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Hay más de $172 mil millones listos pagar a damnificados de San Francisco, Juzgado 13 frena el proceso 

Cartagena de Indias, 24 de junio de 2021.- La última pieza del entrampe jurídico que han tenido que soportar 2.469 familias damnificadas del barrio San Francisco de Cartagena que perdieron sus casas en 2011 por una falla geológica, está en manos de la Juez 13 Administrativo de Bolívar que debe entregar el listado de los afectados censados en el año 2018, pero en eso lleva ya cuatro meses.

El abogado de las familias damnificadas, Luis Alfonso Correa Martínez, señala que luego de una gran batalla jurídica que se inició hace 9 años, el Consejo de Estado en marzo del año 2020, se pronunció finalmente y ordenó al Tribunal Administrativo de Bolívar que valorara nuevamente las pruebas arrimadas y emitiera otra sentencia; con base en dicha orden el Tribunal emitió la sentencia de reemplazo el 24 de julio del 2020, en la cual acatando las órdenes del Consejo de Estado, volvió a fallar en los mismos términos del año 2018 condenando al Distrito de Cartagena y al Ministerio de Vivienda.

Dando cumplimiento al fallo del 24 de Julio de 2020, el pasado mes de enero del presente año el Ministerio de Vivienda consignó a la Defensoría del Pueblo, que es la encargada del pago de la condena a las personas que resultaron beneficiarias del fallo, la suma de ($172 mil millones 847 mil 313 pesos) para que se le pagara las indemnizaciones a los damnificados del barrio San Francisco.

Todo parecía indicar que el intrincado rompecabezas jurídico estaba completo y por fin más de 2.000 familias por fin recibirían su indemnización. A través del abogado Correa Martínez se presentaron 4.000 cuentas de cobro ante la Defensoría del Pueblo, entidad que debe revisar y verificar las mismas para poder realizar los desembolsos correspondientes.

Sin embargo, para hacer efectivo el pago la Defensoría del Pueblo, el pasado mes de febrero, solicitó al Juzgado Trece Administrativo de Cartagena en cabeza de la doctora, Giovanna Bonilla Mitrottis, donde actualmente se encuentra el expediente, el censo de damnificados de San Francisco aportado por el Distrito en su momento como prueba al proceso.

Lo que se creía que sería un simple trámite no mayor a una semana, se ha dilatado hasta el punto que hoy, junio de 2021, han pasado más de 4 meses y el Juzgado 13 nada que aporta el listado prolongando la tragedia de las familias damnificadas de San Francisco.

Las excusas del Juzgado 13

Después de cuatro meses de silencio el Juzgado profirió una decisión donde aclara algunas inquietudes de la Defensoría pero se abstiene de remitir el censo de damnificados, argumentado que el expediente fue remitido a los contratistas que el Consejo Superior de la Judicatura junto con la Dirección Ejecutiva de Administración de Cartagena, para ser digitalizado, razón por la cual el Despacho no ha podido remitir el censo a la Defensoría, muy a pesar que la petición fue  elevada por esa entidad el día 9 de marzo del presente año. 

En dicho pronunciamiento la Juez Trece Administrativa de Cartagena ordena a la Defensoría no pagar las indemnizaciones, hasta que el Despacho se pronuncie sobre las peticiones de integración que presentaron otros damnificados que no habían comparecido al proceso.

Recurso de reposición 

“La Juez 13 reforma su propia sentencia y la de su superior que es el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo lo que constituye una ilegalidad”, señala el abogado Correa Martínez.

Agrega que presentó recurso de reposición contra la determinación tomada por la Juez 13 Administrativo, manifestado como primera medida, que ha trascurrido el tiempo suficiente para que ese Despacho reenvié el censo de damnificados a la Defensoría del Pueblo hecho que ha impedido que esta entidad desembolse las indemnizaciones, máxime cuando el censo fue remitido por la Oficina de Prevención y Atención de Desastres de Cartagena al proceso en un CD que es un medio que contiene la información ya digitalizada en medio magnético y que fácilmente puede ser copiado en cuestión de segundos y remitirse sin mayor complicación.

No aparece el listado 

Expresa que no hay claridad respecto de la ubicación y digitalización del expediente con el listado de los damnificados toda vez que la Juez dice en el auto que lo remitió a los contratistas para la digitalización, y por otra parte el Ingeniero de Sistemas de la Rama Judicial en Bolívar, manifestó que revisado el inventario de almacenamiento de digitalización no se encontró el expediente del barrio San Francisco y que en las consultas realizadas en la página web de la Rama Judicial que a diario realizan los desesperados integrantes del grupo beneficiario de la condena, aparece que desde febrero de 2021 el expediente se incorporó digitalizado.

Defensoría quiere pagar

Por su parte, la Defensoría del Pueblo frente a tal situación y en aras de desembolsar a la mayor brevedad posible las indemnizaciones a los damnificados del barrio San Francisco, solicito Vigilancia Judicial Administrativa al Consejo Superior de la Judicatura.

Queja ante la Procuraduría     

Finalmente, el abogado Correa Martínez solicitó intervención urgente a la Procuradora Delegada ante el Juzgado, Claudia Mantilla Mejía e interpuso queja disciplinaria contra la Juez Trece Administrativo ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, para que se investiguen las posibles anomalías que se viene presentando en el trámite del proceso de los damnificados del barrio san francisco.

Damnificados exigen respuesta  

Por su parte, los damnificados en cabeza de la líder, Inés Naar manifiestan que desconfían del manejo del proceso en el despacho judicial y recuerda que en la primera instancia los damnificados tuvieron que protestar en varias oportunidades frente a la sede de los Juzgados Administrativos, presentar quejas en la judicatura y varias tutelas para que después de 4 años de tramite el Juzgado emitiera la sentencia de primera instancia y que de persistir las dilataciones del Despacho Judicial acudirán a la protesta para que el país entero y las autoridades se enteren del porqué la Defensoría del Pueblo no ha cancelado sus indemnizaciones.