Bien conocido es el desprecio del alcalde Dau por el talento local, y la seducción que le suscita todo lo foráneo. Encuentros con agentes de casas recaudadoras prepararían el terreno para el zarpazo final. Entre tanto, la Fiscalía investiga denuncia de miembro de Junta Directiva por los entretelones de la pretendida terminación anticipada del contrato de recaudo.
Informe Especial Revista Zetta.- 7 de marzo de 2023.- El uso de tarjetas recargables en Transcaribe era de las pocas cosas que venían funcionando en un sistema con graves problemas financieros y de operación, acrecentados por el manejo antitécnico y politiquero de un alcalde con evidentes intereses en “contravía”.
Los diálogos reservados con casas proveedoras de recaudo y la animadversión personalizada contra el operador Colcard, son indicios claros que hay una “movida chueca”en curso, en donde el desprestigiado alcalde bien parece querer dejar un “lote de engorde” que perdure por años, cuando deje de ser alcalde.
Asombra que Dau quiera ahora culpar de todos los males de Transcaribe al operador de recaudo, cuando se tiene por cierto que el origen del desbarajuste está en un modelo mal diseñado, con “arandelas” como Transcaribe Operador, y la desfinanciación de la chatarrización, entre otras razones.
Tal es el desbarajuste que Dau no ha atinado en la designación de gerente en propiedad. Primero nombró a la politóloga María Claudia Peñas, y tras su breve paso, no ha nombrado en propiedad, quedando el sistema en manos de un gerente suplente, Mauricio Hernández, y un asesor traído de Cali, Álvaro Rengifo, y funcionarios de segundo rango abyectos a los caprichos del alcalde Dau.
Esa “contravía” o “movida chueca” hace que todo lo que diga William Dau en esta materia “huela a feo” y la trazabilidad de los documentos públicos relacionados con el pasado reciente de Transcaribe confirman las peores sospechas.
Contradicciones de ayer y de hoy
El pasado 28 de febrero, cuando Transcaribe anunció en rueda de prensa que se iba a quedar sin el recaudo de Colcard, se insistió en que Dataprom era un aliado de Colcard, pero que el vínculo contractual estaba con el consorcio y no con su proveedor.
Tal línea argumental se contradice con el mismo accionar de William Dau, quien directamente negoció en 2021 con Dataprom, y se fijó un cuadro de compromisos.
El 1 de abril de 2021 es el mismo William Dau quien se dirige a Jacqueline Felisbino, representante de Dataprom en Brasil, y le dice: “Esperamos que se restablezca de forma inmediata el servicio de la provisión del software de recaudo y gestión del sistema integrado de transporte masivo de Cartagena, y de esta manera iniciar en la próxima semana la agenda de mesas de trabajo para poder establecer el acuerdo que viene indicado”.
Como efecto de lo acordado, se reinstaló el sistema, todo volvió a la normalidad, pero Dau incumplió lo plasmado.
Terminar el contrato de mutuo acuerdo
Tal parece que la estrategia de incumplimiento de Dau era la de “marear” al operador y propiciar la terminación por común acuerdo del vinculo.
Colcard le contestó el 2 de mayo de 2022 a Transcaribe que era viable y que “esta alternativa atendería los aspectos financieros, operacionales y contractuales”. Esto quiere decir, traducido al cristiano, que cuando estén a salvo los legítimos intereses de Colcard, entonces adelante con la terminación.
Se enrarece la liquidación
Cuando se esperaba que Transcaribe anduviera en pasos claros, el 19 de octubre de 2022 se radicó ante la Fiscalía General de la Nación un documento que confirmó lo enrarecido del ambiente en esa entidad.
Wilson Herrera, representante del presidente de la República en la Junta Directiva de Transcaribe, entabló una denuncia por los presuntos punibles de “falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y prevaricato por acción, con posible incidencia fiscal y demás delitos si los hay”.
Los denunciados eran, nada más y nada menos que William Dau Chamat, Diana Martínez Berrocal, Camilo Blanco, Patricia Hurtado y Nelson Martelo, todos también miembros de la Junta Directiva. Es decir, un miembro denunciando a todo el resto de la Junta.
En la detallada y documentada denuncia se pone de presente la aparente anomalía para precipitar decisiones. Por ejemplo, el aprovechar que el titular Johny Ordosgoitia no asistió a la continuación virtual de una reunión, para reemplazarlo con el suplente Nelson Martelo, quien es contratista por OPS del Distrito. Decisiones como la autorización para la liquidación del contrato con Colcard estaban en el orden del día.
Dada la gravedad de los señalamientos, Colcard se hizo parte en el proceso, que avanza en la Fiscalía.
Ver artículo de Revista Metro: https://revistametro.co/2023/01/25/cuales-son-las-supuestas-irregularidades-denunciadas-por-un-miembro-de-la-junta-de-transcaribe/
El acuerdo de terminación
Poco antes de conocerse la denuncia penal de Wilson Herrera, el alcalde Dau había suscrito un convenio de desempeño con Transcaribe. El 9 de septiembre de 2022 se firmó ese acuerdo, que tenía su Certificado de Disponibilidad Presupuestal y fue publicado en Secop, por valor de $4.700 millones.
No solo era para terminar el vínculo con Colcard, sino para asumir la operación temporal del sistema de recaudo.
El numeral 34 de ese extenso convenio indicaba que “atendiendo la situación financiera de Transcaribe, esta no puede sufragar los gastos que requiere la terminación bilateral con el concesionario Colcard de recaudo y gestión de flotas, requiriendo el apoyo del Distrito de Cartagena como entidad pública que entre a dar las garantías para la prestación del servicio esencial de transporte”.
Lo que vino a continuación hace parte del entramado de inconsistencias por parte de la Administración Dau y sus funcionarios en Transcaribe.
Por una parte, a Colcard se le hace llegar un “acuerdo de terminación bilateral y anticipada” del contrato, pero con el enorme lunar de no tener aprobación expresa de la junta directiva para el gerente suplente.
Y lo más determinante, que tanto el Distrito como Transcaribe mantuvieron el constante incumplimiento, lo que motivó sucesivas advertencias de suspensión del servicio por parte de Dataprom y Colcard, las cuales finalmente llegaron a una fecha límite: 28 de febrero.
A diferencia de las acomodaticias versiones de Dau, no es cierto que sea el contrato con Colcard lo que tiene asfixiado a Transcaribe, como tampoco que cobrar lo justo sea chantaje. Son los métodos difamatorios, rastreros por demás, que viene usando Dau para este y otros frentes de su convulsionada gestión.
Entre tanto, quedan en el tintero las respuestas a estos intrrogantes:
¿Hacerle el “feo” a Colcard, que tiene un contrato vigente hasta 2030, será para acomodar otra ficha foránea de las muchas que ha traído Dau a Cartagena?
¿Qué tienen que ver Alvaro Rengifo, exgerente de MIO Cali, actual asesor de Dau, y “Recaudo Cali”?
¿Qué relación hay entre Ruby Rengifo (Sotramac), Álvaro Rongifo, y Supergiros?