La innegable politización de la justicia y la ruina del derecho se materializó nuevamente en la cuestionada Corte Suprema de Justicia, que ordenó detención domiciliaria contra el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, en un contexto de severidad con un demócrata consagrado, y laxitud e impunidad con criminales de guerra.
Las tramas, intrigas y mentiras de la contraparte tuvieron previsible oído en los magistrados que profirieron una decisión con evidentes componentes políticos y revanchistas, al servicio de otra expresión de la combinación de todas las formas de lucha.