Por Ambrosio Fernández (Especial para Revista Zetta 20 años).- Los expertos coinciden en que para rescatar la economía por cuenta de las medidas de contención de la pandemia, los gobiernos si o si tendrán que meterse la mano al dril y acelerar el gasto público, pero este no solo debe reflejarse en las medidas coyunturales como la entrega de ayudas humanitarias, sino en el mediano y largo plazo. Una de estas apuestas son los planes de infraestructura de gobiernos locales, regionales y nacionales; desde la pavimentación de una calle en un barrio, la construcción de escuelas, los necesarios hospitales, hasta las grandes autopistas, puertos, aeropuertos, entre otras. Cada una de estas obras genera empleo, mueve la economía y ayuda a la competitividad de la ciudad, región o país. Siempre y cuando, eso sí, que las obras se ejecuten en los tiempos previstos y sin pérdida de recursos por la corrupción.
Tal vez sea este el momento para que Colombia deje atrás viejas prácticas que condenan a las obras de infraestructura a atrasos eternos que terminan afectando la competitividad y la credibilidad de las instituciones a cargo. No quiero dejar de lado que uno de los grandes lastres de la infraestructura en el país es la corrupción, no en vano hemos visto sonados escándalos como los de Odebrecht y la Ruta del Sol, el Túnel de la Línea, el Carrusel de la Contratación en Bogotá, la misma modernización de la refinería de Cartagena, entre otros, pero tampoco debemos ser ciegos que otro de los grandes males es el exceso de burocracia, tramitología e incluso incompetencia de funcionarios a las que tiene que enfrentarse un proyecto durante su planeación, ejecución y entrega.
Irónicamente, uno de los principales cuellos de botella de las obras en Colombia se encuentra en el escritorio o en el computador de una oficina de alguna entidad en un Ministerio, gobernación o alcaldía. Muchos documentos duermen días, semanas, meses o incluso años esperando una revisión, una firma, una aprobación. Eso es lo que no podemos permitirnos en estos momentos, pues de la celeridad de los trámites y tiempos estipulados por la ley pueden depender cientos de empleos y reactivación económica. Además, mientras más se extiendan los tiempos, más se expone a verse afectada por la corrupción.
Son tiempos difíciles para todos y hoy más que nunca la figura de funcionario público debe verse revertida por una auténtica vocación de servicio y eso implica dedicación y esfuerzo y muchas veces tiempos extras en contra incluso de la vida personal. Es hora de tener los ojos más abiertos para evitar errores y pérdida de recursos, pero también funcionarios capacitados para dar respuesta a las necesidades.
Ambrosio Fernandez M
@ambrosiofma