Por Álvaro Royo Bárcenas (Especial para Revista Zetta).- (Xiamen – China).- 4 de diciembre de 2022.- Hay veces que le salta a uno la idea de porque acciones que son el motor de muchas de las actividades que mueven la economía en una sociedad son consideradas ilegales y penadas con cárcel en el servicio público. Cobran los bancos comisiones, los vendedores de vehículos, de casas, los importadores, los exportadores, todo tiene un valor de compra y otro de venta todo servicio tiene un valor, pero con los servidores públicos pensamos que ese chip debe ser cambiado totalmente, y hasta el nombre cambia, en la empresa privada se llama comisión, y en la administración pública se llama soborno.
Ya me dirán algunos que el servidor público ya está pago con su salario y que al servidor público no debe moverlo si no única y exclusivamente eso, el servicio público, ¿pregunto si no estaremos pecando de ingenuos en esto tratando de crear líneas entre una actividad y otra que al final juegan en contra del mismo funcionamiento de un estado? ¿Qué dinámica tomarían las entidades públicas si adicionalmente a sus salarios y su altruismo como servidor lo moviera una comisión de éxito que no se moviera ni se trance entre las sombras como actualmente está ocurriendo sino determinadas claramente en la Constitución, habiendo previamente garantizado los principios de igualdad, libre competencia y transparencias en los proceso?
Porque lo que se está haciendo actualmente y desde siempre en muchos de los países del mundo es direccionar los procesos para beneficiar a empresas afines con pliegos tipo sastre y con comisiones pactadas de antemano y por debajo de la mesa, esto lo vemos diariamente incluso en países que consideramos modelo como Canadá, donde se han destapado escándalos dentro del mismo círculo del mismo primer ministro Justin Trudoeau, o España, o Italia, Alemania por solo mencionar unos pocos del primer mundo, ya en América Latina ni hablar, porque esos sobornos que se pagan en la oscuridad tienen presos a muchos expresidentes y funcionarios, y aunque muchos de los políticos activos siempre se refieren a este tipo de prácticas con asco y desprecio, todos, absolutamente todos sabemos que pocos se salvan de practicarla en su día a día.
Y el problema podría estar precisamente allí, en que como no existen unas reglas claras con respecto a esto y muy en el fondo todos dan por sentado que cualquier actividad económica se mueve de esta manera yo veo muy complicado establecer la línea entre lo público y lo privado y porque si al final se complementan el uno tiene unos principios diferentes que una persona lo puede diferenciar de palabra discurso y verso, pero no internamente y en sus acciones finales. Y veo complicado de cambiarlo por lo que muestran el comportamiento que nos enseña la historia, esta está llena siempre de lo mismo y pareciera que meter a un funcionario preso por aquí y otro por allá e incluso con la pena de muerte como existe acá en China por delitos de corrupción, ni aun así logran frenar este fenómeno mundial.
Y no estoy hablando de legalizar la corrupción y mucho menos de regularla, no, lo que quiero decir es dotar al estado de las herramientas que lo acerquen a estándares y sistemas de gestión de los de la empresa privada que no solo garanticen la eficiencia de los procesos sino el plus adicional representado en dinero a su cuenta bancaria a los funcionarios que aseguren precisamente eso, transparencia en la adjudicación, ejecución de las obras, sus labores y servicios en los tiempos establecidos dentro de los contratos.
Me quedan dudas si esto pudiera ser posible ya puesto en la práctica, y como podría mutar esto a la creación de otro tipo de variantes de los problemas, pero hay métodos bastante sencillos para saber, por ejemplo, si una licitación pública es transparente y es en la misma estructuración del pliego y en el número de oferentes que se presentan, todos sabemos que una obra pública con pocos aspirantes es una licitación altamente sospechosa y que una con muchos, 80, 100, 200, es un proceso que goza de credibilidad porque brinda garantías que puede ser ganado por el mejor, no por los que el servidor público ha pactado tramposamente de antemano.
Los expertos en Colombia hablan de cifras escandalosas que se pierden anualmente por corrupción en el país ¿60 billones? ¿80? Vaya uno a saber, pero es muchísimo dinero que se mueve a paraísos fiscales y que si se estructuraran los procesos dejando claro los números de comisiones de éxitos a los cuales accedería un funcionario, como en la empresa privada, quizás sería el orden del 5 o el 10% de esa cifra.
Dar un golpe sobre la mesa elevando las penas por los delitos de corrupción y además quitándoles su prescripción, como existe acá en China, pero al mismo tiempo entregando una zanahoria a la administración pública que rompa de una vez por todas y para siempre con este tabú que se está convirtiendo en crónico y eterno donde se pueda hablar de este tema abiertamente y sin vergüenzas, como se realiza en todas las otras actividades económicas de intercambio de bienes y servicios desde adentro y hacia afuera en todos los países.
Como siempre allí está mi email al pie de página para los que quieran escribirme sus opiniones acerca del tema y con mucho gusto les responderé
¡Un abrazo!
Álvaro Royo Bárcenas
Xiamen-China
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