Cartagena de Indias, 14 de mayo de 2021.- Los salarios de los altos funcionarios del Estado quedarán congelados durante 10 años.
Ese el objetivo de un proyecto de ley que radicó el representante por Bolívar, Emeterio Montes, y que aplica para los altos cargos públicos desempeñados en la Rama Ejecutiva, el Congreso de la República, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la República.
«Buscamos reducir la brecha salarial en el país, tener un Estado austero y atender al clamor social que hoy tiene nuestro país», declaró el autor de la iniciativa.
El proyecto pretende que sus remuneraciones no sean reajustadas durante los diez años siguientes, salvo un incremento con base en el índice de Precios al Consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior. Dicha regla exceptúa únicamente a los miembros de la Fuerza Pública.
Montes de Castro, representante del partido Conservador, explicó que adicionalmente contiene una disposición según la cual el crecimiento anual de los gastos de personal y de adquisición de bienes y servicios de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, no podrá ser superiores, en ninguno de los casos, a la meta de inflación esperada para cada año en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, para las vigencias 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026.
El proyecto de ley se presenta para ser discutido y aprobado en el Congreso de la República, consultando a la justicia, el bien común y el precedente constitucional que ha sido desarrollado por la Corte Constitucional en la sentencia C-258 del 2013, que dispone: “(…) en el marco de un Estado Social de Derecho, en virtud del principio de solidaridad, quienes están mejor en la sociedad son los llamados a colaborar con aquellos que se encuentran en estado de vulnerabilidad, situación de indefensión, desprotección o en estado de marginación. En este caso, considera la Carta que no es desproporcionado limitar a los servidores públicos con mejores salarios, el derecho a mantener el poder adquisitivo real de su salario, con el fin de librar y destinar recursos a cubrir, las necesidades relativas al gasto público social”.
Así las cosas, el proyecto de ley resulta ser de vital importancia para todos los colombianos y para el relevo generacional, toda vez, esta medida permite garantizar la austeridad y sostenibilidad económica del Estado a través del tiempo.
A su vez, responde de manera directa a las dinámicas actuales que vive el país, debido a que con el ahorro esperado por la iniciativa congresional, se podrá priorizar el gasto público para atender a los diferentes sectores de la sociedad y de la economía que se han visto afectados por la pandemia generada por el COVID-19 y los bloqueos que han sacudido a las diferentes vías del país.
