Manifiesto del primer año de la victoria del NO

Hoy, 2 de octubre de 2017 nos reunimos, en varias ciudades del país, para recordar que la Coalición del No, integrada por ciudadanos y varias fuerzas políticas, religiosas y sociales, vencimos a pesar de todas las adversidades. Nuestra campaña tuvo todas las desventajas frente a la campaña que adelantó el Gobierno por el Sí: se redujo el umbral del 50% de participación que establecía la ley a un 13%; la campaña del Sí se financió con dinero público que se le negó a la del No. Adicionalmente, Santos condicionó las inversiones en las regiones a cambio del apoyo al acuerdo y generó un clima de polarización, en donde quienes liderábamos la campaña del No fuimos tildados de ‘enemigos de la paz’ y amenazó con que si ganaba el No, vendrían impuestos y una inmediata guerra urbana.

El día que el No se impuso en el plebiscito, la coalición del No convocó al Gobierno a un “Gran Acuerdo Nacional” a nombre de todos los colombianos, para corregir los apartes del acuerdo que eran nocivos para el país. Pero no ocurrió, Santos y las Farc se burlaron una vez más de los colombianos.

Hoy, un año después, podemos constatar que ese mandato popular fue desconocido por el Gobierno, que sin haber hecho ninguna modificación de fondo y con la complicidad de la Corte Constitucional y de los congresistas que fueron derrotados en el plebiscito, refrendaron lo que llamaron un “nuevo acuerdo”, que desconoció lo expresado por el pueblo en las urnas.

Aunque ganamos, el Gobierno quiso deslegitimar nuestra victoria diciendo que habíamos mentido. Veamos algunas afirmaciones de campaña, y comparémoslas con lo que está sucediendo en la implementación del acuerdo, para ver quién mintió.

1.         Hace un año advertimos que los cabecillas de las Farc no pagarían cárcel y tendrían elegibilidad política. Hoy, un año después, se aprobó el Acto Legislativo 01 de 2017, que crea la Justicia Especial para la Paz y cursa el proyecto de ley que la desarrolla. En ambos se establece que los responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes atroces no irán a la cárcel o prisión, ni les serán dictadas medidas de aseguramiento equivalentes y que la imposición de cualquier sanción del sistema “no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política”.

2.         Advertimos que Justicia Especial para la Paz sería una justicia hecha a la medida de las Farc, que igualaría a terroristas y miembros de la Fuerza Pública y que perseguiría a civiles, empresarios, trabajadores, ganaderos y agricultores. Ya se se revelaron los nombres de los magistrados que integrarán la JEP, la gran mayoría con un claro sesgo ideológico de izquierda en contra de los militares y de la institucionalidad que combatió el terrorismo, sesgo que se confirma en múltiples pronunciamientos públicos de dichos magistrados.

3.         Advertimos que el Acuerdo sería incorporado a la Constitución. El artículo primero del Acto Legislativo 02 de 2017, por medio del cual se agrega un artículo transitorio a la Constitución dice: “las instituciones y autoridades del Estado deben cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final” y en consecuencia, los desarrollos normativos “deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado” durante los próximos 12 años.

4.         Advertimos que las Farc tendrían curules en el Congreso y tendrían partido político con mayor financiación que los demás. Según los artículos transitorios 2 y 3 del Acto Legislativo 03 de 2017, las Farc tendrán: 5 curules en Senado y 5 curules en la Cámara de Representantes para el periodo 2018- 2022, sin tener que sacar un solo voto. Ya han anunciado que cabecillas responsables de crímenes atroces como Iván Márquez y Carlos Antonio Lozada serán candidatos al Congreso. Adicionalmente, se crearon 16 circunscripciones especiales en las zonas de influencia de este grupo terrorista, en las cuales los partidos políticos no podrán participar. En el Acto legislativo 03 del 2017, se establece que el Partido político mantendrá su personería jurídica sin presentarse a elecciones y recibirán para gastos de funcionamiento el promedio de recursos que reciben los demás partidos, pero adicionalmente sólo su partido recibirá el 7 por ciento del Fondo de Partidos para su centro de formación política.

5.         Advertimos que desmovilizados de Farc ganarían Un millón 800 mil pesos y que harían parte de las fuerzas de seguridad del Estado. El Decreto 302 de 2017 creó dentro de la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección el cargo de Agente Escolta, con 1.200 plazas, para incorporar a la entidad a los guerrilleros desmovilizados que custodiarán a los jefes guerrilleros. El sueldo para estos 1.200 desmovilizados será de $1.825.453. La situación es mucho más grave si te tiene en cuenta que los desmovilizados portarán las armas de la República. ¿Dónde queda la seguridad de los colombianos?

6.         Advertimos que las Farc utilizarían su fortuna ilícita para hacer política. Según el Decreto 903 de 2017, los bienes que las Farc reporten serán entregados a una fiducia, que ellos, a través de la Comisión de Seguimiento a la Implementación, seguirán teniendo injerencia en su administración. Como si fuera poco, el artículo 4 del Decreto, que remite al punto 3.2.2 del acuerdo, les permite usar dichos recursos para proyectos de reincorporación de terroristas administrados por su organización social y para fondear su Centro de Pensamiento y Formación Política. Hoy todo indica que la fortuna de las Farc no será para reparar a las víctimas, pero además se burlaron del país con el supuesto listado de bienes que presentaron y que ha sido cuestionado por el propio Fiscal General de la Nación.

7.         Advertimos que el acuerdo incentivaba la siembra de cultivos ilícitos. ¿Acaso es mentira que el país nada hoy en coca? Todas las mediciones, sean de la Casa Blanca, que habla de 188 mil hectáreas, o Naciones Unidas que habla 96 mil hectáreas nos muestran que el país tiene más hectáreas ilícitas sembradas que las que había en 2001 antes del Plan Colombia.

8.         Advertimos que las Farc no entregarían las rutas ni toda la información sobre narcotráfico. Hoy, un año después, las Farc no solo no han cumplido con los compromisos en el acuerdo sobre el tema de drogas ilícitas, como lo acaba de confirmar el Gobierno de los Estados Unidos, sino que colaron en sus listas a 25 capos del narcotráfico.

9.         Hace un año advertimos que las Farc no entregarían la totalidad de los 11.700 niños reclutados. Hoy, un año después, han entregado solo 122 niños. Lo que constituye, nuevamente, una burla a las víctimas.

10.   Advertimos el Gobierno subiría los impuestos para buscar recursos e invertirlos en el llamado postconflicto. Así lo hizo, en diciembre de 2016 aprobaron la reforma tributaria que aumentó el IVA del 16 al 19 por ciento. Con nuestros impuestos le darán todos los beneficios a las Farc.

11.   Advertimos el riesgo sobre la propiedad de la tierra. Al igual que en Venezuela, donde el Instituto Nacional de Tierras tiene la misión de recuperar las tierras incultas o infrautilizadas, el Decreto 902 de 2017 le da la facultad a la Agencia Nacional de Tierras de Colombia de recuperar este tipo de tierras, empleando la extinción del dominio. Según el Decreto, lo hará el juez, previa demanda de la Agencia, a la cual se debe adjuntar el Informe Técnico Jurídico realizado por la Agencia y que, según el artículo 80 del decreto, se presume “veraz y suficiente para resolver por parte del fallador mediante sentencia.

Entonces, ¿Quién mintió?: El Gobierno.

Colombianos, ¿Qué tenemos hoy un año después de que nos robaron el No en el plebiscito y que nos prometieron que en Colombia se acabaría la guerra y que vendrían nuevas oportunidades de inversión para nuestro país?

La situación es peor que hace un año, estamos sufriendo las consecuencias de un Estado entregado al terrorismo: Una economía afectada, reducción de la inversión, aumento del endeudamiento público, cultivos ilícitos disparados, disidencias de las Farc empoderadas y en aumento, colados de la mafia en los listados de miembros de la organización criminal, no hay desarme total, pero lo más preocupante es que el Gobierno no tiene voluntad de enmendar el camino que nos está llevando a ser una Venezuela.

Siempre hemos querido la paz, pero defendemos la democracia y la libertad como el presupuesto para poder disfrutarla. Como nuestra buena voluntad por corregir el acuerdo y lograr un Gran Acuerdo Nacional fue burlada por el Gobierno y aprovechada para conceder todo a las Farc, seguimos defendiendo las ideas que promovimos en la campaña del plebiscito y buscamos modificar el acuerdo, aún en contra de la voluntad del Gobierno.   

¡No se puede vencer a quien nunca se rinde!