Son copiosos los documentos que eruditos investigadores han publicado sobre la miseria y la desigualdad que mantiene encadenadas a las grandes mayorías de la población cartagenera y ese torrente de impresos parece incrementarse en los últimos años.
Un documento paradigmático de lo dicho es el que elaboró el Banco de la República por cuenta de los investigadores Jhorland Ayala y Adolfo Meisel en 2016, denominado, de manera impactante, “La exclusión en los tiempos de auge: El caso de Cartagena”.
En ese documento se lee: “En cuanto a actividad económica, la ciudad registró un Producto Interno Bruto (PIB) por habitante equivalente a $15,6 millones de pesos en 2012, siendo la tercera ciudad capital con el valor más alto, después de Bogotá y Bucaramanga”, para agregar seguidamente que “Esta importancia económica se debe, principalmente, al auge de tres sectores económicos: la industria, el turismo y la actividad portuaria. En el 2015 se puso en marcha la nueva refinería de la ciudad, la cual se espera que aumente el PIB industrial nacional en 5,8 puntos porcentuales en 2016 (ANIF, 2016), lo que ratifica a Cartagena como la cuarta ciudad industrial del país”.
Fácil es deducir que en buena medida, el “auge” económico de la ciudad en los últimos tiempos se debe a la Refinería de Ecopetrol, pero, en oprobioso contraste, en el mismo periodo Cartagena de Indias acusa las peores cifras de pobreza, miseria y desigualdad de Colombia, que a su vez, como es sabido, es uno de los países más desiguales del mundo. No debería caber duda a nadie, que este contraste vergonzoso merece una reflexión y evaluación profundamente crítica de la forma como se ha implementado el modelo de desarrollo en La Heroica.
Me viene a la mente una cita de Thomas Piketty consignada en su “Capital e Ideología” que me parece muy a propósito con los fenómenos comentados: “¿Estamos seguros de que Bill Gates y los demás “tecnomultimillonarios” habrían podido desarrollar sus negocios sin la ayuda de los cientos de miles de millones de dinero público invertidos en formación y en investigación básica desde hace décadas? ¿Realmente creemos que su poder de mercado casi monopólico y la captación de conocimiento público a través de patentes privadas habría podido prosperar utilizando otros medios que no fueran el apoyo activo del sistema legal y fiscal en vigor?”.
La cita Piketty para decir que el ecosistema legal, empresarial, territorial y poblacional de Cartagena, ha sido causa eficiente para que empresas como Ecopetrol hayan prosperado como lo han hecho. No se trata de una “iluminación” de sus directivas y funcionarios, que en mayor o menor medida se deben al interés colectivo; es, por el contrario, un aporte colectivo y social el que ha edificado el emporio industrial de la ciudad, aún a costas del sacrificio medio ambiental que ha significado el emplazamiento empresarial de Mamonal, que ha llegado incluso a “asesinar” la Bahía interna, como quedo ratificado en fallo judicial contra una de las entidades que vertió sustancias venenosas a ese cuerpo de agua.
Esta dilatada introducción para referirnos al propósito de Ecopetrol para modificar las licencias ambientales concedidas para la ampliación de la planta, cuya finalidad es, sin lugar a equivocaciones, evadir los compromisos sociales que tiene La Refinería con las comunidades empobrecidas que rodean ese emporio de riqueza capitalista.
En efecto, Ecopetrol ha solicitado la modificación de la Licencia Ambiental de la Refinería de Cartagena, Expediente LAM 0761 Refinería de Cartagena S.A.S., aduciendo que los impactos ambientales de la misma se reducen al perímetro de sus instalaciones, lo cual sustenta en complejos estudios y medidas construidas con los técnicos y aparatos que solo la empresa con sus abundantes recursos puede apalancar; dejando a las comunidades la mera facultad que Rene Descartes denominó en su Discurso del Método como “sentido común”, pues pocas son las herramientas tecnológicas y científicas a las que pueden acceder para demostrar la falacia de los argumentos que esgrime la empresa para evadir sus obligaciones frente a las afectaciones históricas, presentes y futuras que le han causado, causan y causarán, a la ciudad y, en especial, a las comunidades vecinas.
Sin embargo, contrario a las bondades de los dictámenes esgrimidos por Ecopetrol para sostener que los impactos al medio ambiente por parte de la empresa se circunscriben a sus instalaciones, se tiene que en “Auditoría de Cumplimiento a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA Licenciamiento Ambiental a la Refinería de Cartagena — Reficar ANLA — Reficar 2008 – 2017”, elaborado por la Contraloría General de la República, se lee que al “verificar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la licencia ambiental (la misma cuya modificación se persigue), así como la evaluación, seguimiento y control efectuado por la autoridad ambiental…(ANLA, CARDIQUE y EPA) en relación con los conflictos socio ambientales y efectos sobre los recursos naturales y del medio ambiente derivados de la modernización y operación de la refinería de Cartagena Reficar”, se “considera que el cumplimiento por parte de Reficar de las obligaciones relacionadas con las medidas de compensación forestal no resulta conforme frente a lo establecido por las autoridades ambientales y las normas aplicables; así mismo se evidenció falta de seguimiento por parte de las autoridades ambientales regionales (Cardique y EPA). La presente conclusión se basa también en las evaluaciones realizadas sobre los aspectos significativos de la licencia, en donde se observó la falta de oportunidad en los seguimientos a la Refinería por parte de la ANLA, así como las falencias en el funcionamiento del área de Landfarming y debilidades en el Plan de Contingencia entre otros aspectos”.
La Contraloría encontró además incumplimiento en las obligaciones de Ecopetrol en el “mantenimiento del área de Landfarming, falta de certeza de las compensaciones y en algunos casos se han sustituido las especies forestales por ornamentales, generando la no reparación del impacto, y falta de oportunidad en la comunicación al ANLA de los cambios que afectan la licencia, afectando el control y seguimiento”, para concluir que “De acuerdo con los resultados de la auditoría y la metodología establecida por la CGR para la evaluación del control interno de la ANLA en la auditoría de cumplimiento, los asuntos auditados obtuvieron una calificación global de 2,033, que se ubica en el rango de Ineficiente”, con “siete (7) hallazgos administrativos (A), de los cuales cinco (5) tienen presunta incidencia disciplinaria (D), uno (1) para inicio de Proceso Administrativo Sancionatorio (PAS) y uno con Otra incidencia (01)”.
Esto para no hablar de la exclusión recurrente de la mano de obra local que está suficientemente sustentada por varios documentos que no citaré en esta oportunidad.
En fin, son las consecuencias de un “modelo” excluyente, depredador del medio ambiente y que concentra desmesuradamente el capital, conforme lo acreditan las frías cifras oficiales que describen el auge industrial en medio de la miseria de los seres humanos en Cartagena. La economía moderna y los proyectos de desarrollo en un contexto de cambio climático y de pandemia, requieren con urgencia de una concepción moral y ética que hoy parece burlada.
