Por Miguel Raad Hernández (Especial para Revista Zetta).- El abandono de los planes de 170 municipios PDET revela el mal de fondo: en Colombia las políticas mueren con cada gobierno. Para que la Patria Milagro sea política de Estado —fruto de un gran acuerdo y no un entusiasmo pasajero—, hay que darle al Departamento Nacional de Planeación autonomía e independencia.
En una reciente entrevista con Canal Uno, Emilio Archila —quien como Consejero Presidencial para la Estabilización lideró los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial durante el gobierno de Iván Duque— volvió a advertir sobre el abandono de los PDET. Vale la pena recordar de qué hablamos. Los PDET nacieron del Acuerdo de Paz de La Habana y fueron creados por el Decreto Ley 893 de 2017; son un instrumento especial de planeación y gestión con horizonte de quince años, concebido para cerrar la brecha entre la Colombia rural y el resto del país en las dieciséis subregiones que agrupan los 170 municipios más golpeados por la violencia, la pobreza y las economías ilícitas —diecinueve departamentos, cerca de siete millones de colombianos, más del trece por ciento de la población—. No fue un plan de escritorio: se construyó con la participación de más de 220.000 personas y decantaron en dieciséis planes de acción y unas 32.800 iniciativas que las propias comunidades priorizaron. Cada uno de esos municipios adoptó su PDET como política de largo plazo, jurídicamente vinculante, articulada con sus planes territoriales y con el Plan Nacional de Desarrollo.
Y sin embargo, con el cambio de gobierno, ese esfuerzo quedó a la deriva. Lo dicen sus artífices y lo dicen las regiones: los alcaldes reunidos en Asocapitales concluyeron por unanimidad que el gobierno Petro «abandonó a las regiones», y en el Congreso hubo que tramitar una prórroga de diez años a los PDET ante la angustia de no cumplirles a comunidades que fueron, a la vez, víctimas y epicentro de la guerra. Que un instrumento pactado como política de Estado, blindado en un decreto con fuerza de ley y avalado por la Corte Constitucional, quede impunemente congelado por un simple relevo presidencial no es un accidente: es el síntoma de una enfermedad institucional profunda.
Porque el drama de los PDET no es la excepción. Es la regla. En Colombia, la planeación muere con cada gobierno. Cada cuatro años el país reinicia de cero, borra el disco duro, rebautiza los programas del antecesor y confunde el interés general con la agenda de turno. Así es imposible cualquier salto de desarrollo, porque el desarrollo es acumulativo o no es: exige constancia, método y una memoria institucional que sobreviva a los calendarios electorales. Ningún país despegó a punta de improvisaciones cuatrienales.
He sostenido en esta serie que no hay milagro económico sin un Estado capaz, y que detrás de cada «tigre» asiático no hubo un caudillo iluminado ni un acto de fe en el mercado, sino una agencia de planeación con poder real y paciencia de décadas. Colombia no necesita inventarla: la tiene a medio construir en el Departamento Nacional de Planeación. El problema es que el DNP tiene hoy la fachada de un centro de comando, pero le faltan los dientes. Le faltan las tres cosas que hacían reales a sus parientes asiáticos: (i) autonomía frente al ciclo político —hoy su director es de libre nombramiento y remoción, atado a la voluntad del gobernante—; (ii) capacidad de decisión vinculante —sus orientaciones no obligan a nadie—; y (iii) una estrategia de largo plazo que trascienda el mandato de cada presidente. Un cerebro sin autonomía, sin poder y sin horizonte no es un cerebro: es un adorno.
De ahí nuestra propuesta, madurada en documentos de trabajo que hemos venido decantando: reformular el DNP como un órgano institucional dotado de autonomía enraizada —autónomo del cálculo clientelar y del vaivén electoral, pero enraizado en la sociedad, las regiones, la academia y el sector productivo—. Y aquí conviene una advertencia jurídica que no se puede eludir. Alguien dirá que basta una ley para dotarlo de independencia. No es así. El mejor ejemplo colombiano de autonomía técnica que sobrevive a los gobiernos —el Banco de la República— no descansa en una ley ordinaria, sino en la propia Constitución, que blindó su junta y sus períodos fijos en los artículos 371 a 373. La lección es inequívoca: la autonomía que de verdad resiste el relevo de poder no se concede por ley; se entrena en la Constitución. Por eso la reforma del centro de comando exige un acto legislativo, no un simple proyecto de ley.
¿En qué consiste, en concreto? El DNP debe ser un Órgano Autónomo de Planeación Estratégica e Inversión Pública, que no forme parte del Gobierno Nacional ni se rija por el régimen de los departamentos administrativos, con personería jurídica y autonomía administrativa, patrimonial y técnica. Primero, sería dirigido por una Junta Directiva Autónoma —el Ministro de Hacienda, el director del Órgano y cinco miembros de dedicación exclusiva, con períodos fijos de cinco años y renovación escalonada que impida su reemplazo total dentro de un mismo período presidencial—, de modo que las decisiones estratégicas dejen de estar cautivas del cuatrienio. Segundo, existiría una Estrategia Nacional de Desarrollo de Largo Plazo, con horizonte no inferior a doce años, con la cual cada Plan Nacional de Desarrollo debería guardar coherencia; apartarse de ella sería posible, pero solo de manera expresa y motivada. Como el Plan de Vuelo del aviador, que puede apartarse de él para rodear la tormenta sobreviniente, pero luego vuelve a su rumbo. Tercero, el Órgano adoptaría un Marco Plurianual de Inversión Estratégica, vinculante para el Gobierno al formular el presupuesto —dentro de los límites del Marco Fiscal de Mediano Plazo y sin invadir la competencia del Congreso para aprobar el gasto—. Cuarto, y decisivo contra la corrupción, la viabilización de proyectos dejaría de ser un acto discrecional de funcionario para convertirse en una viabilización por reglas: metodología pública, criterios ponderados y publicados, trazabilidad digital de cada intervención y separación tajante entre quien formula, quien evalúa y quien aprueba. No es un tecnicismo: es precisamente el «peaje» que, según se denunció, se les cobraba a los alcaldes para aprobar proyectos con recursos de regalías lo que este diseño hace imposible, porque le quita al sistema la discreción opaca que es la fábrica universal de rentas. Y quinto, nada de esto funciona sin su precondición: una carrera especial y meritocrática, financiada de verdad, que es la que distingue a una tecnocracia respetada de una burocracia capturada.
El mapa normativo es claro y honesto sobre su exigencia. Requiere acto legislativo para modificar el artículo 113 (incluir el nuevo órgano entre los autónomos e independientes), el artículo 115 (excluirlo del Gobierno Nacional y del régimen de departamento administrativo, el candado contra la remoción a voluntad), los artículos 339 y 341 (anclar la estrategia de largo plazo y la fuerza vinculante del marco de inversión) y el artículo 343 (elevar y blindar la evaluación de resultados, que ya la Constitución asigna a la entidad de planeación que señale la ley). Requiere ley orgánica para fijar la carrera especial, la composición y los períodos de la Junta, la condicionalidad y la reversión, el reanclaje del CONPES y la armonización con la Ley 152 de 1994, la Ley 489 de 1998, la Ley 2056 de 2020 de regalías, la Ley 1454 de 2011 de ordenamiento territorial y la Ley 1508 de 2012 de asociaciones público-privadas. Y requiere decretos para la nueva estructura, la metodología de viabilización y el reglamento de los consejos sectoriales.
Nada de esto tiene que hacerse de golpe. La propia lógica asiática enseña el gradualismo: se puede empezar ya, sin tocar la Constitución, por despersonalizar la viabilización, reforzar el marco plurianual de inversión, introducir condicionalidad en los subsidios, pilotear la carrera especial y fortalecer la evaluación de resultados —terreno que el artículo 343 ya habilita—, para luego dar la batalla del acto legislativo con la evidencia a favor.
Vuelvo, para cerrar, a los 170 municipios de Archila. Si Colombia hubiera tenido un cerebro de planeación autónomo, con estrategia de largo plazo y presupuesto blindado, los planes de esas comunidades no serían hoy rehenes del calendario electoral: serían política de Estado de verdad, inmune al humor del gobernante de turno. Esa es, en el fondo, la promesa de la reforma. La Patria Milagro no será posible mientras nuestras mejores apuestas puedan borrarse con un cambio de firma en la Casa de Nariño. Démosle al Estado un cerebro que no cambie con cada gobierno. Que la Patria Milagro, como quería Archila para los PDET, no tenga reversa.
