No solo beneficios para la salud contempla el proyecto de ley que estimula el uso de la bicicleta en todo el país, sino también laborales: los funcionarios que lleguen a sus oficinas en este vehículo tendrán derecho a medio día laboral libre remunerado por cada 30 veces que certifiquen haberlo hecho en bicicleta.
En Comisión Sexta salió avante en primer debate la iniciativa que promueve el uso de la bicicleta en el territorio nacional y se modifica el Código Nacional de Tránsito.
Este proyecto pretende beneficios para la salud física, mental y ambiental de los colombianos, y considera a la bicicleta una opción de movilidad democrática, equitativa, ecológica y saludable.
«El proyecto tiene componentes muy valiosos que le van a cambiar la cara a la movilidad del país, es importante que avancemos hacia formas de transporte sostenibles y que garanticen el acceso a transporte de calidad para todos los ciudadanos. Además hay que volver a dar discusiones entorno a temas como el uso del casco y la seguridad vial de los ciclistas, ya que tenemos cifras dramáticas como que una de cada diez victimas mortales en accidentes de tránsito de Bogotá durante los últimos diez años, ha sido un ciclista» afirmó el senador cartagenero García Zuccardi del Partido de la U.
El proyecto busca entre otras cosas, otorgar medio día libre a los empleados que acumulen 30 viajes en bicicleta al trabajo, reasignar las bicicletas que nadie reclama en los patios a los colegios públicos y dar un impulso a la industria de la bicicleta en Colombia buscando a su vez, precios asequibles al consumidor.
Para la senadora Claudia López, coautora del proyecto «El reto es que usemos más bicicletas: un tercio de los hogares urbanos de Colombia tienen bicicleta, mientras que sólo el 13% tienen carro. Con la Ley los usuarios recibirán incentivos, por ejemplo, las instituciones educativas tendrán acceso a estímulos por promover programas de movilidad alternativa», explicó la congresista.
Durante el debate surgieron algunas opiniones encontradas respecto al proyecto por parte de los Senadores allí presentes, pero finalmente la votación de 11 a 0 dejó claro que el proyecto tiene fuerza y seguirá pedaleando hasta ser Ley de la República.
En Colombia, de acuerdo a la Encuesta de Calidad de Vida del DANE, el 31,7% de los hogares posee bicicleta, esto equivale a 4,1 millones de hogares; de acuerdo con la misma encuesta 34,3% de los hogares de las cabeceras tiene bicicleta frente a 22,6% del resto del país. En otras palabras, Colombia tiene un enorme potencial para el uso de la bicicleta como medio principal de transporte; tuvo en el seno de la comisión, un positivo primer debate en el que por amplia mayoría fue aprobado su articulado.
El senador ponente Jorge Prieto de Alianza Verde y uno de los autores Andrés García Zuccardi (Partido de la U), se mostraron satisfechos ante la buena acogida que tuvo al interior de la comisión esta importante iniciativa.
La sesión que contó con la presencia de once de los trece legisladores tuvo como invitada especial a la senadora de Alianza Verde, Claudia López, coautora también del proyecto, quien manifestó que estos son los buenos propósitos que unen a los legisladores y consecuentemente mejoran la calidad de vida de los colombianos.
Este proyecto como tal entre las bondades contempla el beneficio por uso intermodal del transporte público. Todos los usuarios de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo, Sistemas Integrados de Transporte Público, Sistemas Estratégicos de Transporte Público y Sistemas Integrados de Transporte Regional que hayan usado la bicicleta como modo alimentador del sistema y que hayan validado a través del sistema unificado de recaudo 30 validaciones del uso de biciparqueaderos y/o puntos de encuentro recibirán un pasaje abonado en su tarjeta; también hay un Incentivo de uso para funcionarios públicos. Los funcionarios públicos recibirán medio día laboral libre remunerado por cada 30 veces que certifiquen haber llegado a trabajar en bicicleta; Parqueaderos para bicicletas en edificios públicos. En un plazo no mayor a dos años a partir de la expedición de la presente ley, las entidades públicas del orden nacional habilitarán como mínimo el 10% de sus parqueaderos para bicicletas y los ajustarán periódicamente a la demanda. Entre otros.