Por Alvaro Anaya Díaz (Especial para Revista Zetta 20 años).- Quedaron atrás 11 años de un proceso judicial que se desarrolló en medio de maniobras dilatorias y polémicas. No habrá más oportunidades para alegatos y réplicas. Sólo queda el tiempo de las pruebas. Y está reservado para el análisis del Juez, quien tiene la última palabra.
El histórico caso contra la exalcaldesa Judith Pinedo Flórez por la venta de una playa como baldío llegará a su final a partir del 21 de septiembre. Y también el tiempo de las apelaciones, cualquiera sea el fallo del Juez Segundo Promiscuo del Municipio de Turbaco, Alfonso Meza de la Ossa, quien funge como Juez de conocimiento del proceso penal.
Finalizada la etapa de alegatos y réplicas, a partir del próximo lunes 21 se conocerá el sentido de la sentencia judicial. Y sobre el togado Meza de la Ossa recae una enorme responsabilidad por lo que ha significado este juicio para Cartagena y la rama judicial, que arrancó con la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación el 23 de julio de 2009.
¿Baldío o playa?
La decisión la tiene el juez de conocimiento del caso y en cada prueba allegada al expediente durante más de 11 años. Son voluminosos documentos de la Fiscalía General de la Nación aportados como testimonios de la Dirección Marítima -Dimar-, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Incoder, Personería Distrital de Cartagena, Concejo Distrital de Cartagena y la Alcaldía Distrital de Cartagena. De allí que, seguramente, la defensa técnica, al final de sus alegatos el viernes, advirtió: «Señor juez, usted tiene una misión donde va a decidir sobre el bien y el mal… Por eso usted no le puede creer a la Fiscalía ni a la defensa. Debe creerle a la evidencia».
El proceso judicial se prolongó en el tiempo entre denuncias infundadas, peticiones irrisorias y maniobras dilatorias ampliamente divulgadas, incluidas las que provocaron en varias ocasiones la no admisión de la víctima del caso, Juan Diego Useche Ortegón, y el cambio del Fiscal Seccional 16, Álvaro Hernández Pianeta, el encargado de solicitar la imputación cargos por los delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin el lleno de requisitos, el 8 de abril de 2011.
Useche Ortegón recorrió un largo camino jurídico para que se le reconociera su condición de víctima en el proceso de la venta de un predio de playa en El Laguito, frente al Hotel Dann, donde funcionaba el establecimiento de actividad turística Sunset Beach, que contaba con un permiso de concesión de la Dimar. Su lucha jurídica comenzó el 3 de agosto de 2011 por una decisión del Juez de conocimiento del caso, Luis Fernando Machado, Juez Cuarto Penal Municipal (encargado). En esa oportunidad, además de no admitir a Useche Ortegón como víctima, el togado no le concedió el recurso de apelación que luego resolvió una instancia superior. Por la actuación del juez Machado, el proceso penal se estanca por casi tres años.
En noviembre de 2012, durante la audiencia preparatoria para iniciar el juicio, el abogado de Vivian Eljaiek Juan, exsecretaria de Hacienda Distrital, Alberto Morales Támara, solicitó que el expediente fuera trasladado a Bogotá, alegando que en Cartagena no había garantías en el caso que se adelantaba contra la exalcaldesa Pinedo Flórez. Para el jurista, el representante a la Cámara William García Tirado tenía poder como exconcejal de la ciudad y pesaba su condición de denunciante en el caso de la venta del bien de uso público. También argumentó que existía demasiada intromisión de los medios de comunicación social y redes sociales. Fue otra diligencia fallida y sólo se reanudó cuando la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud.
Reasignado el caso a la fiscal delegada ante el Tribunal de Bogotá, Martha Luz Reyes, para garantizar una supuesta imparcialidad solicitada por el abogado Morales Támara, la defensa técnica prolongó en el tiempo el proceso penal con un rosario de audiencias fallidas por la ausencia de los juristas de los cinco implicados en la investigación.
Paralelo a todo tipo de maniobras dilatorias por parte de la defensa técnica, aparece de nuevo la figura del reconocimiento de la víctima y su negocio para turistas en las playas de El Laguito. Ante la decisión del juez de negarles el reingreso, el Fiscal Seccional 16, Hernández Pianeta, y el abogado Raúl Bustamante apelaron ante el Tribunal Superior de Cartagena. La magistrada ponente, Patricia Helena Corrales Hernández, revocó la medida del Juez Segundo Promiscuo de Turbaco, Alfonso Mesa de la Ossa, y los reconoció como víctimas del proceso penal el 27 de marzo de 2014.
Aún en mayo de ese mismo año se ventila el caso de las víctimas por la venta de un «pedazo» de playa en El Laguito. Ante una tutela interpuesta por el abogado del Hotel Dann, Wilson Cadena, la Corte Suprema de Justicia la declaró improcedente en segunda instancia y confirmo la decisión del Tribunal Superior de Cartagena.
Después de 11 años del histórico caso contra la exalcaldesa Judith Pinedo Flórez por la venta de un bien de uso público, en septiembre se despejará el interrogante: ¿baldío o playa?
