Una airada protesta presentaron periodistas de Cartagena ante la Fiscalía General de la Nación por las limitaciones al libre ejercicio del periodismo en el cubrimiento de las audiencias de imputación de cargos por el caso de fraude electoral y contrato de alimentación del ICBF y la fundación Prociencia. Los comunicadores fueron desalojados hoy de la sala de audiencias.
En el caso del concejal Jorge Useche, los registradores Patricia Jiménez y Humberto Ceballos y tres particulares, sin mayor motivo fue declarada bajo reserva; en el caso de los familiares del concejal Américo Mendoza ni siquiera se arguyó motivo, simplemente: “pa’fuera”.
“No somos convidados de piedra; primero nos llaman para una rueda de prensa con el Fiscal General, y cuando le vamos a hacer seguimiento a la noticia, entonces nos dicen que no podemos estar en las audiencias”, dijo uno de los comunicadores.
Otro periodista dijo en una conversación de whatsapp que “los periodistas no somos maleantes ni malhechores para que nos echen de las audiencias como nos saca la Fiscalía”.
Otro comunicador sostuvo que fiscales y jueces a veces ocultan información, y que la conducta es repetitiva, a lo que un colega agregó que no hay garantías para el ejercicio del periodismo en estas audiencias.
Finalmente se anotó que la Fiscalía Seccional de Bolívar no es una fuente de información para los periodistas, nunca salen a los medios a confirmar o desvirtuar una información, y agregó que acudir a las audiencias es un verdadero calvario porque son tratados como delincuentes.