Análisis de John Zamora (Director de Revista Zetta 20 años).- Luego de permanecer siempre en estado de ataque, la Administración Dau pasó a la defensiva para proteger a su más preciada gema: la Primera Dama.
Es la única persona a la que el alcalde William Dau le tiene absoluta confianza y por ese motivo la contrataron mediante una Orden de Prestación de Servicios por valor mensual de $7 millones.
¿Por qué no nombrarla, al igual que otras personas del gabinete? Porque no reúne los requisitos formales, así que el mecanismo que encontró la Administración fue el de la contratación de sus servicios personales bajo la connotación de alta confianza.
Ese contrato ha tenido tres tipos de ataques: el político, el penal y el fiscal, y no demora el disciplinario.
En lo político, se fustiga que un contratista externo tenga tanta jerarquía dentro de la Administración, al punto de asimilarse a una co-alcaldesa. La respuesta se ha amparado en una victimización: la atacan por mujer, por negra y por pobre.
En lo fiscal, la Contraloría Distrital cuestionó el monto del contrato. Que $7 era mucho, que no más de $3. La Administración se reafirmó: que era de confianza, que dejen así.
La Contraloría afinó puntería y puso en la mira a la Secretaria General, Diana Martínez. Le “exigió” a Dau suspenderla para que no interfiriera la investigación.
Tras la pataleta política previsible (ver: «No fui yo la que seleccionó a la contratista, no soy la jefa, no soy la supervisora y tampoco soy la pagadora de ese contrato»: Diana Martínez
https://revistazetta.com/?p=37753 =, la Administración optó por agachar la cabeza y acceder a rebajar el monto del contrato con Cynthia. Reconoce así que la confianza no era suficiente argumento para pagarle la suma inicial, y de paso busca desactivar la suspensión de la Secretaria General. Ahora, Cynthia deberá reembolsar $33.600.000 que ha recibido de más.
En lo penal, el asunto no funciona igual. No vale ni el discurso lastimero de la mujer negra pobre, ni devolver lo pagado de más.
En lo penal lo que se cuestiona es el certificado aportado en la hoja de vida de Cynthia Amador donde se falsifica una vinculación de 10 años con la firma de la abogada Ruby Torrejano, que la perjudicada denunció ante la Fiscalía.
Alguien mintió, alguien falsificó. Quienes conocen la metodología del Sigep para que los contratistas aporten sus hojas de vida y los soportes, indican que la persona interesada tiene una clave y sube sus documentos.
Esa falsedad en documento privado sirvió para acreditar unas condiciones que desdicen de la alta confianza que el alcalde tiene en Cynthia. Aunque se presuma de ella la inocencia, es difícil disuadir al mediano raciocinio que una “mano pelúa” fue la autora del delito. Ese es el pecado original y el ajuste del monto contractual no lo borra.
Comunicado a la opinión pública sobre la investigación que adelanta la Contraloría Distrital al contrato de Cynthia Pérez Amador
Cartagena de Indias, D. T. y C., 12 octubre de 2020. El pasado viernes 8 de octubre de 2020.-, La administración de Salvemos Juntos a Cartagena, en cabeza del alcalde William Dau Chamat, recibió de parte de la Contraloría Distrital, el Auto 005-2020 de 7 de octubre de 2020, que da apertura al proceso de responsabilidad fiscal como consecuencia del contrato 076-2020 suscrito con Cynthia Pérez Amador, y seguidamente, fue puesta en conocimiento la Resolución 237 mediante la cual dicho ente de control exige la suspensión de la Secretaria General del Distrito, Diana Martínez Berrocal.
Esta Administración Distrital, al margen de las consideraciones jurídicas, a partir de las cuales encontramos debidamente fundados los honorarios pactados, en aras de atender de manera oportuna la investigación que cursa en este momento, y dada la posición del ente investigador, se permite informar a la ciudadanía y a la opinión pública que:
1. Procederemos a modificar el contrato en mención, para efectos de ajustar el valor de este conforme a lo señalado por la Contraloría.
2. Una vez se modifique el contrato se allegará al proceso de responsabilidad fiscal con el fin de que se concluya el proceso y así mismo, se finalice cualquier acción que haya tomado la Contraloría dentro de este asunto, como la suspensión de la Secretaria General, en tanto entendemos que es allí en donde según el predicado del órgano de control se funda la medida.
3. Igualmente, aclaramos que se procederá a reintegrar el monto que según la Contraloría fue pagado en exceso, el cual fue determinado en la suma de $33.600.000, devolución de los recursos que corresponderá a la contratista.
Como Administración queremos recordarle a los cartageneros que somos respetuosos de las decisiones de los organismos de control, sin embargo, reiteramos que en esta oportunidad rechazamos los reproches de la Contraloría, pues consideramos que nuestras actuaciones siempre han estado ceñidas a los parámetros constitucionales y legales, y en esa medida seguiremos la defensa de nuestras posturas ante los llamados de los organismos de control e investigación.
Por último, queremos destacar que la bandera del Gobierno Salvemos Juntos a Cartagena siempre será trabajar en beneficio de los cartageneros de forma transparente, y así lo seguiremos haciendo.
Fin del Comunicado 1.350
