Cartagena de Indias, 21 de abril del 2021. Los concejales de Cartagena Javier Julio Bejarano (Coalición Alternativa), Sergio Mendoza Castro y Lúder Ariza Sanmartín (Alianza Verde), Carolina Lozano (ASI) , Oscar Marín Villalba (Partido Conservador) y Katya Mendoza Saleme (Partido Liberal) radicaron ante la Procuraduría General de la Nación una queja formal en contra del secretario del interior de Cartagena, David Múnera Cavadía, por presuntas irregularidades en el contrato de arrendamiento del centro de reclusión de mujeres que se ubica en el municipio vecino de Turbaco.
A juicio de los cabildantes, no existe entre el Distrito de Cartagena y el municipio de Turbaco algún tipo de convenio interadministrativo que permitiera el traslado y funcionamiento de la cárcel distrital de mujeres en predios de la jurisdicción de este último, hecho que implicaría un posible vicio de procedimiento y desconocimiento sistemático al principio de legalidad.
La denuncia se ampara de igual manera, en que la Secretaría de Planeación del municipio de Turbaco otorgó licencia de construcción bajo la modalidad de obra nueva, para la construcción de locales y oficinas de uso comercial, no para un centro de reclusión penitenciario.
Los cabildantes piden investigar presuntas inversiones adelantadas para la adecuación del mismo por parte del Distrito, teniendo en cuenta que el inmueble no es un bien activo de la alcaldía de Cartagena y mucho menos se le está dando la destinación para lo que fue construido de acuerdo con los permisos otorgados por el municipio de Turbaco.
Otro de los argumentos expuestos en la denuncia, lo constituye el hecho que el inmueble no cumple con los requisitos técnicos exigidos por la Ley para los centros de reclusión, aspecto de gran relevancia en atención al uso o destinación que tiene actualmente.
“Lo más preocupante es que en el contrato de la vigencia 2020 se arrendaron 5.000 metros cuadros por un valor de 150.943.894 millones de pesos incluyendo la estación de servicio contigua a la edificación, y en 2021 se disminuyeron los metros cuadrados contratados a menos de la mitad, es decir 2.131 metros cuadrados por el mismo valor del año fiscal 2020”.
Por último, el inmueble, además, no cuenta con suministro de agua potable, ni conexiones al alcantarillado por el operador que presta tales servicios en esa zona, hecho que obliga a las directivas de la cárcel a captar el preciado liquido del caño Zuleta, un afluente de aguas servidas que desciende de la parte alta del municipio de Turbaco.