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Política

Víctimas de violencia de género tendrían preferencia para acceder a vivienda

En Colombia, durante los meses de confinamiento, una mujer fue víctima de violencia intrafamiliar cada 6 minutos. En el 46% de los casos fueron agredidas con armas u objetos contundentes lo cual elevó el nivel de riesgo y violencia.

Según Medicina Legal, en 2020 se realizaron 26.462 exámenes médico legales a mujeres víctimas de violencia perpetrada por su pareja sentimental y solo en los dos primeros meses del 2021 se recibieron casi 15 mil denuncias por violencia intrafamiliar, la mayoría contra mujeres.

Bogotá, 7 de abril de 2021.- Por unanimidad fue aprobada en segundo debate la iniciativa que busca superar el déficit de protección en el que se encuentran actualmente las mujeres víctimas de violencia de género extrema, al brindarles prioridad para que puedan acceder a los subsidios de vivienda que ofrece el Estado.

“El derecho de acceso a la vivienda propia es un factor decisivo para la igualdad y las condiciones de vida de la mujer, así como para su seguridad física y económica. Durante la pandemia hemos visto cómo se agudizaron las cifras de violencia de género extrema en el país, por eso con esta iniciativa queremos garantizarles a estas mujeres acabar con la dependencia económica y de convivencia con sus agresores”, afirmó la senadora Blel, autora de la iniciativa

El proyecto de ley quiere modificar el artículo 12 de la ley 1537 de 2012 al incluir un criterio de priorización adicional para las mujeres que son y han sido víctimas de este tipo de violencia.

Con esta iniciativa, se busca responder también a la solicitud de la Corte Constitucional, la cual exhortó al Congreso a adoptar decisiones que tengan un enfoque diferenciado dirigido a proteger a las víctimas de violencia de género extrema, es decir para las mujeres víctimas de conductas como tentativa de feminicidio, lesiones con agentes químicos, ácido y/o sustancias similares, violencia sexual y maltrato físico, psicológico que deje secuelas permanentes en la salud de la víctima o generen incapacidad médico legal superior a 30 días.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la pandemia del COVID-19 generó un retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral de las mujeres en la región lo cual, junto con el confinamiento, profundizó sus condiciones de vulnerabilidad y la expuso a más escenarios de violencia extrema que se agudizan en la medida en que se generen situaciones de dependencia económica.

Cifras de Medicina Legal, indican que entre el 25 de marzo y el 10 de noviembre de 2020, las líneas 155, 123 y 122 de atención del país, reportaron un incremento significativo de llamadas relacionadas con violencia de género frente al mismo periodo el año anterior. Tan solo en la línea 155, se registraron más de 17 mil llamadas realizadas por mujeres que estaban siendo víctimas de violencia intrafamiliar.
Así mismo se practicaron 9.652 exámenes médico legales por presunto delito sexual y se registraron 279 suicidios de mujeres, 42 con razón asociada a conflictos de pareja y violencia física, psicológica o sexual.

El proyecto de ley pasa ahora a tercer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.