Por Majo del Toro Perea (Especial para Revista Zetta).- Cartagena de Indias, 11 de septiembre de 2025.- El próximo 19 de octubre, Colombia volverá a elegir Consejos de Juventud. La cita llega en un clima político marcado por la polarización y en la antesala de las elecciones de 2026. No se trata de un evento menor: estas elecciones se convierten en un termómetro de las tensiones entre el progresismo y la oposición, pero también en un espejo de lo que la juventud quiere ser en la vida política del país.
Hoy el escenario juvenil se divide en dos grandes bloques: aquellos que reproducen las dinámicas de los partidos tradicionales y quienes emergieron del estallido social con demandas de justicia social y ambiental, muchos de ellos ahora vinculados al programa “Jóvenes en Paz” a cargo del Viceministerio de la Juventud, dependiente del Ministerio de la Igualdad y Equidad. Esta fractura refleja la pugna generacional que atraviesa a Colombia, y que condiciona la manera en que los jóvenes se aproximan a la política institucional.
El desafío central es superar la pobre participación de 2021, cuyo censo electoral para esa época era de 12.282.273 jóvenes aptos para votar y solo lo hicieron 1.266.857, es decir, apenas un 10%. Sino hay un aumento sustancial en estas elecciones de octubre, los nuevos consejeros llegarán debilitados, sin la legitimidad suficiente para incidir en la agenda pública. Participar no es solo un acto formal, es el primer paso para reconocerse como sujetos políticos, con capacidad de transformar realidades y no meros espectadores de decisiones tomadas desde arriba.
Pero el problema no es solo de apatía electoral. Los Consejos de Juventud están amarrados a un marco legal —la Ley 1622 de 2013 y la Ley 1885 de 2018— (Estatuto de Ciudadanía Juvenil) que los relega a un rol consultivo, casi decorativo. Mientras no se lidere una reforma profunda de esta normatividad, y se apruebe un paquete de leyes que fortalezcan el Subsistema de Participación de las Juventudes, difícilmente dejarán de ser vistos como una figura testimonial. La tarea de esta generación no es limitarse a ocupar sillas, sino construir poder real: un movimiento con voz propia, capaz de decidir y no solo de recomendar.
La clave estará también en los territorios. Gobernadores y alcaldes tienen la responsabilidad de garantizar que los consejos funcionen, dotarlos de herramientas y convertirlos en interlocutores legítimos de la política pública. En Bolívar, por ejemplo, se elegirán 495 consejeros, incluidos los 17 de cada localidad de Cartagena. El compromiso institucional será vital para que estos jóvenes no se desmotiven y todo quede en el papel, sino que puedan incidir en la vida real de sus comunidades.
Los Consejos de Juventud nacieron como una promesa de renovación democrática. Hoy, su futuro depende de que los jóvenes voten masivamente y los que resulten electos actúen con independencia, visión y unidad. O se convierten en un actor político con capacidad de transformar, o seguirán siendo un eco débil en la orquesta de la democracia.
- María José del Toro Perea, Politóloga.
