Consejo de Estado reafirma la facultad de la Procuraduría para sancionar a funcionarios de elección popular

Bogotá, 3 de diciembre de 2024.- El Consejo de Estado confirmó que la Procuraduría General de la Nación sí tiene potestad para sancionar a funcionarios de elección popular, como alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y congresistas

La Sala Plena del Consejo de Estado puso un punto de quiebre en la discusión sobre los poderes que tiene o no la Procuraduría para sancionar a este tipo de funcionarios. Con ponencia del vicepresidente de la Corporación, el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, la alta corte determinó que el Ministerio Público sí podrá aplicar este tipo de sanciones. Pero, aclaró que el problema de fondo quedará en manos del Congreso y que las decisiones estarán sujetas a revisión obligatoria y automática en los casos de destituciones e inhabilidades.

El presidente del Consejo de Estado, el magistrado Milton Cháves, explicó que esta decisión se basó en lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia C-030 de 2023, en la que se exhortó al Congreso de la República para que “adopte un estatuto de los servidores públicos de elección popular, incluido un régimen disciplinario especial, que materialice los más altos estándares nacionales e internacionales en materia de protección y garantía de los derechos políticos y electorales”. El presidente de la alta corte también dijo que La Sala Plena, que tiene por ahora 24 consejeros en la mesa, votó este martes, dando como resultado cuatro salvamentos de voto y 16 votos a favor de la ponencia del Álvarez Parra.

La procuradora Mqrgarita Cabello se pronunció así: «Como Procuradora General de la Nación, celebro la unificación de la jurisprudencia por parte del Consejo de Estado, que reafirma nuestra facultad de sancionar a los funcionarios de elección popular. Este respaldo fortalece el control disciplinario y la lucha contra la corrupción en el país».

Y puntualizó: «La revisión de las medidas de destitución e inhabilidad por parte del Consejo de Estado es garantía del debido proceso y el equilibrio institucional. Seguiremos trabajando con rigor y transparencia en defensa del interés público y la legalidad».