La intervención del Ministerio de Educación sobre la Universidad Rafael Núñez busca que los directivos enderecen el camino o de lo contrario tendrán que irse, y por lo pronto deberán conformar una fiducia a donde deben ir todos los dineros que genere el claustro universitario.
Además de la sanción de $122 millones, las investigaciones adelantadas por el MEN constataron varias irregularidades, estatutarias, administrativas y financieras, tras el pliego de cargos formulado en julio pasado en contra de Miguel Henríquez Emiliani, fundador y exrector de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, su esposa María Carmela López y sus hijos Miguel Ángel, Vanessa y Viviana.
La principal anomalía es el “yo con yo”, donde con dineros de la institución se adquirieron inmuebles a nombre de esta familia que después eran arrendados a la misma entidad con cánones arbitrarios.
De acuerdo con la investigación adelantada por el Ejecutivo Nacional, se habrían vulnerado las normas de educación superior, por indebida conservación de rentas, incumplimiento de las disposiciones estatutarias, y presunta obstrucción de la función de vigilancia que le corresponde a la cartera de Educación.
En declaraciones a la W, la viceministra de Educación Natalia Ariza indicó que las medidas protegen a los estudiantes, y por eso la obligación de crear una fiducia, que será vigilada de cerca por el Ministerio.
Con la plata de las matrículas de los estudiantes, la Corporación Universitaria Rafael Núñez de Cartagena paga a la familia fundadora de la institución millonarios arriendos por las sedes.
Según la viceministra de Educación Superior, Natalia Ariza, quien anunció ayer miércoles la intervención de la institución, los manejos irregulares que hicieron los directivos de los dineros de las matrículas rondan $6.000 millones.
Estos recursos, dijo la funcionaria, han sido invertidos en el arriendo y la adecuación de inmuebles que pertenecen a la familia Henríquez Emiliani. El Ministerio estima que la corporación estaba pagando cada mes hasta 150 millones de pesos a sociedades económicas de la familia mencionada.
A esta irregularidad se suma el hecho de que dichos contratos de arrendamiento no cumplen con los cánones establecidos dentro de los estatutos de la universidad.
La viceministra Ariza aseguró que “el objetivo de esta intervención es salvaguardar la continuidad del servicio educativo y garantizar que este sea prestado con calidad (…). De no cumplirse lo pactado, podremos entrar en estado de vigilancia especial e, incluso, remover a los directivos de la Rafael Núñez”.
Por motivos parecidos, a principios de este año, el Mineducación también intervino la Fundación Universitaria San Martín.
El Ministerio considera que las irregularidades se estaban presentando en buena parte porque dentro de los órganos de control internos de la Rafael Núñez no había estudiantes o profesores, lo cual violaba sus propios reglamentos.
La intervención de la corporación universitaria significa que la institución estará bajo vigilancia y deberá tomar medidas preventivas para corregir las irregularidades.
Según el Ministerio, las medidas preventivas incluyen la presentación de un plan de mejoramiento en el menor tiempo posible y la constitución de una fiducia para el manejo de sus rentas, de tal manera que estas sean invertidas de acuerdo con la misión de la institución.
La Rafael Núñez fue fundada en 1985 y hoy cuenta con 23 programas activos, 22 de formación profesional universitaria y 8 de tecnológica. Desde el 2009, su rector es Miguel Ángel Henríquez López.