Por Carlos Feliz Monsalve (Especial para Revista Zetta).- Cartagena de Indias, 7 de mayo de 2025.- A menudo escuchamos expertos estudiosos de la ley y politólogos cuestionarse por las condiciones de la gobernabilidad en el país, y pedir reformas institucionales para cambiar, repotenciar o consolidar la maraña normativa de manera integral y general. Sin embargo, no cuestionan si esas reformas tan habladas y pedidas –no siempre de la mejor manera–, y si esos cambios constitucionales o solamente legislativos, están per se en condiciones de generar un cambio real en la estructura, funcionamiento y desarrollo de nuestra sociedad, su interacción y en la determinación de la crisis de gobernabilidad; o si, por el contrario, simplemente terminan confundiendo todo más allá del problema.
Deben preguntarse si esas reformas propuestas valoran o no las diferencias en el ordenamiento de la realidad social. Si bien gobernabilidad y democracia son mandatos irrenunciables de la sociedad actual, su expresión institucional no se logra desde arriba, imponiendo formas jurídicas al continuo latir de la vida social, sino dando una configuración jurídica responsable y sostenible a las necesidades que en ella afloran de manera permanente. Recordemos que el consenso y la democracia representativa legitiman la acción política, que estructura en cierto grado un orden social en torno a las vigentes ideologías dominantes, reforzando las condiciones político-ideológicas de la gobernabilidad.
La política podría responder a los retos que se exponen diariamente por la ciudadanía y recuperar sus funciones y continuidad en estos tiempos, revisando caminos viables e idóneos para avanzar. A continuación, propongo algunas alternativas: la política debe replantearse como un valor y proyecto público que unifique, dentro de las diferencias, a la ciudadanía en busca de mediar intereses que promuevan acciones colectivas y de sentido común para el bienestar de todos.
Debe rebatirse y ponerse límites a visiones netamente economicistas del mercado y de divulgación de información de interés general en los medios tradicionales como en el ya instaurado conglomerado virtual, muchas veces nocivo y polarizante, que lleva a la continua destrucción de vínculos sociales. Asimismo, debe promoverse la pluralidad de fuerzas políticas, la democracia representativa frente la incitación a activismos populistas que no respetan división de poderes y que, más bien, estimulan la confrontación y la competencia de ideas bajo flojos contextos argumentativos, siempre respetando los modelos constitucionales y promoviendo mecanismos o cambios que avale la carta magna vigente.
Debe promoverse también la educación, la formación y el control en lo político, así como la regulación de estructuras que se forman para incidir en la opinión pública y promover estrategias desbordadas en mercadeo y propaganda en campañas políticas. Es Importante que quien decida participar en política cumpla con unos mínimos requisitos sumados a sus cualidades personales, donde debe existir algún grado de experiencia, conocimiento y capacidades que le permitan ejercer representatividad y poder en situaciones sociales complejas. Por supuesto, sin ser excluyentes en ningún momento, y teniendo claro que la vida pública debe interpretarse como un servicio a la ciudadanía y no como una vida de privilegios para servirse de ella.
Por último, la política –y, por consiguiente, la gobernabilidad—debe ser un proceso de regularización de la vida colectiva, que permita al ciudadano adquirir una identidad ideológica y participar activamente en lo público bajo una estricta construcción de diálogo y de vínculo social positivo y solidario. Así, se debe generar una cultura de los derechos, pero también de los deberes, bajo la premisa de que el ciudadano no es un reducto del Estado poseedor de derechos, sino un protagonista primario y clave en la construcción de una sociedad bien gobernada y que busca superar desigualdades, generando calidad de vida.