En buena hora el Congreso decidió revisar cuánto cuesta y cómo financiar el mal llamado postconflicto. El legislativo le solicitó al Gobierno que se prepare financieramente para realizar las inversiones sociales y en infraestructura que se requieren ante un eventual acuerdo de paz con la guerrilla.
Si bien, el debate tenía buenas intenciones, su enfoque no fue el adecuado por varias razones: Primero, definir como postconflicto un acuerdo donde no hay conflicto, si no, una amenaza terrorista financiada por fuentes ilegales como el narcotráfico, la extorsión, el abigeato y la minería ilegal, además porque postconflicto sugiere el fin de la violencia, y desafortunadamente el acuerdo no garantiza eso.
Segundo, porque implícitamente los citantes y el gobierno dejaron ver que las inversiones sociales y en infraestructura que requiere el país están supeditadas exclusivamente a la firma de un acuerdo. Muchas de esas inversiones son necesarias con o sin acuerdo. Otras, llevamos 200 años tratando de implementarlas.
Pero lo más grave y aberrante es que nadie, a excepción de una magistral intervención del ex Presidente Uribe al final, se refirió sobre lo que deben compensar y reparar los guerrilleros. Hay distintos cálculos de cuánto vale la fortuna que han amasado las FARC. Daniel Mejía de la Universidad de los Andes calcula en 1.500′ los beneficios anuales de este grupo insurgente.
Considero que la guerrilla en una muestra sensata de paz debe a sincerar su fortuna y ponerla a disposición del Estado colombiano para reparar víctimas y compensar 60 años de terrorismo al pueblo colombiano. No les basta con las famosas penas alternativas, unas curules gratis, medios de comunicación especial para ellos y adicional niegan la entrega de armas. Todo esto, acompañado de su inmensa fortuna sí que de verdad nos pone de puertas al castro chavismo. Para cerrar el tema. ¡Que la guerrilla pague la paz! Es la mínima compensación al país.