Por Danilo Contreras. (6 de febrero de 2015). El periódico El Tiempo informa que el Mototaxismo tiene en jaque al transporte formal en 9 ciudades.
Este fenómeno se ha convertido en tabú para los gobiernos. En 2012, de manera inesperada, encontré que la entonces Secretaria de Planeación intentaba incluir en el Plan de Desarrollo de Campo una línea estratégica para trabajar el tema, pero la administración finalmente se arrugó.
La regla jurídica va a la saga del hecho económico, y por ello la prohibición de la moto como transporte es rey de burlas. Así las cosas debemos recurrir a salidas más imaginativas, incluyentes y sostenibles.
No invento nada al sugerir algunas ideas para atacar el problema: 1. Caracterización del fenómeno. (Sincelejo lo hizo en la década del 2000 pero se quedó allí); 2. Promover la organización del sector de moto taxistas a efectos de organizar también la interlocución efectiva con miras a concertar soluciones. 3. Planes cuatrienales sostenidos de reconversión empresarial y empleabilidad, no solo para los conductores de motos, sino para el capital (lícito) que está detrás del negocio. La idea es generar oportunidades de negocios para empresas constituidas a partir de las organizaciones mencionadas que puedan integrarse a los circuitos económicos que se van imponiendo en la ciudad, tales como, el cluster que genera Transcaribe, el cluster que se genera alrededor de la cadena alimentaria que deberá moverse con el traslado de Bazurto y la construcción de nuevas infraestructuras para mercados sectoriales y mayorista, el turismo, etc. 4. Entregar a los moto taxistas con ánimo de reconversión, capacitación, capital y un escenario para ejercer su actividad de emprendimiento en los proyectos desarrollo a los se alude en el número anterior. Petro lo hizo en Bogotá con relativo éxito al reconvertir los llamados carro muleros en empresarios del reciclaje, con camiones, crédito y capacitación. 5. Paralelo a lo anterior, se precisa una política que desincentive el uso de la moto para el transporte de personas, con medidas de sanción impositiva, restricciones y otras de cultura ciudadana. Todo esto es necesario pues estamos frente a un dilema: la gente necesita fuentes de ingresos ante la ausencia de empleos formales, pero la moto es un transporte público insostenible en perspectiva ambiental y de movilidad.
La política pública de reconversión económica a vendedores estacionarios, que no fue una dádiva de los gobiernos, sino producto de una lucha jurídica y de movilización de estos sectores informales, ha dado algunos resultados positivos que se reflejan en las estadísticas de metros cuadrados recuperados en la ciudad.
Lástima que el acuerdo el No 040 de 2006, que contiene esa política tan criticada por muchos, se aplique con displicencia por los gobiernos, pues se le entrega capital a la gente pero no se les capacita ni se les acompaña en el negocio que deben instalar con los capitales semilla entregados.
Si nos ponemos serios en 8 años de política sostenida veremos resultados.