Cartagena de Indias, 30 de abril de 2021.- Un contrato en la Defensoría del Pueblo de $12 millones mensuales durante nueve meses quedó sin posibilidad de cumplimiento pues la contratista Judith Pinedo Flórez comenzó a purgar una sentencia del Tribunal Superior de Cartagena y se encuentra recluida en centro penitenciario.
“Si efectivamente con ocasión a su situación judicial se tomó la decisión de no seguir con el proceso. Fue una terminación unilateral del contrato”, confirmó una fuente oficial de la entidad a consulta de Revista Zetta.
Según la cláusula primera del contrato DC-295-2021, con valor de $108 millones, Pinedo Flórez “se obliga a prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para realizar seguimiento a las políticas públicas del orden Nacional y Territorial para identificar procesos y realizar recomendaciones sobre el ejercicio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la población en la Región Caribe y la Región del Pacifico”.
Según el vínculo contractual, la contratista debía “Elaborar un documento-informe de análisis, dividido en dos entregas, sobre la situación de los derechos a la alimentación, educación y trabajo y las políticas públicas nacionales y territoriales dispuestas para la garantía de éstos en las regiones caribe y pacífica, que cumpla con los parámetros definidos en las condiciones técnicas exigidas”.
Pinedo recibió una condena por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, hechos cometidos cuando se desempeñó como alcaldesa de Cartagena. En la misma sentencia quedó cobijada su exsecretaria de Hacienda, Vivian Eljaiek; el empresario Luis Edgar Restrepo, el ingeniero Rafael Ceballos y el abogado Giovani Torregrosa, por el sonado escándalo de la venta de un polígono de playa en El Laguito.
