Por Danilo Contreras – Especial para Revista Zetta.- Guardaba la ingenua esperanza – demasiadas veces malograda- que el Concejo abordaría con profundidad el debate acerca de la prórroga del contrato de explotación de las infraestructuras de acueducto y alcantarillado del Distrito, que favorece a Acuacar. Me equivoqué. Mi asistencia a las barras del recinto de la democracia local fue un fallido ejercicio de estoicismo pues no soporté llegar al final de la sesión que infortunadamente coincidía con mi hora de almuerzo; claramente opté por lo último ante la frustración que me causaron las intervenciones, aún las de los más noveles concejales.
Con excepción de Múnera, las disertaciones de los cabildantes se convirtieron en poco menos que panegíricos a la gestión de Acuacar y la pertinencia de la extensión del contrato por 14 años adicionales al plazo inicial, adoptada por el Alcalde y la asamblea de socios de la empresa sin que mediara debate previo en el Concejo conforme era menester por disposición constitucional y legal, en tratándose de enajenación de bienes de propiedad de todos los cartageneros.
Debo decir que alcancé a preocuparme, pues fue tan vehemente la oración de defensa de uno de los concejales que por momentos su rostro se tornó carmesí y entonces temí por su salud cardiaca. Salió indemne y un sector de las barras lo aplaudió sin fervor.
Como el cuestionamiento a la prórroga se centró, hábilmente, en la ausencia de socialización, la mesa directiva de la corporación procedió con diligencia a citar la sesión especial en la que los funcionarios “competentes” contaron con el escenario y la oportunidad para justificar lo que carece de defensa.
Socializar es un término ambiguo, que últimamente utilizan los funcionarios “competentes” para dar visos de legitimidad a decisiones que tienen adoptadas mucho antes de someterlas al conocimiento de la opinión.
Que se sepa: no todos tragamos entero. En el caso de la prorroga al contrato de gestión integral de acueducto y alcantarillado, no está en juego una mera socialización, sino la competencia que se impone al concejo para debatir con antelación el asunto, a fin de que dilucidada la pertinencia y legalidad de la medida que se discute, se otorgaran, o no, facultades regladas al Alcalde para propiciar la extensión.
El inclemente Jonathan Swift da cuenta en “Los viajes de Gulliver” de un ilustre doctor dedicado a descubrir remedios para toda clase de males. Nuestro personaje “pretendía que a todo senador…una vez que hubiese dado su opinión y argüido en defensa de ella, se le obligase a votar justamente en sentido contrario: pues si esto se hiciera, el resultado conduciría infaliblemente al bien público”.
Mantengo ferviente respeto por la investidura de los representantes de la voluntad popular con asiento en el Concejo y bajo este presupuesto es que entiendo necesarios estos comentarios de un mero ciudadano que persiste, candorosamente, en creer que los asuntos públicos deben ventilarse públicamente para que el interés de las mayorías prevalezca.