Opinión de John Zamora (Director Revista Zetta).- Los tejemanejes de las Altas Cortes han desdibujado a la Justicia colombiana, hundiendo en un desprestigio a toda la Rama, ayudados por fallos desorbitados como otorgar libertad a violadores, creerle a falsos testigos, dar casa por cárcel a asesinos, prohijar procesos amañados o dilatarlos dolosamente.
Una Fiscalía en manos de Montealegre terminó de socavar cualquier residuo de credibilidad en la Justicia, y hoy presenciamos el deprimente espectáculo de gamonales politiqueros intrigando para que su pupilo sea el próximo Fiscal.
En ese contexto resulta extraño conocer un fallo asesado, equilibrado y justo, como el del juez de tutela que amparó la libertad de culto y prohibió la oración en el Concejo de Cartagena.
Eran de esperarse los lamentos, muchos histriónicos, de los que de manera genuina o por oportunismo (¡vaya usted a saber!) alegaban ultraje a sus derechos constitucionales, y peor aún la reacción del arzobispo de Cartagena, monseñor Jorge Enrique Jiménez, que incursionó en terrenos constitucionales para hacer alegatos de fe, cambiando el púlpito por la jurisprudencia canónica. En coro, los ministros evangélicos anuncian plantón. Poco falta para la quema en la Inquisición.
En materia religiosa se suele confundir el temor, respeto y devoción por Dios, al que cada cual tiene pleno derecho, con los ordenamientos que los asociados se han dado precisamente para vivir en sociedad.
Cada persona se puede regir por la Fe que desee, pero las sociedades no siempre aúnan los preceptos religiosos con los políticos, como sucede en estados islámicos como Irán. En Colombia decidimos regirnos por una Constitución, la de 1991, que si bien invoca al Supremo, bebe de la fuente del pueblo para legitimarse. En ese sentido, se respetan las libertades individuales, como las de culto, opinión o prensa, pero se separa el Estado de lo religioso. Algo tan sencillo a veces se nubla por un errado sentido religioso. Creer en la ley y acatarla en nada riñe con creer en Dios y obedecer sus preceptos.
El ejemplo claro se puede ver en el Presidente de la República, que puede ser sintoísta, judío, budista o ateo, y nada de ello le impide ejercer como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, que son los cargos que le asigna la Constitución. Mientras actúe como Presidente, debe respetar los cultos de los ciudadanos, pero como persona podrá ejercer su libertad religiosa a su libre albedrío, es decir, como se le dé la gana.
El Concejo de Cartagena, en tanto institución creada bajo el mandato de la Constitución Política, debe actuar bajo esa égida. Sus integrantes serán libres de rezar cuando a bien lo tengan, pero a título individual y no colegiado, como inconstitucionalmente lo han venido haciendo en los últimos años. Es exótico que un juez de estos tiempos tenga la razón, pero la tiene. Los desatendidos son los concejales, los pastores y el arzobispo de Cartagena. ¡Qué raro!