El segundo periodo del personero William Matson ha estado signado por su aislamiento institucional, su ausentismo y su enclaustramiento comunicativo.
Esas condiciones afectaron la presentación de su informe de rendición de cuentas, que pasó inadvertido. No obstante, se le puede abonar que tiene un formidable jefe de prensa, que elaboró el siguiente informe:
«El personero Distrital, William Matson Ospino dio a conocer que a lo largo el último año se han abierto 72 procesos contra varios funcionarios de la administración local.
Durante una presentación del balance de su gestión del último año, el representante del Ministerio Público explicó que 59 de estos procesos ya se encuentran en indagación preliminar.
Matson afirmó que en total son 139 los procesos que hacen curso en la PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS y para los próximos días se estará dictando pliego de cargos en algunos de estos casos.
Servicios públicos
En materia de servicios públicos, Matson Ospino advirtió que la intervención de la Superintendencia hacia Electricaribe está lejos de ser la solución para ponerle freno a los abusos de la compañía contra sus clientes.
El Personero denunció que contratistas de la electrificadora siguen incurriendo en lo que ha llamado “falsos positivos”, que consisten en cobros injustificados contra los usuarios.
Explicó que una de las prácticas más frecuentes consiste en la imposición de sanciones tras la detección de supuestos fraudes.
“Tenemos evidencias de que varias de las revisiones o inspecciones que se hacen a las viviendas en las que se han detectado los supuestos fraudes son avaladas o firmadas por personas que tienen años de fallecidas”, expresó.
Matson anunció que la próxima semana se estará presentando ante la Superintendencia de Servicios Públicos una denuncia formal por estos casos.
La Personería reportó que en el último año se han presentado más de 2.200 recursos legales contra Electricaribe, derivados de la mala prestación de sus servicios.
La semana anterior, el personero interpuso una denuncia penal tras un informe elaborado por la Contraloría General de la República donde se dieron a conocer presuntos malos manejos de más de $78.000 millones destinados por el gobierno nacional para subsidiar el pago de energía de los usuarios más pobres de la Costa Caribe.
Salud
En medio de la presentación de su balance de gestión, Matson también anunció que de la misma forma se procederá contra los directivos de las Empresas Prestadoras de Salud que operan en la ciudad.
Matson se declaró indignado al reconocer que pese a los mandatos judiciales que ordenan a las EPS la autorización de cirugías, entrega de medicinas o tratamientos especializados, estos no se cumplen.
Anunció que la próxima semana serán presentadas varias denuncias penales contra algunos de los representantes de estas compañías por los delitos de lesiones personales dolosas y fraude a resolución judicial.
El Personero encabezó la semana anterior una diligencia con la que se pretendía capturar a un directivo de la EPS Coomeva, quien no ha cumplido con la entrega de medicamentos a un paciente que padece problemas en las articulaciones.
Seguridad
Durante su intervención, Matson también afirmó que hace algunos meses elevó un oficio preventivo a la administración distrital replicar la medida de restricción de la circulación de motocicletas por aquellos sectores de la ciudad donde se registran altas tasas de inseguridad.
Advirtió la misma medida que rige para los barrios Manga, Píe de la Popa, Castillo Grande, Bocagrande, Crespo, Centro y Laguito, debe replicarse en otras zonas para contrarrestar el sicariato, fleteo y atracos.
Considera que esa es una de las tareas más urgentes que debe adoptar el alcalde encargado que designe el presidente Juan Manuel Santos en reemplazo del suspendido Manuel Vicente Duque.
Sin embargo, insistió en que se debe avanzar cuanto antes en la legalización del mototaxismo, con el fin de organizar el tránsito de vehículos por las calles, formalizar la generación de los empleos que produce esta actividad, fortalecer las finanzas locales con la creación tributos y facilitar la labor de vigilancia de la policía».