Por Horacio Cárcamo Álvarez (Especial para Revista Zetta).- Cartagena de Indias, 16 de septiembre de 2021.- El pasado 9 de septiembre se conmemoró el primer aniversario de la masacre verde. Aquella nefasta noche la Policía Nacional capturó al abogado Javier Ordóñez, a quien sometieron con golpes y choques eléctricos mientras lo conducían a un CAI donde, además, fue torturado hasta causarle la muerte. El destrozo de órganos internos y más de 9 fracturas denotan el nivel de sevicia y salvajismo con el que actuaron los policías, cuyo comportamiento fue más de una policía militar propia de regímenes dictatoriales, al de una institución civil a quien la democracia le ha encomendado la tarea de proteger la vida, integridad física y seguridad de las personas.
La indignación por los excesos criminales de la Policía no se hizo esperar, y la protesta social por el asesinato de Javier fue recibida con más brutalidad por aquellos. Literalmente a plomo físico pretendieron disuadir las manifestaciones de rabia y el resultado de esa brutalidad premeditada y con precedente documentado en una serie de hechos anteriores – movilizaciones del 2019 – resultó en sangre, desconcierto y dolor. Una vez más, como en la matanza de las bananeras y más recientemente en los falsos positivos, las armas de la república se matizaron con sangre de civiles inocentes.
A la protesta en Colombia se le da tratamiento de guerra. La mal interpretada teoría de la revolución molecular disipada y la desgastada del castro chavismo se utilizan para justificar la represión, y además, para desconocer las condiciones objetivas del levantamiento social y el descontento, particularmente de jóvenes, que no se interpretan en un sistema político y económico que arrebato a sus padres el futuro y amenaza el de ellos.
Más de 13 jóvenes fueron masacrados por la Policía Nacional esa noche aciaga del 9 de septiembre del 2020. Ese hecho nos enluta como sociedad y a la vez nos avergüenza en la comunidad civilizada de naciones, y a pesar de la magnitud de lo sucedido hasta ahora no se conoce de los órganos de control respuesta alguna sobre quien dio la orden de disparar las armas de la república contra el pueblo desarmado.
Pero tampoco se conocen respuestas sobre los responsables de las 69 masacres cometidas este año, ni del asesinato de los 115 líderes sociales, de tierra y defensores de Derechos Humanos, ni se conoce respuesta del asesinato de los 36 personas firmantes del acuerdo de paz, excombatientes de la Farc, tan bien asesinados en hechos de violencia ocurridos todos en lo que va del presente año según registros del Instituto de estudio para el desarrollo y la paz, Indepaz.
Paradójico. Colombia es una democracia de la que se jacta la élite del poder, con la mayoría de su población en situación de pobreza y hambre. Con unos partidos políticos que solo representa sus intereses, donde las elecciones se compran y los órganos de control son controlados por quienes debe controlar. En Colombia se mata a candidatos presidenciales cuando estos resultan incómodos al establecimiento; se asesinan a jóvenes cuando protestan contras los excesos de las autoridades policivas o por la vigencia de sus derechos. También se asesinan líderes sociales que luchan contra las injusticias y a firmantes del acuerdo de paz que creen en otra oportunidad para la vida. Sin embargo los riesgos de la democracia por dictaduras enmascaradas están es en Venezuela y Cuba.
