Uno de los sanos efectos del Covid, es el cambio en la concepción del espacio personal y los hábitos de higiene, entonces tendremos que entender que la tolerancia al vendedor ambulante que se acerca sin ser requerido a ofrecer sus productos, es cosa del pasado; no bastarán guantes y mascarillas para contener el natural temor y rechazo a la masajista que se acerca a ofrecer sus servicios y para ello utiliza lubricantes y cremas de insospechada procedencia.
La venta de alimentos y bebidas en las playas es un desatendido problema de simple salud pública que no puede seguir siendo ignorado, desde ya debemos entender que la sensibilidad cobre temas de salud publica cambió, o lo entenderemos cuando los turistas extranjeros decidan invertir sus dólares y sus euros en otros destinos más acogedores y seguros.
No hay soluciones fáciles para este tema, pero propongo un acuerdo de ciudad, por lo menos en los siguientes puntos:
Es urgente la implementación de los anunciados proyectos públicos de recuperación y conservación de la línea de playa.
Las playas son una fuente de empleo limitada, debemos tener censos claros del numero de personas que derivan su sustento de actividades asociadas a su uso y limitar ese número así como capacitar a estas personas en temas en bilingüismo, atención al público, ética y una básica cultura general.
Las playas no se deben privatizar, pero si pueden entregar en concesión a particulares que puedan implementar modelos de explotación mas cómodos y atractivos, con baños limpios, duchas, seguridad y parqueaderos, esto no puede ser ni gratis ni barato, deben pagar y garantizar inversiones en infraestructura que permitan especializar las zonas de playa por su uso, debemos tener playas de uso familiar, adecuadas para el uso y disfrute de niños; zonas de plata con vocación de uso deportivo, otras más dispuestas al uso y goce de turistas que no vienen con familias y por supuesto zonas de playa que sean restaurantes o bares que se puedan disfrutar incluso en horario nocturno.
La oferta de alimentos en la playa no puede ser entendida como un tema de rebusque o sustento de una economía informal, por cuanto es un problema de salud pública, quienes vendan alimentos en la playa deben cumplir con los mismos requisitos de infraestructura y sanidad que se les exigen a dueños de bares y restaurantes.
En cuanto a estos dos últimos puntos deberán ser comerciantes formales que paguen impuestos, tasas de uso por su concesión y sobre todo que generen empleo con un salario mínimo turístico superior al mínimo legal y que cumplan con los deberes del empleador en cuanto a seguridad social y trabajo decente.
Los recursos que se obtengan del cobro por la concesión de playas, deberán ser destinados de manera prioritaria para la adecuación y mantenimiento de playas publicas gratuitas, cómodas, limpias y seguras para los locales o turistas que no quieran o puedan pagar y prefieran esta opción.
La reactivación del sector turístico requiere liderazgo, cambios, creatividad y sobre todo organización.
ALBERTO ELIAS FERNANDEZ SEVERICHE
ABOGADO ASESOR ESPECIALISTA EN DERECHO MARITIMO Y PORTUARIO.
