Por Ramón David Expósito Vélez (Especial para Revista Zetta).- Cartagena de Indias, 16 de septiembre de 2021.- La reciente aprobación de la Ley de Inversión Social en Colombia, que también incluyó la iniciativa en el componente de matrícula gratuita con destino a la educación superior en el nivel de pregrado, como política de Estado, es de vital importancia para el país. En esta novedosa propuesta, cuya autora es la senadora cordobesa Ruby Chagüi, los beneficios de la gratuidad van dirigidos a casi 700 mil jóvenes de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Esta iniciativa legislativa ha sido recibida con beneplácito y gran impacto en la sociedad, ya que se convertirá en un valor fundamental para dar cumplimiento a las aspiraciones de los más jóvenes.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
La Constitución Política, en su artículo 1, establece que: “Colombia es un Estado Social de Derecho”. El artículo 27, señala que: “El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra”. Así las cosas, el Estado colombiano está obligado a brindar educación a su población, establecido en su artículo 67 que consagra la educación como un “derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social”, que con ella se busca “el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. Desde la perspectiva de la constitución nacional, la Educación es un derecho fundamental de los colombianos, que impacta de manera significativa el conjunto de la sociedad. En tanto, el artículo 69 se refiere a la garantía institucional, que reza: “Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”.
PRESUPUESTO Y GASTO EN EDUCACIÓN
El Presupuesto General de la Nación para la vigencia del año 2021, fue aprobado con un monto de 313.9 billones de pesos. Según datos del Ministerio de Educación Nacional, la asignación presupuestal para educación en Colombia en la vigencia 2021 es de $47.4 billones de pesos a precios corrientes, que equivalen a $43.6 billones de pesos a precios constantes de 2018; constituyéndose en el presupuesto más alto de la historia que ha tenido el país destinado a este sector. Igualmente, el gasto en educación como proporción del PIB se ha mantenido en aumento en los últimos cinco años, pasando de 3.81% en el 2017 a 4.5% en 2021, cifra superior al promedio latinoamericano, pero inferior al promedio mundial que es superior al 5%. Cabe resaltar que los presupuestos de entidades que intervienen en el sistema educativo, entre otros, como: SENA, Computadores para Educar, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, suman 10.6 billones de pesos adicionales a la asignación presupuestal del Ministerio de Educación Nacional.
Del mismo modo, de acuerdo con el estudio sobre la asignación presupuestal a educación para la vigencia fiscal del 2021 elaborado por el Observatorio de Educación del Caribe Colombiano de la Universidad del Norte y el Observatorio a la Gestión Educativa de la Fundación Empresarios por la Educación, Colombia ha registrado un gasto público en educación, como porcentaje del PIB, inferior al de sus homólogos en la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Como se dijo, en el año 2017 Colombia gastó 4.5% de su PIB en educación, mientras que los países de la OCDE gastaron aproximadamente 5%.
Es importante tener en cuenta que el gasto público está condicionado por los ingresos fiscales, así tenemos que en Colombia el recaudo tributario está alrededor del 20% del PIB, mientras que los países miembros de la organización recaudan en promedio el 34%.
En concordancia con lo anterior, según las cifras de la OCDE, en los últimos años el gasto público en educación como porcentaje del gasto público total en Colombia ha sido del 16%, mientras que en promedio los países de la OCDE tuvieron el 12%. Sin embargo, es importante señalar que otras economías similares, tales como México o Chile, tienen un gasto relativamente mayor, con participaciones del gasto en educación que alcanzan un 18.2% y el 19.5%, respectivamente.
Es importante indicar que la iniciativa recién aprobada, a favor de la matrícula gratuita para la educación superior pública, tiene un costo anual para las finanzas públicas en cerca de $700 mil millones. Este valor se destinará a financiar a 695.000 beneficiarios.
Cabe resaltar que la financiación de la educación superior en Colombia se enmarca en lo expuesto en la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior. El artículo 86 de esta ley, estableció que: “Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del Presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales y por los recursos y rentas propias de cada institución”.
¿QUÉ ES LA LEY DE INVERSIÓN SOCIAL?
Luego de que, en días pasados, el Congreso de la República aprobara el proyecto de inversión social, el 14 de septiembre el presidente Iván Duque lo sancionó, convirtiéndolo así en norma de la República mediante la Ley No. 2155 de 2021.
Esta sanción del ejecutivo, “Por medio de la cual se expide la Ley de Inversión Social”, es una reforma que busca generar un recaudo de $15.2 billones (equivalente a 4.000 millones de dólares, aproximadamente) a través de fuentes permanentes de recursos, como el aumento de la tarifa de renta corporativa a 35% (para grandes y medianas empresas), la lucha contra la evasión de impuestos, la austeridad en el gasto público y, también, se incluyó mecanismos para facilitar la administración y movilización de bienes incautados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Una particularidad de esta reforma es que, además de las fuentes, incluyó los usos de los recursos. En ese sentido, en la propuesta con destino a la matrícula gratuita, en principio, se calcula como un gasto social de $700 mil millones al año, que equivale al 0.46% sobre el monto estipulado para el recaudo total de lo establecido en la ley ($15.2 billones). Asimismo, si realizamos un ejercicio de relatividad, esa cifra del gasto la podemos aproximar a la actual vigencia fiscal 2021, lo que representaría tan solo un 0.022% sobre el Presupuesto Nacional aprobado ($313.9 billones) y un 0.15% sobre el valor, a precios corrientes, de la asignación presupuestal para la educación en Colombia ($47.4 billones).
Esta ley fue aprobada tras lograrse un consenso importante con múltiples sectores de la sociedad, y el trabajo articulado con el Congreso sobre las necesidades que se deben resolver, como atender a los más vulnerables, generar oportunidades de educación y empleo que fortalezcan la reactivación económica y fomentar la confianza inversionista a través de la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Asimismo, para los jóvenes, la ley incluyó el programa de Matrícula Cero, que hace posible que la gratuidad en la educación superior pública se convierta en una política de Estado, considerándose como una reforma que, por primera vez en Colombia, tiene una destinación específica y un gran impacto social, convirtiéndose en programa de Estado, que muy de seguro actualizará y dinamizará la educación superior del país.
En ese sentido, así quedó establecido en la ley: “ARTÍCULO 27°. MATRÍCULA CERO Y ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Con el objeto de mejorar el acceso a la educación superior en el nivel pregrado, adóptese como política de Estado la gratuidad para los estudiantes de menores recursos. Para ello, el Gobierno nacional destinará anualmente recursos para atender las necesidades de los jóvenes de las familias más vulnerables socio-económicamente de los estratos 1, 2 y 3, mediante el pago del valor de la matrícula de los estudiantes de pregrado de las instituciones de educación superior públicas. A partir de 2023, estos recursos deberán destinarse a los jóvenes de las familias más vulnerables de acuerdo con la clasificación del SISBEN IV o la herramienta de focalización que haga sus veces. Estos recursos se dispondrán a través de Generación E, otros programas de acceso y permanencia a la educación superior pública y el fondo solidario para la educación, creado mediante el Decreto Legislativo 662 del 14 de mayo de 2020 el cual permanecerá vigente y podrá recibir aportes de recursos públicos de funcionamiento o inversión de cualquier orden con destino a estos programas. El ICETEX y las entidades públicas del orden nacional que hayan constituido fondos y/o alianzas con éste para el desarrollo de programas de acceso y permanencia en la educación superior podrán otorgar estímulos y adoptar planes de alivio, de conformidad con las normas que regulen la materia. Lo anterior podrá ser implementado por las entidades públicas del orden territorial en el marco de su autonomía. Así mismo, el plan de alivios del ICETEX excluirá el mecanismo de capitalización de intereses u otros sistemas especiales para la cancelación de intereses causados, estableciendo uno mediante el cual los intereses sean cobrados de manera independiente al capital a la finalización del período de estudios. PARÁGRAFO. El Gobierno nacional reglamentará la implementación del presente artículo”.
Es así como la aprobación de la gratuidad, establecida en el artículo 27 de la Ley de Inversión Social, es valioso para avanzar en la igualdad de oportunidades en Colombia, ya que fortalece el acceso y la permanencia en la educación superior de los jóvenes de las familias más vulnerables del país, al garantizar los recursos necesarios que permitan cubrir el pago del valor de las matrículas de los estudiantes de pregrado en las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas.
Así, el Estado, a través del gobierno, avanza en acciones concretas que contribuyen a la equidad y la transformación social de los territorios y ratifica su compromiso con los jóvenes y con la educación superior gratuita.
GRATUIDAD Y UNIVERSALIDAD EN EDUCACIÓN
La aplicación de la nueva ley implicará la gratuidad en la matrícula de la educación superior pública para los estratos socioeconómicos más bajos de la población. Era una tarea pendiente por cumplir. Es mejor tener un mayor gasto público en educación, como porcentaje del PIB, que con referencia a otros rubros ineficientes e irracionales, tal como el elefantiásico tamaño de funcionamiento del Estado.
La educación debe ser considerada un bien superlativo, como valor supremo de la sociedad, y una inversión de medio y largo plazo, para formar con pertinencia y vocación (con enfoque de la educación para el trabajo, ya sea por cuenta propia o ajena), promoviendo cambios proactivos en la mentalidad, actualizando y capacitando permanentemente al profesorado y fomentando habilidades diferenciadas e innovadoras entre el alumnado; así, a futuro, podemos tener un país con una Población Económicamente Activa preparada y más competitiva, que esté a la altura de las necesidades y oportunidades globales que localmente se presenten.
No se puede perder de vista que esta apuesta legislativa en Colombia, además de facilitar la formación, también sirve para mantener “ocupada”, durante periodos estratégicos, a la mano de obra más joven del país, ya que con la aplicación de políticas públicas de variada oferta académica se disminuye la presión al mercado de trabajo y por tanto, en ciclos clave de la economía, a bajar la cifra del desempleo, toda vez que en concomitancia, mediante periodos establecidos, se puede aumentar la capacidad de inserción de los desempleados más jóvenes a través de intervenciones inteligentes, tales como: programas de formación y mejoras de la intermediación en el mercado, asegurar la formación de competencias pertinentes con el mercado y de calidad, aplicar la reconversion profesional de acuerdo con el perfil y vocación económica de la zona, incentivar nuevas actividades y orientacion de las inversiones públicas hacia las zonas con mayores cifras de afectados por el desempleo (Vg. personas con discapacidad, personas con dificultad en la movilidad geográfica, personas pertenecientes a familias de menores ingresos…).
Asimismo, es inexorable la inversión del Estado para que la educación pública superior NO dependa de los niveles de ingresos de las familias, a sabiendas que Colombia posee una inequitativa distribución del ingreso (que en economía habitualmente se mide con el Coeficiente de Gini, la cual refleja el estado que presenta un segmento de familias respecto a otro segmento de la población, en función de sus niveles de ingresos); ergo, es conveniente y oportuno implantar esta política pública, sobre todo en ciclos de contracción de la economía nacional, tal como la que hemos padecido en virtud de la pandemia, lo que ha afectado a las familias con la disminución de sus ingresos, por ello es menester que se produzca. En esta primera fase de implementación de la ley, es imperioso asegurarse que los jóvenes accedan a una educación de la más alta calidad, exigirles el cumplimiento académico, sin ideologías, y ampliar la cobertura. ¡ESE, ES EL MAYOR RETO! Ya no podrán reclamar y exigir educación para los “más pobres”.
El acceso gratuito a la educación superior pública, se debe considerar como propósito muy necesario, como un objetivo de política pública de Estado y de gobierno, para que más jóvenes de los estratos más vulnerables, ingresen, permanezcan y se gradúen de la educación superior.
Un elevado nivel de educación universal es igualmente decisivo para disminuir la desigualdad de las próximas generaciones, debido a que facilita la inserción en el mercado laboral y disminuye la diferencia en los salarios obtenidos, porque, por medio de la educación, todos tendrían las herramientas necesarias para competir de mejor forma en el ámbito laboral. La educación, entonces, no solamente es una cuestión de derechos individuales y el desarrollo humano necesario para cada ciudadano, sino que repercute directamente en la maximización de las potencialidades de un país, lo que le permite, indudablemente, alcanzar niveles de desarrollo superiores y, con él, de bienestar común a sus habitantes. Con la aprobación y puesta en marcha de la ley, ha sido cumplido ese anhelo social y se está ejecutando la obligación del Estado, debido a que la universalidad es un excepcional campo educativo y didáctico, legitimado por el imperativo de aspirar al desarrollo más pleno posible del ser humano.
Hay evidentes ejemplos de la gratuidad y universalidad en la educación pública superior, verbigracia: En Europa hay más de una docena de países que ofrecen educación superior gratuita, como en los casos de: Alemania, Dinamarca, Francia, Finlandia, Noruega, Islandia, Chipre, Malta… En Latinoamérica, están países como: Argentina y Uruguay.
MODELOS INTERNACIONALES EN EDUCACIÓN
Todas las sociedades deben tener un sistema educativo, político y social que integre a todos sus habitantes y no solo una parte de ellos para lograr alcanzar el bien común que, según el jurista, filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio: “es el principio que da forma a la sociedad y el fin al que ésta debe tender, el punto de vista natural y temporal”.
Hace 60 años los niveles de desarrollo económico y de educación de Colombia eran muy superiores a los de países tan lejanos como los asiáticos. La apuesta disruptiva e inversión constante, como política pública de largo plazo en la educación, ha sido el pilar fundamental para el crecimiento y el desarrollo de países como en el caso de Corea del Sur, Malasia, Taiwán y Singapur, entre otros.
Aunque en Singapur no sacrifican la eficiencia por la equidad, porque su sistema educativo está basado en la meritocracia debido a los altos niveles de exigencia curricular, evidenciando un sistema diseñado solamente para una parte de la población educanda, porque solo los alumnos que obtengan las mejores puntuaciones en la secundaria eligen la educación superior, valga la oportunidad para tomar en alta consideración sus componentes exitosos en el modelo educativo. Tan solo existen nueve instituciones de carácter público para la educación superior: tres universidades, cinco escuelas politécnicas y un instituto de educación técnica. El precio de la matrícula es elevado, incluso en las universidades públicas (alrededor de 18.000 dólares por año), pero los ciudadanos singapurenses reciben una subvención del 75 al 85% del precio de matrícula. Hay, también, una universidad financiada con fondos privados, la Universidad de SIM (UNISIM), que está dirigida a estudiantes adultos.
Empero, es estratégico lo que ellos denominan el “reclutamiento, selección y alistamiento del profesorado”. El profesor es clave, ya que debe poseer un sobresaliente percentil académico que conduzca al empoderamiento, competencias y magníficas condiciones laborales.
En la configuración y desarrollo de la educación, en Singapur analizan variables como: cuál es la trayectoria de la economía, a dónde desean ir en el largo plazo (10 a 30 años), verifican si poseen los elementos para la planeación hacia ese objetivo, estudian si tienen la mano de obra para el desarrollo de industrias estratégicas, entre otros. Por lo que existe una relación muy cercana entre el sistema educativo con los resultados económicos que el país quiere alcanzar, enfocándose en sectores fundamentales, manteniendo las habilidades centrales, teniendo conocimiento de qué es lo que quieren desarrollar en sus estudiantes y cómo hacerlo. Así las cosas, el alineamiento ocurre porque tienen claro sus fundamentos y objetivos que, al final, cuando el estudiante se gradúe deberá haber obtenido un trabajo. Ya sea que hace algo por su cuenta o es capaz de ser empleado. Si no ocurre alguna de las dos, entonces, establecen que el sistema educativo falló.
A contrario sensu, al caso asiático, la visión en la Unión Europea (UE) es más humanista, porque la educación y la cultura son fundamentales para crear una Europa más inclusiva, cohesionada y competitiva. Su estrategia ha fijado el objetivo de lograr que el 40% de los jóvenes europeos tenga un título de educación superior en el inicio de esta década.
Así es como la Comisión Europea planteó su visión para 2025 de un “Espacio Europeo de Educación” en el que se garantice la libre circulación de los educandos: “un continente en el que vivir temporalmente en otro Estado miembro -para estudiar, aprender o trabajar- se ha convertido en la norma y en el que hablar dos idiomas, además de su lengua materna, sea lo normal. Un continente en el que la gente sienta intensamente su identidad europea, el patrimonio cultural de Europa y su diversidad”.
Porque, para los europeos es importante la educación superior, habida cuenta de sus nexos con la investigación y la innovación, ya que desempeñan un papel fundamental, no solo para el desarrollo individual y social y la formación de un capital humano altamente cualificado, sino también de cara a los ciudadanos competentes que Europa necesita a fin de crear empleo, crecimiento económico y prosperidad.
En cuanto a Norteamérica, específicamente en los Estados Unidos de América (EE. UU.), el sistema escolar es uno de los menos igualitarios del mundo industrializado, por el acceso desigual del alumnado, toda vez que, dentro de las 150 mejores universidades, tan sólo un 10% de los alumnos, son de clase media baja.
El costo de la educación superior, es menor en las instituciones públicas que en las privadas. Las públicas, son universidades estatales financiadas por el gobierno de ese estado.
La experiencia estudiantil americana es diferente a cualquier otra, debido a que en sus planes de estudios incorporan los valores de la ética con los temas de vanguardia en la sociedad del conocimiento en cuanto a competitividad, innovación, tecnología y saber hacer, soportado en la promoción de las habilidades profesionales. EE. UU. es hogar de universidades de clase mundial e instituciones especializadas únicas en su estilo, que ofrecen una amplia gama de opciones de estudios de pregrado en los niveles técnico y superior para alumnos nacionales y provenientes de todos los rincones del planeta. Por eso, en EE. UU. hay un número de diferentes instituciones a nivel de educación superior que varían en función del tipo de calificación dada, el área de estudio y la clase de control administrativo (es decir, pública o privada).
EDUCACIÓN: EJE DE LA COMPETITIVIDAD Y MOTOR DEL DESARROLLO
Las instituciones de educación técnica, tecnológica y superior son esenciales a la hora de cumplir la estrategia de un país con vistas a impulsar y mantener el crecimiento.
Entonces, para convertir la educación superior pública en eje de la competitividad y motor del desarrollo, se requiere una importante inversión de recursos, continua y sustancial, como porcentaje del PIB, que se pueda plantear durante un “periodo de transición generacional”, de medio a largo plazo, en donde el país realice una migración hacia un nuevo modelo competitivo, diferenciado, innovador y sostenible, acompañado por periodos en donde se implante un proceso de control y evaluación para verificar el avance y mejoramiento continuo de las metas propuestas, en el entendido que una parte importante de las empresas y de las familias son quienes van a sufragar el nuevo gasto social, entonces, hay que “rendir cuentas”. El gobierno nacional sigue siendo responsable de organizar e impartir la educación superior pública en sus respectivos territorios. El enfoque de las actividades debe buscar el aporte a una dimensión internacional a los estudios, la enseñanza, la investigación y las políticas de educación superior.
Finalmente, sería de gran interés que Colombia aplicara benchmarking frente a los modelos educativos asiático, europeo y norteamericano, seleccionando lo mejor de cada uno, con el propósito de realizar una unión armoniosa con lo nuestro y así compilar un modelo educativo público actualizado, sólido y sostenible que vaya acompañado con la apuesta del éxito rotundo, para ser considerado el mejor de la región y de esa manera darle el estatus que se merecen nuestros educandos.
●TÉRMINOS ECONÓMICOS:
-PIB: Producto Interno Bruto.
-Precios Corrientes: En economía, hacen referencia a los precios actuales.
-Precios Constantes: En economía, son los precios de un año base anterior, por ejemplo: los precios de la vigencia 2021 con referencia al año base 2018.
●FUENTES DE INFORMACIÓN:
-Constitución Política de Colombia.
-Ley No. 2155 de 2021 o de Inversión Social.
-Banco de la República.
-Ministerio de Educación Nacional.
-La República.
-Universidad del Norte.
-Fundación Empresarios por la Educación.
-Banco Mundial.
-Comisión Europea.
-OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).
-Gobierno de los Estados Unidos de América: USAGov.
Ramón David Expósito Vélez, Economista y MBA. Correo Electrónico: radaex@gmail.com