Comunicado de prensa 075
En relación con las presuntas irregularidades en los trámites previos a la postulación de los señores MARÍA DEL SOCORRO BUSTAMANTE y MOISÉS OROZCO VICUÑA como candidatos al Congreso de la República en representación de las comunidades afrocolombianas y lo ocurrido en torno a las decisiones adoptadas en la materia por un conjuez del Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación informa a la opinión pública:
1. En atención a la denuncia presentada por parte de miembros de la comunidad afrocolombiana, actualmente se investiga la presunta comisión del delito de Falsedad Ideológica en Documento Público por parte de los señores MARÍA DEL SOCORRO BUSTAMANTE, MOISÉS OROZCO VICUÑA, la representante legal de la Fundación Ébano de Colombia (FUNECO), y la Directora de Asuntos de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, al haber certificado que los señores BUSTAMANTE y OROZCO pertenecían a FUNECO y por lo tanto a la comunidad afrocolombiana, lo que les permitió participar en las elecciones por las curules que representan a esta comunidad.
2. Igualmente, la Fiscalía ha conocido que con ocasión a una acción de tutela presentada en contra de un fallo de tutela previo que ordenaba suspender la posesión como congresistas de los señores BUSTAMANTE y OROZCO, se habrían podido cometer nuevas irregularidades de carácter penal, en especial la presunta comisión de un Cohecho, las cuales serán investigadas dentro de la misma actuación antes indicada, en tanto que todos los presuntos delitos se habrían cometido para lograr la posesión de las personas antes señaladas como titulares de las curules reservadas a las minorías étnicas.
3. Dentro de la investigación se ha ordenado la recolección de las evidencias y los elementos materiales probatorios necesarios para esclarecer si las referidas irregularidades han tenido lugar.
4. En atención a su fuero constitucional, la presunta responsabilidad penal del Conjuez DIEGO LEÓN VILLAMARÍN, deberá ser analizada por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes dentro del ámbito de sus competencias.
