Por Antonio Correa Jiménez (Especial para Revista Zetta).- Cartagena de Indias, 18 de marzo de 2025.- Las fotomultas en Colombia han sido presentadas como una medida para reducir la siniestralidad vial y mejorar el cumplimiento de las normas de tránsito. Sin embargo, su implementación ha estado marcada por abusos, falta de transparencia y violaciones al debido proceso.
Uno de los principales problemas de estas es su carácter mercantilista. En lugar de ser un sistema de regulación para mejorar la seguridad vial, se ha convertido en una fuente de ingresos para empresas privadas que instalan y operan las cámaras. La remuneración de estos operadores se basa en un porcentaje de las multas impuestas, lo que genera un incentivo perverso para incrementar el número de infracciones registradas, sin considerar si las sanciones son justas o si realmente contribuyen a reducir la accidentalidad. Según la Ley 1843 de 2017, la remuneración a la inversión privada no debe superar el 10% del recaudo total, mientras que el 90% restante debe destinarse a educación y seguridad vial, que hoy se le viene haciendo conejo a través de la figura de alianza publico privadas, y con la no publicación tanto de lo recibido por esta actividad, como cuales son las actividades implementadas, lo que vemos es un montón de capacitaciones, con firmas ilegibles que legalizan un vulgar atraco.
El sistema de fotomultas en Colombia ha estado marcado por la falta de garantías procesales. Muchas sanciones se imponen sin que se identifique al conductor infractor, cargando automáticamente la responsabilidad sobre el propietario del vehículo. La Sentencia C-038 de 2020, por ejemplo, estableció que es necesario implementar mecanismos que permitan individualizar al conductor responsable, respetando el principio de responsabilidad personal. Además, la notificación de las infracciones ha sido deficiente, con plazos que no siempre se cumplen y sin garantizar el derecho a la defensa de los ciudadanos. El Ministerio de Transporte ha expedido oficios en lugar de actos administrativos para la imposición de multas, impidiendo que los afectados interpongan recursos de apelación. Esto representa una clara vulneración al derecho al debido proceso y al acceso a la justicia.
Otro problema estructural del sistema de fotomultas es la ausencia de transparencia en su operación. No existe una regulación clara sobre la instalación de cámaras ni un control efectivo sobre su funcionamiento. En muchas carreteras del país, los dispositivos de foto detección no están debidamente señalizados, lo que genera sorpresa y desconfianza en los conductores. Además, no hay un mecanismo que permita a los ciudadanos conocer con claridad en qué se invierten los recursos recaudados a través de las fotomultas. Un modelo justo y democrático debería garantizar que estos fondos se utilicen para mejorar la infraestructura vial, fortalecer la seguridad en las carreteras y promover campañas de educación vial. Sin embargo, en la práctica, una parte significativa de los ingresos se destina a pagar a los operadores privados, perpetuando un esquema de negocio en detrimento del bienestar colectivo.
La necesidad de una reforma estructural es imperiosa. La tecnología biométrica y la verificación documental deben ser implementadas para evitar que se sancione indiscriminadamente a los propietarios de los vehículos. Asimismo, es fundamental establecer criterios técnicos claros para la instalación de cámaras de fotomultas, priorizando zonas de alta siniestralidad y garantizando su correcta señalización. No se puede permitir que estos dispositivos sean utilizados únicamente con fines recaudatorios.
Para garantizar un sistema de fotomultas justo y eficiente, es necesario reglamentar varios aspectos claves: Identificación del conductor infractor, ubicación y señalización de cámaras: auditoría y control ciudadano, transparencia en el uso de recursos, calibración y certificación de dispositivos, regulación del uso de inteligencia artificial, límites en la distancia entre fotomultas, reducción de la remuneración privada, mejoras en el proceso de notificación.
En conclusión, en el 2017 dimos un paso importante pero solo represento el inicio a la verdadera solución, que está en la imperiosa necesidad legislativa de regular un negocio que afecta el bolsillo de los colombianos, esté sistema de fotomultas debe ser revisado y reformado para garantizar una aplicación justa, transparente y orientada al bienestar ciudadano. La política de seguridad vial no puede ser utilizada como un negocio privado, auspiciado por alcaldes, gobernadores, que presentan el proyecto a la ANSV y a sus concejos y Asambleas, pidiendo facultades para colocarles la “garrocha” a sus coterráneos a través de un supuesto de salvar vidas en las carreteras.
Ñapa: 10 foto cámaras listas para “garrochar” en el Departamento de Córdoba, vamos bien.