Las comunidades rurales de la zona norte de Cartagena tuvieron oportunidad de expresar sus múltiples inquietudes y problemas ante las principales autoridades del Distrito durante la audiencia pública realizada esta mañana por el Concejo de Cartagena de Indias, en el corregimiento de Arroyo Grande.
A más de 20 kilómetros de distancia del centro histórico, se desplazó el equipo técnico y humano de la corporación, encabezados por los concejales para desarrollar las proposiciones 063 presentadas por las bancadas Liberal y Conservadora.
En primera instancia fueron escuchados alrededor de 15 habitantes de diferentes corregimientos y veredas de la zona como Tierra Baja, Punta Canoa, Arroyo de Piedra y Arroyo Grande, evidenciando su inconformismo por la falta de políticas y acciones del Distrito para un verdadero desarrollo sostenible de esta comunidad, que han crecido mucho en población en los últimos años, pero siguen distantes de lo que serían las condiciones óptimas de servicios públicos, educación, movilidad, salud y deportes.
La mayoría de las inquietudes presentadas por la comunidad fueron en temas específicos como las rutas de transporte, salud, educación, vivienda y servicios públicos. Aunque algunos voceros resaltaron programas implementados por IDER y UMATA, otros fueron críticos y propositivos.
La administración acudió al llamado del cabildo a través de sus secretarios y directores de institutos descentralizados. Martha Rodríguez, directora del DADIS, dijo que está garantizada la construcción y dotación de los puestos de salud ubicados en la zona norte, a excepción de Tierrabaja. Jorge González, director del DATT, anunció que en los próximos días, se producirán resultados en lo concerniente al servicio de transporte.
Por su parte César Pión, Concejal de la U, hizo un balance de la jornada y se mostró prudente con los alcances del ejercicio democrático. “Este gobierno distrital sigue en deuda con las zonas rurales. Hay preocupaciones cuando asisto a audiencias públicas, porque lo primero que deben hacer los funcionarios, es mirar qué se ha ejecutado en esos sectores respecto al plan de desarrollo. Me fui con la satisfacción de escuchar el desahogo de la gente, pero inconforme porque falta mucha gestión y apoyo para estas comunidades”, declaró.
Al final se designó una comisión redactora, para elaborar un documento que recoja todos los compromisos realizados por los funcionarios intervinientes, y en el mismo sentido, solicite mecanismos y fuentes de financiación para ejecutar dichas obligaciones.
