Por Alberto Elías Fernández Severiche (Especial para Revista Zetta 20 años).- La justicia entendida en su sentido funcional, restringido a la manifestación del Estado que tiene como deber hacer cumplir las leyes, exige una estructura en qué soportarse; también por supuesto, jueces capaces y honestos que entiendan la Ley y el proceso, pero consientes de la necesidad de articular y complementar su actividad con conocimientos de economía, sociología, filosofía e historia, solo por mencionar algunas de las disciplinas básicas para la construcción de acertados criterios de justicia y equidad.
Más de veinte años de experiencia como abogado litigante me han permitido formar una opinión sobre los servidores judiciales de manera general, y de manera individual conozco el trabajo de todos y cada uno de los jueces civiles y laborales de la ciudad, a quienes considero sin excepciones personas decentes y en su gran mayoría muy competentes juristas, que no cesan en su interés por el estudio del derecho.
De igual manera, reconozco y sufro en carne propia los problemas estructurales de una justicia que esta lejos de cumplir en tiempo y contenido con las demandas de la sociedad cartagenera.
Uno de esos problemas y uno muy grave, es la falta de instalaciones físicas funcionales para el poder judicial, los despachos judiciales y tribunales de la ciudad están repartidos entre por lo menos diez sedes y ninguna de las que conozco cumple con los requerimientos propios de infraestructura acorde a las necesidades de funcionarios y/o usuarios.
Tenemos hermosos edificios como el Edificio Nacional donde funcionan los tribunales Administrativo y Superior de Cartagena; el Cuartel del Fijo sede de la mayoría de los juzgados civiles y de familia y la sede de la calle de la Inquisición donde funciona el Consejo Superior de la Judicatura. Pero la majestuosidad y el buen estado de conservación de estos edificios no disimulan el evidente hecho que no fueron diseñados para una sede judicial moderna, presentan los típicos problemas de humedad de todas las construcciones coloniales, los que las hace mal sanas para servidores y usuarios, tienen problemas de acceso, todas tienen una sola entrada y salida, no cuentan con instalaciones para emergencias como incendios, sus gruesos muros atentan contra la comunicación inalámbrica y su diseño lejos está de garantizar acceso a personas en situación de discapacidad.
Agotado este listado, las restantes sedes judiciales son edificios diseñados y construidos con otras finalidades y muy mal adecuados para el uso institucional, por mencionar solo un ejemplo la sede de los Juzgados laborales en la avenida Pedro de Heredia tiene graves problemas de seguridad, acceso, un ascensor pequeño que no fue diseñado para el uso que recibe y unas escaleras muy angostas y sin ventilación, entre otros problemas.
La situación de las sedes judiciales en Cartagena ya era crítica antes de la pandemia, pero con la emergencia sanitaria y las necesidades de aislamiento y distanciamiento de la “nueva normalidad” resultan completamente inoperantes para la atención al público y un riesgo para los servidores que en ellas laboran.
Cartagena requiere una sede judicial moderna, donde se concentren la mayoría de los despachos judiciales y sedes alternas para la necesaria prestación de servicios de manera sectorizada.
Esta es una necesidad identificada por la Judicatura, que ya durante el año 2019 logró acercamientos con un grupo de congresistas buscando el apoyo del Gobierno nacional, pero para lograr avanzar en la iniciativa, es necesaria la articulación, la sinergia y el acuerdo entre los las fuerzas políticas de la ciudad, el poder judicial y el ejecutivo a nivel central, departamental y distrital, una obra de esta magnitud requiere también apoyo de empresarios, gremios y por supuesto de los abogados y usuarios que potencialmente somos todos los cartageneros
Se requiere un edificio moderno diseñado para el servicio público, ecológico y sostenible, capaz de garantizar seguridad, acceso y comunicación, para judiciales y usuarios; ubicado una zona de la ciudad que garantice el transporte y que ojalá constituya el impulso para la reahibiltación urbana o el desarrollo de una nueva zona de expansión de la ciudad, lo cual se potenciaría con la actividad complementaria y consecuencial de construcción de oficinas, comercios, y parqueaderos.
Invito a mis coterráneos tomar conciencia de nuestro derecho a exigir para nuestra ciudad una infraestructura pública acorde a las necesidades de los tiempos modernos y que mas necesario que la construcción de un viejo anhelo de la sociedad cartagenera como lo es el Palacio Judicial.
