Por Edgar Mendoza Saleme (Concejal electo de Cartagena.- Especial para Revista Zetta).- Cartagena es una ciudad que pese a tener grandes potencialidades de desarrollo cultural, industrial y comercial, además de ser Distrito Turístico, por su ubicación geográfica y estratégica, se constituye en la puerta de entrada de muchos países, paradójicamente, se ubica entre las ciudades más pobres del país. Además de ello, la brecha social entre ricos y pobres es cada vez más grande, sumado a la problemática de conflicto armado interno, que hacen de Cartagena uno de los principales focos receptores de personas en situación de desplazamiento.
Todas estas circunstancias generan un caldo de cultivo propicio para la germinación de grandes problemáticas sociales. El gran número de jóvenes en riesgo, la falta de oportunidades laborales para personas en capacidad productiva, la mala calidad de los servicios públicos, la pésimo control de la movilidad, la inseguridad, la deserción escolar y la corrupción, hacen necesario que con urgencia se tomen medidas contundentes para sacar a los ciudadanos Cartageneros de la ignominiosa situación de pobreza por la que atraviesan.
A todas estas, ad portas de la elección del nuevo personero, cabe preguntarse, ¿Dónde ha estado la personería de Cartagena durante todo este tiempo? Según el artículo 118 de la Constitución Política de Colombia, desarrollado por la ley 136 de 1994, la Personería, además de ejercer el control administrativo en los respectivos municipios, tiene el deber de proteger y promocionar los derechos humanos de los ciudadanos que los habitan, esto es, efectuar e intervenir en la elaboración de políticas públicas que propendan por efectivizar aquellos valores universales, intangibles e inalienables a que tiene derecho toda persona por el solo hecho de serlo. Es decir, la Personería tiene la importante misión de ser el agente oficioso de los derechos de los ciudadanos y luchar por dignificar sus condiciones y calidad de vida.
La labor de la Personería de Cartagena ha sido un convidado de piedra, lejana a los cartageneros, que no ha tomado el protagonismo que por ley debe asumir. Este ente se ha convertido en fortín burocrático para satisfacer las apetencias de los gamonales de turno y se ha olvidado de cumplir con su importante función de ser el vocero y defensor de los ciudadanos.
Es de vital importancia que la Personería de Cartagena se empodere de su función constitucional totalmente olvidada hasta el momento, en este sentido, a los ciudadanos les corresponde exigir la institucionalidad pertinente, y que el concurso de méritos que se lleva a cabo para la elección de personero, se realice con absoluta transparencia para que se escoja a la persona que verdaderamente tenga las capacidades y el talante para defender a la sociedad. Esta institución y su representante no han incidido en el mejoramiento de la calidad de vida de los cartageneros y por ello habrá que estar muy vigilantes de la manera como se va a escoger al próximo personero, para ver si por fin, los cartageneros puedan tener quien los defienda.