Entre bufones y chantajistas – Opinión de Luis Eduardo Brochet

Por Luis Eduardo Brochet Pineda (Especial parea Revista Zetta). Cartagena de Indias, 1 de julio de 2025.- La sociedad civil colombiana, en estos tres años de gobierno “del cambio”, ha visto desfilar por el Congreso de la República, por los ministerios y cargos públicos, a una secta de truhanes y cómicos del hazmerreír del poder central, así como a difamadores extorsionistas que han estado a punto de convertir nuestro ESTADO de DERECHO en un burdel impúdico y en moneda de cambio.

¿Y cuál sería la metodología empleada por estos bufones? La metodología que emplean todos los “progresistas” socialistas en cualquier lugar del mundo, con esa nula estatura moral que los caracteriza, es: apropiarse de las instituciones democráticas que usaron y manosearon para llegar al poder; robar los recursos públicos sin recato ni verguenza alguna; desconocer o suprimir la propiedad privada, mientras acrecientan exponencialmente su patrimonio mal habido; acudir a la violencia, armando al “pueblo constituyente primario”, para lograr por medio del chantaje, introducir los “ajustes” tiránicos y demoler para siempre las garantías constitucionales. Es decir, implosionar las instituciones democráticas desde adentro, amordazar las libertades, infiltrar los poderes públicos, debilitar las Fuerzas Armadas, esquilmar el erario y amenazar, en el mejor estilo mafioso normalizado de las satrapías plataneras de América Latina y El Caribe.

Es un guión perfecto, desde Fidel hasta Petro, luego de pasar por Ortega, Chavez, los Kirchners, Castillo, Lula y Evo Morales.

Para comenzar, muy puntualmente porque nos haríamos fastidiosamente repetitivos y extensos, tengo la impresión que la inconveniente y empobrecedora reforma laboral, fue otra argucia bajo amenazas hacia el Congreso, para retirar la inconstitucional Consulta Popular, lo que al final fue otro ”conejazo”, al canjearla por esta otra utopía: la Asamblea Constituyente por el método petrista de “una papeleta”. Así actúa este gobierno y, de nuevo, un Congreso inocente y de mayoría buenista, le sigue “comiendo cuentos” a los buhoneros de la política.

¿Cómo es posible, que siendo las MIPYMES el sostén del 80% del empleo formal de este país, atoradas hasta el cuello hoy por las cargas impositivas, y con un mercado interno y externo de total incertidumbre, deban soportar una infranqueable regla legal que las llevará a la pérdida de su capacidad operativa, equilibrio, sostenimiento y supervivencia?

Hay miles de evidencias, estudios, cálculos, proyecciones, sin considerar los imponderables del mercado externo y las fluctuaciones de la política monetaria, que auguran un panorama regresivo. El resultado, producto de una inocente “negociación” con los chantajistas de las curules, será fácil de predecir a mediano plazo: reducción del empleo formal y crecimiento de la informalidad; rezago en la competitividad y en la apropiación de desarrollo tecnológico en las MIPYMES; impacto negativo en contratos de aprendizaje, pasantías, contratos a término y por días u horas; detrimento de la base de cotizantes en el sistema de seguridad social, liquidación de sociedades comerciales MIPYMES, en más de un 30% a mediano plazo y reducción progresiva del recaudo tributario, ya de por sí precario.

Tres semanas completa el Senador MIGUEL URIBE TURBAY en cuidados intensivos en un estado de salud de extrema gravedad. La impresión que cada día tenemos los colombianos, es que estas investigaciones no avanzan y no llegarán a determinar la autoría intelectual del atentado.

Lo que vemos a diario en las noticias es que el entramado criminal que está detrás del “niño sicario” es toda una organización delictiva perfectamente coordinada, financiada y protegida; que será inmune a los resultados de los organismos encargados de la política y la investigación criminal de nuestro sistema jurídico  penal. El tiempo pasa y pasa; la eficacia y la verdad, cada vez se ven más lejos.

Desde los primeros minutos del atentado criminal contra el Senador, la Fiscalía General de la Nación arropó al “niño sicario” con todas las garantías procesales y de seguridad, con una inusitada eficiencia, así como a su familia y entorno social. Ello, sin perjuicio del sistema de responsabilidad penal para adolescentes vigente en nuestro país.

La victima, el doctor Uribe Turbay, casi no era visible; y gracias a noticieros de televisión, días después, fue develándose el perfecto plan criminal, con ausencia total de celeridad y respuestas que todo el país esperaba, por parte de la Fiscalía… es más, quien resultó implicado e investigado fue uno de los tres guardaespaldas de la victima, por accionar su arma de fuego en ejercicio de un deber legítimo de defensa: el mundo al revés. 

Es una burla, una charlotada, un teatro, a pesar de que la Fiscal del caso ha concebido el atentado como un crimen de Estado, en el sentido de que se produjo en el contexto de la pre-campaña presidencial y por ser la victima opositor del gobierno, de manera expresa en lo partidista y en lo personal.

Ello nos tiene que hacer reflexionar sobre lo débiles e inútiles de nuestras instituciones democráticas ante la tiranía.

Y de nuevo aparece la tarima de los oprobios. Esta vez, la verborrea del odio, de las ofensas y las amenazas se trasladaron a la Alpujarra, en el corazón de Medellin. Desde esa tarima, luego de reclutar a contratistas, empleados públicos, indígenas, habitantes de calle, curiosos y desorientados, el presidente irrespeta y desconoce al alcalde de Medellin y al gobernador de Antioquia; los insulta, los amenaza, los ridiculiza y se hace bañar de aplausos y vítores, en una especie de ORDALÍA narcisista cual bufón de la Corte, bajo los acordes sordos de la imaginaria lira de Nerón, mientras la palabra ultrajante incendiaba los ánimos y humillaba la decencia.

Realmente creo que este país, en 205 años de vida republicana y orden constitucional, a pesar de tantos tumbos y nubarrones, nunca había presenciado a un jefe de Estado subido en una tarima de plaza pública, acompañado de delincuentes y bandoleros con permiso carcelario, rodeado de sus funcionarios y congresistas, amenazando directamente a la oposición y a la población civil, a la sociedad en general y a las instituciones; dejando claro el mensaje que antes de jefe de Estado, él es otro delincuente nunca desmovilizado, y que contará con esos aliados para llegar hasta dónde su megalomanía se lo permita.  

¿Qué tal el presidente John F. Kennedy compartiendo tarima con Russell Bufalino, Jimmy Hoffa y otros mafiosos del Chicago de los años cincuenta del pasado siglo; o el presidente Belisario Betancur Cuartas acompañado en plaza pública por Pablo Escobar o Rodriguez Gacha? 

La extorsión, el chantaje y el mensaje “sutil”, quedaron claros.

Termina el mes de junio y con él, se acaba el semestre. 

Los colombianos nos preguntamos porqué aún no avanzan los procesos contra la ilegitima campaña presidencial petrista, por parte del Consejo Nacional Electoral, o las acusaciones por diferentes delitos del jefe de Estado, que adelanta la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Ya es hora de resultados o de responsabilidades penales por prevaricato.

¿Porqué siguen estáticos más de 20 procesos en Fiscalía que apuntan indirecta o directamente al presidente, a su familia, contratistas y al gabinete? ¿Cuánto más hay que esperar o también la justicia querrá “negociar”? ¿Quien dijo miedo?

A este gobierno le queda muy poco tiempo y le espera un extenso prontuario; ellos lo saben y se desesperan, sacan de nuevo el señuelo amenazador de la “Paz Total” y enarbolan la bandera de la “Guerra a Muerte”. 

Todo está claro y la sociedad colombiana debe prepararse. Lastimosamente, 85 años después, los líderes demócratas de nuestro país no han sabido dimensionar o valorar aquella sentencia de Winston Churchill: “El que se arrodilla para conseguir la paz, se queda con la humillación y con la guerra”.

*Economista y Abogado.