A medida que el COVID-19 se expande en el mundo, aumenta la preocupación sobre cómo gestionar los residuos infecciosos. A través de iniciativa, senadora Nadia Blel busca minimizar impacto del COVID-19 en el medio ambiente. Aunque en Colombia no existen aún datos oficiales sobre el aumento en el uso de elementos de bioseguridad, organismos internacionales han encendido las alarmas sobre la deficiente gestión de estos residuos e incluso frente al vertimiento de estos desechos en los océanos.
Como respuesta a la alerta por el incremento en la generación y desecho de residuos potencialmente infecciosos como guantes y mascarillas, así como de plásticos de un solo uso, la senadora Nadia Blel radicó esta semana dos proyectos de ley con los que se busca garantizar la salud pública y mitigar el impacto que la pandemia COVID-19 ha tenido en el medio ambiente.
La primera iniciativa quiere establecer la gestión de desechos domésticos con riesgo biológico e infeccioso, como un servicio público urgente y básico en el marco de la emergencia y crear una nueva categoría de residuos con el fin de que se les dé un manejo y disposición final seguro.
“Aunque la situación actual es temporal, la importancia del manejo de estos residuos es y seguirá siendo un eje central en la protección del medio ambiente en tiempos de pandemia y post-pandemia, por eso es necesario contar con una reglamentación específica sobre la materia, con el fin de evitar un efecto rebote o la acumulación importante de este tipo de desechos potencialmente infecciosos”, afirmó la senadora Nadia Blel.
Si bien el Gobierno Nacional actualmente cuenta con un protocolo para la adecuada gestión de los residuos biológicos derivados de los hospitales, no ha sido claro en establecer si deben considerarse peligrosos u ordinarios los residuos como tapabocas, guantes, medicamentos vencidos, entre otros elementos originados en los hogares, lo cual genera que estos desechos contaminados se mezclen fácilmente con la basura doméstica, sin dárseles el tratamiento de residuo peligroso, ni recolectándose por operadores especializados.
A partir de esta reglamentación, se busca que el Gobierno defina aspectos como:
1. Los operadores habilitados para prestar el servicio de recolección y transporte.
2. Obligaciones de los generadores, gestores y autoridades ambientales competentes.
3. Las tecnologías de desactivación, tratamiento y disposición final.
4. Los lineamientos de separación, manejo, recolección de los residuos domésticos con riesgo biológico o infeccioso.
El proyecto busca además brindar apoyo técnico y financiero a los municipios que aún no cuenten con un Plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS actualizado o en ejecución y promover campañas masivas de educación ciudadana para fomentar la correcta disposición de residuos domésticos con riesgo infeccioso.
La segunda iniciativa radicada, pretende reducir uno de los impactos colaterales que ha traído consigo enfrentar la pandemia COVID 19, referente al retroceso en la lucha contra la erradicación de los plásticos de un solo uso. Esto a partir de la creación de zonas libres de plástico en ecosistemas marinos sensibles y zonas de playa.
Con este proyecto de ley se busca prohibir el ingreso y uso de plásticos de un solo uso a estos lugares, así como implementar medidas para que las personas o empresas que realicen actividades comerciales, turísticas y recreativas en estas zonas, eliminen el uso de plásticos en la prestación de sus servicios.
“Necesitamos garantizar la protección ambiental de la biodiversidad, flora y fauna de nuestros ecosistemas marinos. La contaminación por plásticos conlleva riesgos graves tanto para la salud medioambiental como la humana, por eso esta iniciativa debe ser una prioridad”, indicó la Senadora.
Según Greenpeace, en el país se consumen aproximadamente 24 kg de plástico per cápita, lo que implica un volumen anual de consumo de 1.250.000 toneladas, de los cuales los plásticos de un solo uso responden aproximadamente al 56%. Con el COVID-19 esta cifra se incrementa a diario.
Recordemos que el plástico y otros elementos utilizados para la fabricación de guantes y tapabocas pueden durar cientos de años para degradarse, incluso algunos elementos no se descomponen sino terminan convertidos en micropartículas que contaminan el agua, los animales y los alimentos que consumimos.
La legisladora radicará próximamente otras iniciativas en beneficio de la salud, los derechos a las mujeres y los niños, la economía familiar, y otras necesidades surgidas a raíz de la pandemia.