Tomado de la Revista laotracara.co
Por estos días la Fiscalía General de la Nación está muy activa imputando cargos contra algunas personas que se han prestado para rendir testimonios falsos o versiones rebuscadas ante la justicia con el fin de hundir a un determinado personaje de la vida pública.
Julián Quintana, director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, convocó a los medios de comunicación del país para anunciar que se van a realizar una serie de audiencias de imputación de cargos dentro del escándalo del “Cartel de los Falsos Testigos“, en varios procesos de connotación nacional.
“Son desmovilizados de las Autodefensas y se ha detectado la intención de afectar a personajes públicos para sacarlos de la escena política”, explicó Quintana.
Se realizarán una 20 diligencias contra ex integrantes de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Entre los casos destacados están el del ex gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, cuyo expediente por supuestos nexos con paramilitares está en etapa de juicio en la Corte Suprema de Justicia. En este proceso, la Fiscalía le imputará cargos al ex paramilitar Carlos Enrique Areiza Arango, prófugo desde el 2011.
También está la dramática investigación sobre los abusos sexuales contra la periodista Jinet Bedoya, donde la Fiscalía les imputará cargos a falsos testigos vinculados al proceso por el secuestro, violación y tortura de esta comunicadora, los cuales fueron cometidos en mayo del año 2000, cuando Bedoya realizaba una investigación sobre tráfico de armas en la cárcel La Modelo de Bogotá.
En esta investigación responderá por falso testimonio el ex paramilitar Alejandro Cárdenas Cardozo, alias ‘JJ’, quien podría recibir más de 8 años de prisión. ‘JJ’ admitió los delitos de secuestro y tortura, pero no se declaró culpable del de violación. En su declaración señaló que el secuestro había sido ordenado por el bloque paramilitar Centauros que manejaba en ese entonces el desaparecido capo Miguel Arroyabe.
Por la violación de Bedoya, la Fiscalía llamó a juicio al ex jefe paramilitar de Barrancabermeja, Mario Jaimes Mejía, alias el ‘Panadero’, por su participación en el hecho criminal. El caso de Bedoya fue declarado crimen de lesa humanidad y está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las imputaciones además es contra testigos en el caso de la ex senadora Nancy Patricia Gutiérrez, absuelta por parapolítica en julio de 2014, luego de estar varios meses investigada en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y puesta en la picota pública por sus supuestos nexos con la delincuencia. En el caso de Gutiérrez, la Fiscalía procesará al ex paramilitar Luis Alberto Medina Salazar, alias ‘Cristo Malo’.
El alto tribunal indagaba a Gutiérrez por sus inexistentes vínculos con los jefes paramilitares “El Águila” y “El Pájaro”, quienes manejaban a las Autodefensas del Magdalena Medio, en Cundinamarca.
Recordemos además el tema del desmovilizado paramilitar Armando Lugo, alias ‘El Cabezón’, señalado de falso testimonio contra el senador liberal Luis Fernando Velasco, uno de los más destacados del Congreso.
También está el caso del ex paramilitar José del Carmen Gélvez Albarracín, alias “El Canoso”, quien sostuvo en una versión libre de 2011 que Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, hijos del ex presidente y hoy senador líder del movimiento Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, tuvieron vínculos con alias “Nacho”, del frente Resistencia Tayrona de las Autodefensas, que operaba en la Costa Caribe.
“El Canoso” además resultó ser testigo de la Fiscalía en el caso de la detenida ex senadora del Partido de la U, Piedad Zuccardi, pues terminó allí porque fue un informante clave en el proceso contra el condenado ex senador de Cambio Radical Javier Cárceres, del cual se derivó el expediente contra Zuccardi. Sin embargo, en ese proceso el ex paramilitar no inculpó a la dirigente sucreña, según sus versiones ante la justicia.
Pero la controversia en este anuncio de la Fiscalía, de atacar el “Cartel de Falsos Testigos”, la puso el ex diputado del Valle del Cauca, Sigifredo López, a quien la Corte Suprema declaró inocente de presuntos nexos con el grupo de las Farc que lo secuestró al él y a otros 11 integrantes de la duma departamental, pero que asesinó a todos sus compañeros de cautiverio. El político vallecaucano fue víctima de tres falsos testigos, que están detenidos.
En ese proceso penal contra Sigifredo, en el cual la Fiscalía tuvo que rectificar públicamente por acusarlo falsamente ante la opinión de haber colaborado con la guerrilla en el secuestro de los diputados, fue condenado a cuatro años y medio de prisión Julio César Salazar González, un testigo falaz.
López fue enfático en señalar que la Unidad de Falsos Testigos tiene cerca de 3.000 casos, pero que “no basta con imputar cargos a los falsos testigos, sino también judicializar a los fiscales e investigadores” que acuden a esta práctica. “La Fiscalía tiene que hacer una purga”, insistió el ex diputado.
La inquietud de López es válida porque en Colombia todavía no se han responsabilizado a los ideólogos de los falsos testigos. ¿Quién está detrás de estos informantes mentirosos?
Recordemos los testigos falsos en el sonado caso por la muerte del joven universitario Luis Andrés Colmenares, fallecido en extrañas circunstancias en el Parque El Virrey de Bogotá luego de una noche de rumba el 31 de octubre de 2010, donde el fiscal Antonio Luis González, que llevaba el proceso, tiene ahora en contra varias acusaciones por introducir informantes que engañosos al expediente, lo cual fue reconocido por la propia jefe del caso en ese momento, la llamada “fiscal del hierro” Martha Lucía Zamora.
Uno de esos testigos, José Wilmer Ayola Lerma, fue condenado a ocho años de prisión, en junio de 2014, por mentirle en cuatro oportunidades a la justicia en el caso Colmenares. Otro de los supuestos informantes claves del sonado proceso, un polémico hombre llamado Jesús Alberto Martínez Durán, también fue penalizado con siete años de cárcel por sus versiones falsas.
La historia del fiscal González podría repetirse en casos como el de Zuccardi, donde uno de los testigos, el ex paramilitar Óscar David Villadiego Tordecillas, alias “Néver”, asegura que investigadoras del CTI al servicio de la Corte Suprema de Justicia, lo indujeron a declarar contra la ex senadora de la Costa con la promesa de otorgarle prebendas, que no le cumplieron.
La Fiscalía ahora afirma que muchos de los “ex paras” procesados están en justicia y paz, pero que por esos casos de los falsos testimonios, pedirá su exclusión de ese programa para que pierdan los beneficios jurídicos.
El ente acusador sostiene que detrás de ese “cartel” estarían dirigentes políticos orquestando falsas declaraciones, pero no suministró sus nombres. El reconocido periodista Juan Gossaín afirmó en su artículo “El cartel de los falsos testigos: viaje a las entrañas del demonio”, publicado en El Tiempo el pasado 17 de febrero de 2015, que en la actualidad existen más de 3.000 procesos contra testigos que se han encargado de enlodar sin pruebas a otras personas.
No cabe duda de que la Fiscalía parece que está mirando hacia adentro y podría comenzar a recoger sus pasos, porque, según entendidos en la materia, el “Cartel de los Falsos Testigos” fue un invento de algunos miembros descarrilados del organismo investigador para mostrar resultados.
Sin dejar de lado, que esta práctica también es incentivada o promovida por el órgano investigador cuando le ofrece a los informantes la opción de declarar contra un determinado personaje, a cambio de toda clase de prebendas, y al final estos resultan engañando al organismo para recibir los beneficios. En muchos casos, la Fiscalía se hace la de la vista gorda, pero cae en su propia trampa porque los testimonios inverosímiles son insostenibles ante los jueces en los juicios.
El hilo se rompe cuando a estos testigos falsos no les cumplen las promesas y ellos contraatacan revelando los oscuros acuerdos.