La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal solidaria por un poco más de $980 millones de pesos ($980´223.199) contra el Gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín Rognini; el entonces Secretario de Educación Departamental, Javier Alberto Posada Meola, y la Diócesis de Magangué, por el presunto detrimento patrimonial que produjo la ejecución de un contrato de prestación de servicios educativos por $14.886 millones (contrato de No. 276 de 2013) suscrito entre la Gobernación y la Diócesis.
Como medida cautelar, la CGR embargó el sueldo del Gobernador Juan Carlos Gossaín y 10 inmuebles de propiedad de la Diócesis de Magangué.
La CGR programó Audiencia Verbal de Descargos, dentro de este proceso, para el próximo 30 de julio, a las 9:00 a.m., en la sede de CGR en Cartagena
El presunto daño patrimonial se originó en varias irregularidades detectadas en un contrato de prestación de servicios educativos que suscribió la Gobernación con la Diócesis en 2013.
Según una comunicación expedida por la Contraloría, Hhubo subcontratación y doble pago por concepto de gastos de administración en el contrato, y se hicieron pagos por “alumnos fantasmas” de más de $400 millones, que no correspondían.
Según el ente de control, hay un presunto detrimento patrimonial por más de $325 millones por un mayor valor pagado en un contrato de prestación del servicio de pintura en sedes educativas, y por falta de control y seguimiento por parte de la Gobernación de Bolívar, se incurrió también en dobles pagos a rectores de algunas instituciones educativas del departamento de Bolívar.
La CGR programó Audiencia Verbal de Descargos, dentro de este proceso, para el próximo 30 de julio, a las 9:00 a.m., en la sede de CGR en Cartagena.
Respecto del salario del gobernador, la Gerencia Departamental Colegiada de la Bolívar de la Contraloría General de la República decretó, como medida cautelar, el embargo preventivo y retención de la quinta parte del excedente del salario mínimo mensual legal vigente correspondiente a su salario, que llega hasta la suma de $1.470 millones.
En el caso de la Diócesis de Magangué, la CGR decretó el embargó preventivo de 10 inmuebles de su propiedad, limitándose el embargo a la suma de $1.960 millones.
Uno de los cuestionamientos que formula la CGR al Gobernador de Bolívar es el hecho de haber aceptado una sola propuesta para celebrar este contrato de prestación de servicio educativo e iniciar el proceso contractual con falencias en su planeación.
En cuanto al ex secretario de Educación Departamental, Javier Alberto Posada Meola, la CGR considera que no cumplió cabalmente con su función de supervisor del contrato, evidenciando una gestión ineficaz, ineficiente y antieconómica.
Sobre la Diócesis de Magangué la CGR dice que se benefició de la totalidad de un contrato que no ejecutó en su integridad, enriqueciéndose sin justa causa cuando recibe pagos sin que se hubiera ejecutado lo convenido.
La imputación de cargos de responsabilidad fiscal y las medidas cautelares se tomaron dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. 1564 en curso, que adelanta la CGR a través de la Gerencia Departamental Colegiada.
Rosario de irregularidades
Varias irregularidades, que producen daño fiscal, detectó la CGR alrededor de la ejecución del contrato No. 276 de 2013, por $14.886 millones, suscrito entre la Gobernación de Bolívar y la Diócesis de Magangué:
Lo primero es que la Diócesis subcontrató el 85.35% del valor total del contrato, con la Corporación Líder para el Desarrollo Integral de las Comunidades Vulnerables –CORLIVA.
Fue así como este subcontratista fue en últimas quien realizó el manejo de los recursos públicos destinados a la prestación del servicio educativo.
El contratista del contrato 276 de 2013 con la Gobernación de Bolívar sólo ejecutó $2.027 millones, o sea apenas el 14.65% del valor del contrato, y los restantes $11.816 millones quedaron a cargo de la corporación subcontratada por la Diócesis.
Los gastos de administración cobrados por el contratista y por la corporación de apoyo suman en total $751 millones, excediendo en más de $155 millones el 4% fijado en la canasta educativa, con lo cual se configura un presunto detrimento patrimonial por ese mismo valor (exactamente $155´674.796).
Hay también un presunto daño patrimonial por $325´374.842, por las irregularidades derivadas de un contrato de prestación de servicios de pinturas del 10 de septiembre de 2013, suscrito entre el representante legal de CORLIVA y Suministros Colombia BHS S.A.S., por la suma de $1.100´000.000.
El contrato mencionado no se cumplió de manera total y existe un mayor valor pagado por la suma antes mencionada ($325´374.842), que a la postre no se ejecutó en obras. La CGR evidenció una relación de instituciones educativas donde no se ejecutó obra alguna y no obstante fue pagada.
También se cuestiona un contrato de prestación de servicios de fumigación, limpieza y reparación de techos de establecimientos educativos de los municipios de Achí, Cantagallo, Montecristo, Morales, Norosí, San Jacinto del Cauca, San Martín de Loba y San Pablo, por valor de $476´554.627, suscrito con la Corporación Paz Verde.
La CGR constató que al subcontratista Corporación Paz Verde se le pagó la suma de $487´235.348, estableciéndose así un mayor valor pagado de $10´680.720.
“Alumnos fantasmas”
Al verificar la ejecución del contrato 276 de 2013 de la Gobernación de Bolívar la CGR detectó 244 registros educativos duplicados de alumnos matriculados en las diferentes instituciones educativas oficiales comprendidas en el objeto del mismo.
Al liquidar el contrato, no se descontaron estos alumnos, con lo cual se configuró un presunto detrimento patrimonial por $152´720.000.
Además, se verificó la ausencia de 240 estudiantes que no se hallaron en tales colegios. Igualmente, no se encontró registro de sus calificaciones, con lo cual se evidencia que este servicio no se prestó (presunto detrimento patrimonial por $262´900.000). Nuevamente, este número de alumnos no se descontó al liquidar el contrato.
Según el listado que aportó la Secretaría de Educación Departamental sobre alumnos efectivamente atendidos por el contrato referido, aparecen registros de 66 estudiantes que la CGR constató fueron retirados y por tanto no se les prestó servicio educativo.
Sin embargo, al momento de liquidar el contrato 276 de 2013, no se descontó el valor equivalente al tiempo transcurrido desde el momento de la fecha de deserción de los alumnos hasta la terminación del período académico, con lo cual se produjo un presunto daño al patrimonio del Estado en cuantía estimada de $32´890.000.
Para la CGR, los tres casos anteriores evidencian falta de seguimiento y control por parte de la Gobernación de Bolívar, que no permite un uso eficiente de los recursos públicos en pro de la calidad del servicio educativo en este departamento.
Dos rectores, dos sueldos
La Contraloría detectó otro daño patrimonial, esta vez por $31´637.437 al permitirse la concurrencia de dos rectores (uno contratado y otro oficial) durante el año lectivo, en instituciones educativas del departamento.
Para la vigencia de 2013, en las instituciones educativas de Canaletal, Monterrey y Concorvado, pertenecientes a los municipios de San Pablo, Simití y Morales, respectivamente, se presentó concurrencia de rectores contratados y oficiales durante todo el año, por cuanto la Secretaría de Educación Departamental no realizó oportunamente las novedades de los rectores oficiales, por lo que estas instituciones tenían 2 rectores.
Y en la institución educativa La Victoria, del municipio de Cantagallo, se mantuvo por más de seis meses al rector oficial ejerciendo sus funciones; no obstante durante ese tiempo el operador del servicio educativo no contrató rector alguno.
Las situaciones descritas originaron que el departamento de Bolívar incurriera en la cancelación de una doble asignación a cuatro rectores de las instituciones educativas Corcovado, La Victoria, Monterrey y Pozo Azul, en la vigencia 2013, que representa un presunto daño patrimonial al Estado por la suma antes mencionada ($31´637.437).
En este cuadro adjunto se precisan las irregularidades que dieron lugar a la CGR a imputar cargos de responsabilidad fiscal por un total de $980´223.199, dentro de este proceso de responsabilidad fiscal:
