Por: Miguel Raad Hernández. (Enero 29 de 2015) El año 2015 es un año retador para todos los colombianos. Oteando el horizonte él se avizora lleno de luces y sombras, de expectativas y amenazas. De cómo nos comportemos como pueblo en el 2015 dependerá en mucho nuestro futuro como Nación.
Digo, como muchos en el País, que este año hay una gran posibilidad de firmar el acuerdo de Paz con las FARC y parar una guerra irregular de medio siglo. Esa es la luz más brillante en la perspectiva nacional. La otra cara de la moneda es la caída en los precios del petróleo y el déficit presupuestal de entre 8 y 20 billones de pesos, que llevan indefectiblemente a un recorte del gasto público. Estos son los nubarrones más amenazantes.
Hasta aquí no he dicho nada que un colombiano medianamente informado no sepa. Donde el tema se vuelve un reto a la creatividad del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Locales y Regionales es cuando nos veamos a gatas para asumir los costos económicos de La Paz, tales como los necesarios para la reinserción social de los guerrilleros, la reparación de las víctimas, la ejecución de las reformas institucionales que sean necesarias, las inversiones para disminuir la pobreza, las que deberán prever los coletazos que amenacen la seguridad ciudadana y un largo y prolijo etcétera de políticas, programas y proyectos necesarios para consolidar La Paz. Adicionalmente, el déficit presupuestal traerá las consecuentes repercusiones en el gasto social y, por ahí derecho, en el estancamiento o aumento de los índices de pobreza y miseria.
Colombia había logrado disminuir en un 2.2% los índices de pobreza, al pasar del 32.9 a 30.7 de la población. Es decir, hoy Colombia tiene aproximadamente 15 millones de personas bajo el nivel de pobreza. De esos, aproximadamente 6 millones son pobres extremos o en estado de miseria o indigencia. Son cifras muy altas. Aún estamos por encima del promedio de Latinoamérica que se ubica en el 28% aproximadamente. Así, pues, los nubarrones en el horizonte no son meras preocupaciones, son un verdadero dolor de cabeza que puede echar por la borda todo lo que hemos construido y avanzado hasta ahora.
QUÉ HACER ENTONCES? En estas encrucijadas los gobiernos ensayan lo que los economistas llaman «políticas anticíclicas». Se trata de concentrar los recursos disponibles donde sean más eficaces y generen más ingresos y oportunidades para el pueblo. En Colombia tenemos experiencia en el tema y el Gobierno Santos ya ha anunciado que el impulso a los sectores de la construcción (fundamentalmente infraestructura básica y vivienda) y agropecuario (agricultura, ganadería y pesca), así como la devaluación del peso frente al dólar, crearán el empleo que se perderá en el sector minero – energético, aumentará los ingresos de los sectores exportadores y compensará la baja en los subsidios a los más pobres. Adicionalmente, vendrán otras reformas tributarias para aumentar los ingresos del sector público vía impuestos y otros gravámenes. Nada fácil, porque pasó la favorable coyuntura económica de los últimos años en Latinoamérica y si estas políticas no son exitosas, hasta el proceso de Paz peligraría. Hay que recordar que La Paz no es solo el cese del fuego, o el desarme físico y la desmovilización. Eso es sólo el cese del conflicto armado. La verdadera Paz es la continuidad del activismo por la equidad y la inclusión a través de la política y la economía.
Es en este escenario donde aparece y se hace importante el llamado tercer sector de la economía, que es esencialmente el sector compuesto por la entidades sin ánimo de lucro, también llamadas Organizaciones no Gubernamentales, de Economía Social o de Sociedad Civil.
Una Entidad sin ánimo de lucro es una organización que no redistribuye sus beneficio entre sus propietarios, accionistas o asociados, sino que los re invierte en la entidad para destinarlos a continuar cumpliendo y ampliando sus objetivos fundacionales. Estas entidades son de fines altruistas, desinteresados en lo económico y enfocadas en la atención a los sectores sociales más vulnerables y en su promoción humana. Una ONG debe estar organizada institucionalmente de acuerdo con las leyes del país y con un marcado grado de participación y trabajo voluntario, esto es, no remunerado.
Sus fines, como se ve, son parecidos a los del Estado y sus actividades reportan un importante aporte al PIB nacional de entre uno y dos puntos porcentuales.
En situaciones como las que viviremos en este año, haría muy bien el Gobierno, en sus distintos niveles, en apalancarse para el gasto social mediante alianzas con las ONG’S serias, institucionalizadas y reconocidas nacional e internacionalmente por su trayectoria de servicio, idoneidad social, cumplimiento de la Ley y rigurosos códigos de ética.
La celebración de convenios con estas instituciones, autorizados por la Constitución y la Ley, multiplicaría los recursos disponibles para salud, vivienda, mitigación y preservación ambiental, lucha contra el hambre, desarrollo de competencias ciudadanas, atención a población vulnerable y tantos y tantos otros frentes de la política social.
El aporte en trabajo voluntario, más otras contrapartidas en dinero o en especie que podrían realizar, la eliminación de la corrupción combatida por las ONG’S serias y reconocidas, sería una muy importante ayuda ante las dificultades económicas del Estado y los retos del proceso de Paz y de las políticas de equidad.