Por Horacio Cárcamo Álvarez (Especial para Revista Zetta 20 años).- El cuento es el siguiente: en días pasados la Policía Nacional en cumplimiento de orden legal consistente en un desalojo ordenado por el corregidor de Pance, uno de los agentes que hacían parte del operativo, el patrullero Ángel Zúñiga Vanegas se negó a obedecer la orden del superior por considerar que se abusaba de los derechos humanos, no había reubicación a las familias, ni se tenía en cuenta la situación de pandemia del momento. Renglón seguido ofrendó el cargo; échenme, remató.
Para el Comandante de la Policía Metropolitana de Cali el policía no puede hacer caso omiso a órdenes de los superiores y menos entorpecer procedimientos. Un concepto muy ortodoxo de la obediencia si no se tiene en cuenta que al uniformado no solo le asiste el deber de respetar la ley, sino también el de proteger los derechos fundamentales de las personas. El desalojo se adelantó contra unas familias que ocupaban desde hacían varios años unos terrenos de propiedad de la alcaldía de Cali, aledaños a la ribera del río Pance en el sector La Viga.
La tierra ha sido desde el inicio de la república el problema central de la guerra. La concentración de la propiedad en la zona rural no nos ha permitido alcanzar los niveles de civilización a los que han llegado otras naciones y sigue siendo combustible de la confrontación armada con saldos en vidas humanas, desplazamientos forzados y crueldad. De ahí que la médula del acuerdo de paz para la terminación del conflicto con las Farc, guerrilla rural y en esencia campesina hoy partido político con asiento en el Congreso General de la República, fuera el punto de tierras. “La reforma rural integral sienta las bases para la transformación estructural del campo, crea condiciones de bienestar para la población rural y de esa manera contribuye a la construcción de una paz estable y duradera”, reza el arreglo.
Colombia es el país más desigual de Latinoamérica y según la OCDE la razón estriba en la alta concentración del ingreso. Esa desigualdad es mayor en la zona rural donde el acceso a servicios públicos domiciliarios es precario o inexistente y el trabajo es mayoritariamente informal, con el agravante de la alta concentración de la propiedad de la tierra, cuya democratización no ha sido posible; no solo por la oposición que han hecho las viejas estructuras económicas, sociales y políticas del establecimiento neo feudal, sino por la ilegalización de las luchas del movimiento campesino y el despojo paramilitar.
A pesar que es un deber constitucional del Estado promover el acceso a la propiedad de la tierra a los trabajadores del campo, en el país más de un millón de hogares campesinos viven en menos espacios del que tiene una vaca para apastar. La afirmación es de Oxfam en un análisis citado por Antonio Paz Cardona donde se asevera que en el 2002 las fincas con extensión mayor a 500 hectáreas se habían duplicado y un poco más en relación con el año 1960.
En su análisis la organización no gubernamental también expresa que el 1% de las fincas de mayor tamaño tienen el 81% de la tierra en Colombia y algo que resulta alarmante, y obliga al debate político, es que el 42.7% de los propietarios de predios más grandes manifiestan no conocer el origen legal de sus terrenos. Concentración y tradición gris de la propiedad rural podría ser el verdadero pábulo de la oposición al proceso de paz y no la impunidad como quieren hacerle cree a la opinión pública.
A los siervos sin tierras de Pance ni siquiera el horror de la peste por covid-19 que ha castigado duro al Departamento del Valle del Cauca y a su capital Cali, les alcanzó para evitar que el gobierno del alcalde Jorge Iván Ospina los dejara a la intemperie y expuestos al contagio de la muerte. No llegó el brazo del Estado Social de Derecho al que el gobernante juró defender al momento de posesionarse, pero si lo hizo el de las pajaritas, maquinaria pesada, con la que se atropelló la dignidad humana de humildes campesinos, sueños de techo alcanzado aún en medio de la precariedad de las viviendas y cultivos.
En este caso la Alcaldía de Cali manifestó que a las familias se les reconoció el debido proceso por el solo hecho de permitirles oponerse a la orden de restitución de los predios en las orillas del río Pance. Aplicaron el concepto clásico de la sujeción formal al derecho y relegaron premeditadamente o no, la sujeción del derecho a contenidos sustanciales de justicia. Como lo manda la Corte Constitucional no es admisible que la administración se muestre impasible mientras desalojan a una comunidad que no tiene los recursos materiales para proveerse una vivienda digna. Su deber cualquiera sea la causa del desalojo es proporcionarle una alternativa.