Por: MIGUEL RAAD HERNÁNDEZ / Octubre 23 de 2014
Un Estado sin un sistema de administración de justicia eficaz, está en grave riesgo de no consolidarse como un Estado viable. Así ha sido desde los comienzos y la historia nos brinda ejemplos de hombres que, sin ser estadistas sino sobre todo guerreros, como Guillermo «El Conquistador» de Inglaterra quien, con gran sagacidad, entendió que no unificaría la Nación alrededor de su autoridad mientras no tuviera un sistema de justicia operante y aceptado por todos. Guillermo ordenó la recopilación de todas las prácticas y procedimientos que utilizaban las distintas y dispersas comunidades de la Gran Bretaña, y promulgó unas leyes que todos aceptaron y funcionaron porque estaban en la conciencia social.
Colombia hasta hoy no ha logrado diseñar un sistema de administración de justicia eficaz y menos aún, aceptado por todos. El nuestro pasó de ser percibido como un sistema aplicable sólo a los de ruana, como se decía antes, a ser un sistema politizado y salpicado por la corrupción. Incluso, a ser visto como un sistema que responde a estímulos perversos como las canonjías y las presiones mediáticas que sólo excepcional y esporádicamente produce satisfacciones sociales con sus fallos.
Ahora, además, pareciera que los sindicatos de la justicia quisieran institucionalizar el paro anual de otoño, que inician en el mes de octubre y lo unifican con las vacaciones colectivas del mes de Diciembre. Ya lo realizaron el año pasado y ahora lo están haciendo nuevamente con gravísimo daño a las instituciones y a la vida social en general.
No hay razones para el paro. En primer lugar la administración de Justicia es un servicio público que no admite interrupciones y menos parálisis. Así lo mandan la Constitución y las leyes que, precisamente, son los Jueces los llamados a aplicarlas y hacerlas cumplir. Como quien dice, se enloqueció el guardián del manicomio.
Pero, además, tampoco se justifica por reclamaciones salariales. En los últimos 20 años el salario de un Magistrado de las Altas Cortes pasó de $714.665,oo en 1991, a $ 24.054.347 en el 2013. Como quien dice, en los últimos dos decenios el salario de estos magistrados se multiplicó 34 veces, mientras que el salario mínimo de un trabajador raso apenas creció 11 veces en el mismo período, pasando de $51.716,oo a $ 589.500,oo el año pasado. Los Magistrados son privilegiados salarialmente en el sector público. Pero también hay buenos salarios en los otros niveles de la Administración de Justicia, dentro del contexto colombiano. Un Juez del Circuito gana alrededor de siete millones de pesos y un Juez Municipal aproximadamente cinco millones. Un citador judicial, equivalente a un mensajero, puede ganar hasta un millón cuatrocientos mil pesos, que es más del doble de lo que gana un mensajero en cualquier empresa.
Tampoco se justifica por el vencimiento de la vigencia de la llamada descongestión judicial. Este fue un procedimiento de choque adoptado para evacuar los miles de casos represados en juzgados y tribunales. Desde su adopción se definió que sería pro- tempore, esto es, por un plazo calculado para la evacuación. Fue un gran esfuerzo presupuestal del Estado, pues se nombraron aproximadamente 18.000 funcionarios, entre Magistrados, jueces y empleados subalternos, que debían ser una especie de brigadas de carga ligera para desocupar los anaqueles de los juzgados y dejar sin recarga a los jueces y magistrados en propiedad. Sin embargo, tampoco funcionó, pues no hubo mayor mejoría en los tiempos de respuesta de la administración de justicia y la demora en las decisiones también contagió a la nueva burocracia nombrada.
Los funcionarios judiciales debieran saber que la Justicia es un bien esencial para una sociedad, pues garantiza la convivencia social. Ella no pueden manejarla alebrestados dirigentes sindicales a base de arengas, manifestaciones y estridencias de megáfonos. Menos cuando sus reclamos parecen buscar la entronización de una mega-burocracia ineficiente, improductiva y parásita. Digo más. La justicia es demasiado importante para dejar sus problemas sólo al criterio de los Funcionarios Judiciales. Es toda la sociedad perjudicada la que debe intervenir y proponer salidas a la crisis en este sector. Ya contamos con estudios y recomendaciones serias y con experiencias exitosas de otros países que debiéramos mirar. Los paros y la burocratización no son la salida.