Por Horacio Cárcamo Álvarez (Especial para Revista Zetta).- Cartagena de Indias, 2 de septiembre de 2021.- La corrupción esta enquistada. La afirmación es de Beatriz Londoño, secretaria de Transparencia del gobierno nacional, quien podría, si así quisiera, ilustrar la aserción con el escándalo del Mintic donde unos contratistas – UT Centros Poblados – que debían llevar internet a nuestros niños de los sitios más apartados del país se birlaron $70 mil millones del anticipo en medio de un entramado propio de mafiosos, aparentemente con la complicidad de funcionarios del mismo Ministerio.
Según los órganos de control, la corrupción cuesta a los colombianos 50 billones de pesos cada año. Esa cifra equivale a tres reformas tributarias y al doble del presupuesto destinado para educación, salud y seguridad en la actual vigencia fiscal. Solo con lo que se pierde por corrupción en dos días se podría resolver el problema de la pobreza en Cartagena. Así es la cosa.
Carlos Gaviria, el sabio, líder de la primera Corte Constitucional que junto a otros magistrados como Vladimiro Naranjo, Ciro Arrieta, Fabio Morón, y Eduardo Cifuentes les correspondió el diseño de la arquitectura jurídica para poner andar la Constitución del 91, particularmente en la materialización de sus principios y derechos, decía que el que pagaba para llegar, llegaba para robar. En esta reflexión, que por simple no deja de acongojar, se encuentra la ilustración del tema. Para los colombianos la corrupción y el desempleo son los principales problemas que tiene el país en estos momentos.
La alternación en el poder – Frente Nacional – estrategia provisional para terminar con los gobiernos hegemónicos y superar el doloroso período de la violencia partidista y más tarde – de manera permanentemente – la participación adecuada y equitativa del partido mayoritario distinto al del Presidente de la República en el gobierno prescrito en el artículo 120 de la constitución de 1886, no solo generó una promiscuidad ideológica entre los partidos políticos Liberal y Conservador, sino que obstaculizó la participación de otras expresiones del espectro político promoviendo nuevas violencias y restringiendo la democracia hecho que a la postre y termino convirtiéndose en motor de más exclusión social, concentración de riquezas y oportunidades.
Una reforma política integral es urgente y necesaria para legitimar la democracia con los contrapesos de gobierno y oposición, promover la participación ciudadana en los diferentes aspectos de la vida política, pero siempre será imposible su trámite si el Congreso de la República se sigue comportando más como un gremio de empresarios privados y no como el ágora de la democracia que debe ser. La indiferencia como se comportaron durante el estallido social iniciado el pasado 28 de abril que mantuvo en las calles del país a los jóvenes demandando durante tres meses reformas que le devolvieran la esperanza y enfrentando con una valentía sin precedentes en la historia de la protesta social los excesos de las fuerzas legales del Estado y los ataques paramilitares, da cuenta de qué tan lejos se encuentran de ser la institución donde se deposita la representación popular.
Para Gaviria, el sabio, cuando un candidato invierte mucho dinero en su campaña, no es un candidato, sino un empresario y como empresario solo pensará en sacar lucro, provecho y en lo que menos pensará será en la gente. Los partidos políticos ahora se parecen más a fábricas de avales, y las elecciones inversiones empresariales para hacerse a la contratación pública y al control del Estado.
El desprestigio de los partidos políticos es de tal proporción, que su desaprobación ante la opinión nacional se encuentra en el mismo nivel al de las guerrillas y del Congreso de la República.
El punto dos del Acuerdo para la Terminación del Conflicto, suscrito con la FARC, contempla el compromiso político para una apertura democrática que permita en el debate la participación de las diferentes visiones de país para que la paz sea el resultado de una construcción colectiva de la sociedad. Sin embargo, y a pesar que el acuerdo va a cumplir 5 años desde su firma, no ha sido posible tramitar una reforma política.
