Por Luis Eduardo Brochet Pineda (Especial para Revista Zetta).- Cartagena de Indias, 16 de octubre de 2026.- Cuando el juez y la justicia se corrompen, el Derecho y el Estado han dejado de existir; queda una caricatura, una mueca, un burdel de Saturnales dónde cohabitarán la sociedad del desenfreno y la violencia; es la antesala del fin de una democracia decrépita.
En la Italia de la segunda mitad del siglo pasado tomó gran notoriedad, por lo polémico de sus sentencias favorecedoras de peligrosos mafiosos, el juez Corrado Carnevale, quien llegó a desempeñarse en un altísimo cargo de la magistratura italiana: Presidente de la Sección Penal del Tribunal Supremo de Casación. Condenado y finalmente absuelto por falta de pruebas, se le conocía como el “Matasentencias”, por anular decisiones condenatorias de primera instancia, ayudando a organizaciones criminales como La Cosa Nostra y La Camorra.
En Pensilvania, Estados Unidos, en unos casos ignominiosos para la justicia norteamericana, conocidos como “Plata por Chicos (Kids for Cash)”, los jueces Michael Conahan y Mark Ciavarella, recibían millones de dólares en sobornos por parte de operadores de prisiones, a cambio de sentencias sin pruebas y por contravenciones insignificantes, para recluir a niños y adolescentes en centros de detención privados que generaban ganancias y negocios en ambas vías.
Afortunadamente, estos “Togados” sí fueron ejemplarmente condenados.
La justicia colombiana tiene un largo prontuario criminal desde los estrados judiciales, protagonizado históricamente por grupúsculos insignificantes de jueces, magistrados, fiscales, abogados y funcionarios competentes, que han pisoteado la toga y los códigos, tomando a la justicia como prenda de negociación y moneda de cambio, sin ningún pudor ético – moral. Solo bastará recordar, en la primera década de este siglo, el vergonzoso y celebérrimo Cartel de la Toga, que enlodaría a nuestra Corte Suprema de Justicia hasta las narices: fue un Tribunal “De Tasación y Peajes” con sentencias y procesos tarifados.
Hoy, de nuevo, el sistema y la justicia colombiana, queda en entredicho y al descubierto bochornosamente. Por enésima vez, entonces, se suscita una reflexión sobre el origen de tales falencias: ¿Es el mismo sistema judicial y de investigación criminal que está, tan endémicamente contaminado, que es capaz de colonizar torticeramente las conductas éticas de funcionarios y usuarios? ¿Obedece todo a una cultura mafiosa y facilista que ha permeado ciertas actividades y sectores de nuestro país? ¿Es un problema estructural de educación y formación desde la familia, la escuela y las Facultades de Derecho? ¿Obedece a una debilidad en el proceso de evaluación y acceso a la Función Pública? Todo podría ser válido o nulo sin que existan fórmulas de constatación.
Lo que sí es lamentable y es una verdad de a puño, según las investigaciones preliminares del gobierno de Abelardo de la Espriella, es que hay una convicción absoluta y generalizada, de que a este país lo gobernaron delincuentes en sociedad criminal con terroristas y saqueadores, durante los últimos cuatro años.
Omitiendo la seguidilla interminable de robos, burocracia inútil, contratos inexistentes, obras inconclusas, falsos títulos para ocupar altos cargos, testimonios públicos de tráfico de drogas y/o armas desde presidencia, chuzadas, etc., asistimos a una larga manipulación de investigaciones criminales, ocultamiento o archivo de expedientes en procesos penales contra presuntos delincuentes asociados con el gobierno Petro; evidencias contra su familia cercana por lavado de activos, y la omisión de noticia criminal en el atentado fatal a Miguel Uribe Turbay, por parte de la Fiscalía General de la Nación. Asistimos indignados también, a las “audiencias reservadas” de la JEP, dónde las victimas no existen ni importan, pero donde criminales de lesa humanidad, bien atendidos con cafecito, narran cuentos chistosísimos, mientras una Magistrada se divierte entre sonrisas, con mirada idílica y cierto devaneo inocultable.
Paralelamente, se conocen testimonios y evidencias de un Magistrado de la Corte Constitucional, cuota ideológica del progresismo, sirviendo de “enlace” para presuntos sobornos y coimas a funcionarios del Congreso Nacional. Ni hablar sobre la pantomima de juicio contra el Presidente Álvaro Uribe Vélez, con una juez venal que no sabía leer, ni entendía lo que supuestamente había escrito. Mucho menos pensar en el árido papel que juegan los organismos de control.
Para intentar reivindicar la majestad de la justicia colombiana, centrémonos entonces, en lo ideal y en lo fundamental: idealmente una justicia despolitizada, menos garantista y más eficiente; reducir la impunidad en un 50% como indicador prioritario y revisar los procedimientos de acceso, nominaciones y calificación del servicio. Fundamentalmente a cortísimo plazo, y previa revisión de la Corte Constitucional, levantar el indulto a FARC y M-19, como se ha señalado desde el Tribunal de Nüremberg, la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con referencia a los crímenes de lesa humanidad, genocidios y crímenes de guerra, como los cometidos por estos grupos, dándoles ilegitimamente categoría de “Delitos Políticos”.
