La Procuraduría es una entidad enigmática: mientras se le pide a gritos resultados por el alud de denuncias contra William Dau por sus notorios despropósitos administrativos, se enfrasca en «empapelar» al exgerente de Corvivienda por exigir que en el contrato de vigilancia el personal tenga «tiempo de experiencia y capacitación en relaciones públicas».
La PGN cuestiona que William García Tirado (2016 – 2018) hubiese fijado «requisitos desproporcionados para la contratación del servicio de vigilancia privada para los proyectos y la sede administrativa de la entidad».
en un comunicado, el ente4 de control expresa que: «Aparentemente, habría fijado puntajes adicionales de acuerdo con el nivel de preparación de los vigilantes, así como tiempo de experiencia y capacitación en relaciones públicas, condiciones incluidas sin un criterio técnico que habrían limitado la participación de oferentes interesados en brindar ese servicio».
Para el Ministerio Público, García Tirado “presuntamente participó con su accionar en la inclusión de condiciones restrictivas a la libre competencia, violando con ello principios de la contratación pública”.
LA PGN también le «caminó» al exsecretario de Infraestructura, Wilson Herrera Díaz (2016) porque habría fijado requisitos desmedidos para la construcción de un muro de contención y la pavimentación de una vía de Cartagena, obra que contaba con un presupuesto de $225 millones.
Al parecer, exigió que los oferentes interesados tuvieran experiencia en construcciones de características similares, así como la vinculación de personal con conocimientos específicos, condiciones que para el órgano de control fueron incluidas en el pliego de condiciones sin justificación alguna.
Por esos hechos, el órgano de control señaló que los entonces funcionarios habrían vulnerado los principios a la igualdad y libre concurrencia de la contratación pública, y calificó su aparente conducta como una falta gravísima cometida a título de culpa grave.