Los diputados de Bolívar llegaron ayer al salón de audiencias de la Universidad de Cartagena para atender una citación de la Procuraduría Regional, pero ningún funcionario estaba allí para atenderlos. Por teléfono les informaron que debían ir al segundo piso del Cuartel del Fijo, y tampoco. Entonces siguieron su camino hasta la sede de la entidad en la calle de la Chichería, donde dejaron constancia de su asistencia. La audiencia será reprogramada.
El proceso es por un supuesto “daño a la moralidad pública” al haber tramitado en julio pasado un proyecto de ordenanza que establecía una modificación en la nómina de la Contraloría Departamental, presentado a iniciativa del contralor Óscar Pardo Ramos.
En esa ordenanza se contemplaban tres nuevos cargos: uno para el derecho de un pre-pensionable y dos para funcionales misionales de perfil administrativo-público. El proyecto fue sancionado por el gobernador Juan Carlos Gossaín el 22 de julio.
La queja presentada ante la Procuraduría sostiene que se violó la ley de carrera administrativa y la metodología de la función pública.
Los encartados son los 14 diputados de Bolívar, y ayer fueron 12 los que atendieron personalmente la citación. En ejercicio del derecho de defensa, de momento hay tres acciones: una disciplinaria, ante la misma Procuraduría; otra, una nulidad, y una tercera, una tutela que pide la protección del debido proceso.
Según uno de los defensores, no hay lugar a la queja por cuanto la iniciativa es del contralor departamental y la Asamblea tiene una facultad constitucional autonómica para estudiar y tramitar tal ordenanza, que es sancionada por el gobernador.
De igual forma, hay una observación de fondo sobre la competencia de la Procuraduría Regional, por cuanto el proceso debe incluir al gobernador Gossaín, que es el que sanciona el acto administrativo. En ese sentido, la competencia para el contralor departamental y el gobernador la tiene un Procurador Delegado en Bogotá, y la unidad procesal haría que la competencia para los diputados fuese la misma. Se sostiene, además, que la indagación preliminar no está completa sin la comparecencia del gobernador.