Análisis de John Zamora. La diferencia entre querer y poder estará a prueba en el caso de Edurbe: La Junta Directiva quiere liquidarla pero de momento no se va a poder.
Y no se va a poder tan rápido como se anunció este jueves al término de una reunión de Junta Directiva cumplida en el Despacho del Alcalde Dionisio Vélez porque dicha empresa tiene una naturaleza privada que exige unas condiciones legales y estatutarias para admitir su liquidación, y tal parece que no se dan del todo.
La empresa fue foco de escándalos hasta hace dos años por cuenta de las obras inconclusas, y hoy sufre como consecuencia una iliquidez, pero su patrimonio sigue siendo muy superior al pasivo. En otras palabras, la iliquidez no figura como causal de liquidación y, por el contrario, es un motivo para avanzar en fórmulas de salvación.
La Alcaldía de Cartagena es el mayor accionista de Edurbe con el 84% (Gobernación y 31 municipios tienen el 16%), pero a la vez ha sido el mayor contratista en toda su historia. Bajo la Administración de Judith Pinedo se contrataron cerca de $120 mil millones. Con Dionisio Vélez apenas se han contratado poco más de $500 millones.
El Ejecutivo anunció que acudirá al Concejo para solicitar facultades y modificar la estructura del Distrito para eliminar esta empresa de régimen privado. La Corporación tendrá, a su vez, la facultad de estudiar si existen fundamentos jurídicos para proceder con dicha autorización.
No obstante, se debe atender lo que diga la ley y los estatutos y en estos no se contempla su disolución en las actuales circunstancias patrimoniales de la entidad.
El artículo 512 de los estatutos de Edurbe expresa: “Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio de la sociedad por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito, la sociedad no se disolverá ipso facto, pues la asamblea de accionistas deberá tomar y ordenar las medidas conducentes al restablecimiento del patrimonio neto por encima del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha del balance en que aparezcan consumadas las perdidas. Si tales medidas no se adoptan dentro del plazo indicado, la asamblea de accionistas deberá declarar disuelta la sociedad para que proceda a su liquidación.”
De lograrse la autorización del Concejo, el siguiente paso estará en la Asamblea de Accionistas, donde el alcalde tiene la mayoría con el 84%, así que poco peso tendrá la posición de la parte minoritaria, que es la Gobernación y 31 municipios con el 16%.
Según un comunicado de la Alcaldía, “mientras le logra la liquidación, Edurbe seguirá funcionando, pero con una característica comercial diferente, al tiempo que se buscarán alternativas para crear una nueva empresa, con una proyección diferente y que lidere muchos procesos en la ciudad de Cartagena”.
Ni la disolución ni la liquidación serán tan expeditas como se desprende del comunicado oficial. Habrá que estar atentos a cada uno de los pasos que se deben dar y el camino parece cuesta arriba. Liquidar a Edurbe no es mango bajito.