(www.laotracara.co) El pasado viernes, la exsenadora del Partido de La U, Piedad Zuccardi, investigada por la Corte Suprema de Justicia, conjuntamente con su abogado William Adán Rodríguez, recusó a siete de los ocho magistrados que actualmente integran la Sala Penal del alto tribunal.
El argumento de esta actuación está basado en el hecho del prejuzgamiento en el que a criterio de Zuccardi y su defensor incurrió el Alto Tribunal en un documento del 25 de septiembre pasado firmado por el presidente de la Sala Penal, Magistrado José Luis Barceló, con el que respondió ante la Sala Civil a una acción de tutela que la investigada presentó para pedir su libertad por vencimiento de términos.
La recusación, suscrita por Zuccardi y su defensor de confianza, argumenta que la respuesta del juez “…es inaceptable, por provenir de esa Alta Colegiatura, es que se hicieran prejuzgamientos a las nulidades y petición de pruebas, en el sentido de que son solicitudes extemporáneas e improcedentes, cuando es claro que hasta la fecha no han sido peticiones decididas de fondo…”
Agrega que “…aparece una serie de juicios de valor de los que se disiente por ofender la honra y las actuaciones legítimas de la defensa que se han desplegado a lo largo del proceso”.
Resulta paradójico que la Corte, en la providencia que negó la libertad por vencimiento de términos, haya sostenido que la actuación de la defensa hasta ese momento “… todo obviamente en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el derecho de defensa…”; en cambio, en el escrito a la sala Civil, dando respuesta al traslado de la tutela, manifiesta que la defensa ha actuado de mala fé y con actuaciones sofísticas.
Los togados recusados son José Luis Barceló Camacho, José Leonidas Bustos Martínez, Fernando Alberto Castro Caballero, Eugenio Fernández Carlier, Patricia Salazar Cuellar, Eyder Patiño Cabrera y Luis Guillermo Salazar Otero. No se menciona en esta recusación al magistrado Malo Fernández quien se declaró impedido en el proceso.
Este es parte del comunicado que el presidente de la Sala Penal de la Corte, Magistrado José Luis Barceló, le envío a la Sala Civil de la misma corporación, en el cual afirma que las solicitudes de pruebas de Zuccardi son “improcedentes, extemporáneas y sin fundamento”, anticipándose a una decisión que no ha tomado aún el Alto Tribunal.
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La líder política es investigada por supuestos nexos con grupos paramilitares en la Costa Caribe de Colombia y se encuentra detenida preventivamente desde hace más de dos años y medio, esperando que la Corte Suprema le inicie el juicio para definir si es inocente o culpable de los delitos que se le imputan.
Zuccardi y su defensor, William Adán Rodríguez, han pedido en varias oportunidades la libertad de la exsenadora, argumentado el vencimiento de términos, pero el Alto Tribunal siempre se la ha negado.