Palacio de Justicia: 41 años después, Colombia necesita aprender a recordar – Opinión de Diana Mestra

La memoria no puede quedarse en los actos oficiales: debe llegar a las aulas y convertirse en formación constitucional, cultura democrática y respeto por la vida.

Por Diana Mestra (Especial para Revista Zetta). Cartagena de Indias, 16 de noviembre de 2026.- El 6 y 7 de noviembre de 1985 quedaron inscritos en la historia de Colombia. La toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y la operación militar de retoma dejaron muertos, personas desaparecidas, sobrevivientes y familias que durante décadas han reclamado verdad y justicia. Fue una tragedia humana y una herida para las instituciones.

Al recordar esos días solemos concentrarnos en las investigaciones, las responsabilidades y las decisiones judiciales. Todo eso es necesario, pero no podemos dejar en segundo plano a quienes vivieron las consecuencias: las familias que tuvieron que continuar sin sus seres queridos y los hijos que crecieron con preguntas sin respuesta. La memoria del Palacio también está en esas ausencias.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso Rodríguez Vera y otros vs. Colombia, del 14 de noviembre de 2014, examinó desapariciones forzadas y otros hechos relacionados con la toma y retoma. La Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio documentó, además, las desapariciones, las irregularidades en la identificación y entrega de cuerpos y las obligaciones pendientes frente a las víctimas. No es, por tanto, una historia que pueda reducirse a una ceremonia anual.

En estos 41 años Colombia ha tenido transformaciones institucionales importantes. La Constitución de 1991 fortaleció la protección de los derechos fundamentales y creó la Corte Constitucional. También estableció reglas sobre las funciones de la Fuerza Pública y la competencia de la justicia penal militar. No sería preciso presentar esos cambios como consecuencia exclusiva de lo ocurrido en el Palacio; hacen parte de una evolución constitucional más amplia. Sin embargo, hoy nos ofrecen herramientas para examinar cuánto hemos avanzado en la protección de la vida, la independencia judicial y los límites del poder.

El artículo 221 de la Constitución reserva a la justicia penal militar las conductas punibles cometidas por integrantes de la Fuerza Pública en servicio activo y relacionadas con ese servicio. La Corte Constitucional ha reiterado que ese fuero es excepcional y restringido; delitos como la desaparición forzada y la tortura no pueden entenderse como actos relacionados con el servicio. Reconocer la función constitucional de nuestras Fuerzas Militares exige también insistir en que su actuación debe respetar la Constitución, la ley y los derechos humanos.

Colombia sigue enfrentando organizaciones armadas ilegales, desplazamiento, confinamiento, reclutamiento de menores, extorsión y amenazas contra comunidades. A esas realidades se suman agresiones que utilizan medios digitales: suplantación, acoso, difusión no consentida de información y amenazas en redes. No son fenómenos idénticos a los de 1985, pero recuerdan que la obligación de proteger a las personas y garantizar justicia no pierde vigencia.

Por eso, hablar de seguridad también exige hablar de educación, empleo, prevención y presencia institucional. No basta con responder cuando el daño ya ocurrió. Una política pública debe ofrecer alternativas a niños y jóvenes, prevenir el reclutamiento y facilitar el acceso a la justicia. La escuela, la familia, las universidades y las instituciones públicas tienen responsabilidades que se complementan.

Hay una pregunta que merece ocupar el centro de esta reflexión: ¿cómo estamos enseñando la Constitución, la democracia y los derechos humanos? Los estudiantes deben comprender por qué existe la separación de poderes, qué protege la independencia judicial, cuáles son los límites de la autoridad y qué significa vivir en un Estado social de derecho. Memorizar artículos no es suficiente si no se entiende cómo esos derechos protegen a una persona concreta.

Además, Colombia ya cuenta con una herramienta legal para llevar esta conversación a las aulas. La Ley 1056 de 2006 declaró el 6 de noviembre como Día Nacional del Derecho a la Vida. Su artículo 8 dispone que los establecimientos educativos públicos y privados, al igual que la Rama Judicial, conmemoren la fecha mediante foros, conferencias, talleres y jornadas de reflexión sobre memoria, derechos humanos y respeto por la vida. La pregunta es cuánto se conoce y se cumple esa disposición, y cómo podemos darle continuidad durante todo el año escolar.

En lugar de permitir que la fecha pase con actos aislados, colegios, universidades, facultades de Derecho, organizaciones de víctimas y entidades públicas podrían articular una agenda pedagógica. No para imponer una lectura única ni llevar la confrontación política a las aulas, sino para enseñar a consultar fuentes, escuchar a las víctimas, contrastar versiones y construir criterio propio. La historia debe estudiarse con rigor y con respeto por quienes la padecieron.

Una conmemoración verdaderamente patriótica no se mide por el tamaño de una ceremonia ni por la cantidad de discursos. Se expresa en el respeto por la vida, el cumplimiento de la Constitución, la defensa de las instituciones y la capacidad de reconocer el dolor de las víctimas. El patriotismo también consiste en estudiar nuestra historia sin ocultar hechos difíciles y sin convertir la memoria en instrumento de división.

Quisiera que ningún estudiante colombiano llegara a la universidad sin saber qué ocurrió en el Palacio de Justicia y por qué ese episodio importa para nuestra democracia. Que en las clases de Constitución se hable de derechos, pero también de las consecuencias de desconocerlos. Que los futuros abogados comprendan el valor de la independencia judicial y que quienes se preparan para servir al Estado entiendan que la autoridad tiene límites.

Las familias de las víctimas merecen que sus historias no se reduzcan a una fecha. Los sobrevivientes y quienes han buscado respuestas merecen ser escuchados. Las nuevas generaciones, por su parte, merecen recibir una memoria responsable, sustentada en documentos y abierta al análisis, no una versión simplificada de nuestra historia.

Han pasado 41 años. Colombia no es el mismo país de 1985 y sería injusto desconocer las transformaciones jurídicas e institucionales. Pero tampoco podemos confundir la existencia de normas con la garantía efectiva de los derechos. La memoria tiene sentido cuando ayuda a reconocer lo que falta y compromete a las instituciones y a la sociedad con tareas concretas.

El mejor homenaje no consiste en repetir cada noviembre qué no debemos olvidar. Consiste en hacer que esa memoria llegue a las escuelas, fortalezca la enseñanza de la Constitución y forme ciudadanos capaces de defender la vida, la justicia y la democracia. Nuestros hijos y nietos tienen derecho a conocer lo que ocurrió; también tienen derecho a recibir un país que haya aprendido de ello.

FUENTES DE VERIFICACIÓN

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia. Sentencia de 14 de noviembre de 2014.
https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_287_esp.pdf

Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia. Informe final: documentación sobre desapariciones, víctimas y recomendaciones de memoria.
https://lector.ramajudicial.gov.co/SIBD/HOLOCAUSTO/Publicaciones/00000000/4013/260/

Rama Judicial – Memoria Viva. Repositorio de decisiones judiciales y memoria de los hechos del Palacio de Justicia.
https://www.ramajudicial.gov.co/web/memoriaviva

Constitución Política de Colombia, artículos 217, 221 y 222.
https://www.cancilleria.gov.co/normograma/compilacion/docs/constitucion_politica_1991.htm

Corte Constitucional. Auto 601 de 2023: jurisprudencia sobre el carácter excepcional y restringido del fuero penal militar.
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2023/a601-23.htm

Ley 1056 de 2006, artículos 7 y 8: Día Nacional del Derecho a la Vida y actividades conmemorativas en establecimientos educativos y Rama Judicial.
https://normograma.com/documentospdf/pgn/guia/gd_734/docs/l1056006.html