Por Ambrosio Fernández (Especial para Revista Zetta).- Cartagena de Indias, 12 de octubre de 2022.- Aquí vamos de nuevo, otra vez montados en la carrera electoral, la cual parece iniciar cada vez con mayor antelación. No hemos terminado de recuperarnos de la difícil y desgastante contienda por el Congreso y la Presidencia de la República que acaba de pasar, cuando ya en medios de comunicación, en redes sociales y en las conversaciones cotidianas se habla de precandidaturas, de equipos y de apoyos para las gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos. Las elecciones serán dentro de un año, pero ya hay muchos en plena carrera y así estarán, sin descansar, hasta el 29 de octubre de 2023.
A grandes rasgos, esas dinámicas no tienen nada de malo, así es el ejercicio de la democracia y para llegar a un cargo de elección popular hay que alistar estrategia, equipos, buscar alianzas y trabajar duro. Sin embargo, en el caso de los periodos de los alcaldes y gobernadores, ese afán por pensar en la siguiente elección, podría debilitar la gestión de lo público. Según la ley, quienes quieran ser candidatos en 2023 y se desempeñen como funcionarios públicos, deben renunciar un año antes de celebrarse las elecciones, de lo contrario quedarán inhabilitados. Es por esto que durante los meses previos e incluso durante los días que le restan a octubre, se presentan tantas renuncias en las instituciones.
Renuncias que sin lugar a dudas afectan los gabinetes municipales o departamentales y pueden afectar procesos de mediano y largo plazo, que a veces son tan difíciles de construir en lo público. Una alcaldía o gobernación es como una empresa y todos sabemos que una de las problemáticas que más afecta la productividad y los buenos resultados en una organización es la rotación de personal. Las curvas de aprendizaje de los nuevos empleados son muy costosas a nivel empresarial. La situación empeora porque a las renuncias de los que serán candidatos en 2023, se suman las de otros funcionarios que se van a engrosar los equipos de campaña. Además, muchos de los que se quedan, entran en ese modo campaña, moviéndose bajo mesa para intentar beneficiar a su gente.
Así las cosas, las alcaldías o gobernaciones terminan siendo periodos de algo más de tres años, a lo que también habría que descontar el tiempo que se demoran acomodándose en los despachos. Para la muestra un botón, más de un mes después de posesionado, a Petro le faltaban importantes nombramientos de su gobierno. No es que un funcionario público no pueda pensar en presentar su nombre en las elecciones, pero al momento de asumir un cargo, debería tener claro que es para cuatro años y no solo un trampolín para la siguiente contienda electoral. Con este panorama y el llamado complejo de “adanismo” que sufren muchos gobernantes, seguiremos teniendo gobiernos de corta visión, de corto aliento.