Cartagena de Indias, 2 de agosto de 2022.- El Juez Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías ordenó medida de aseguramiento de detención domiciliaria en contra del concejal, Óscar Marín Villalba, e imputó los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción, por ordenar el pago de una pensión de jubilación y retroactivos a favor de la señora Berta Tarón, en 2014, mientras fungía como director del Fondo de Pensiones de Cartagena.
Esta decisión se da como resultado de una denuncia presentada ante la Fiscalía, en febrero de este año, por el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, en contra del cabildante.
Además, se registran varias manifestaciones públicas del alcalde Dau en sus redes sociales indicando que la Fiscalía «no hacía un c…» y en repetidas ocasiones ha increpado al organismo de control para que actúe en consonancia con sus denuncias.
El juez accedió a medida solicitada por la Fiscalía, dada la posible obstrucción a la investigación que podría inducir Marín Villalba desde su posición como concejal del Distrito. Actualmente es primer vicepresidente de la corporación.
De acuerdo con las pruebas aportadas por la Fiscalía, el concejal Marín habría expedido, de manera irregular, la resolución 7.300 del 24 de octubre de 2014, mediante la cual se otorga una pensión de jubilación a la señora Berta Tarón, sin que se cumpliera con el lleno de los requisitos que establece el Acuerdo Laboral Definitivo suscrito entre las extintas Empresas de Servicios Públicos Distritales de Cartagena y sus extrabajadores el 4 de agosto de 1995.
El 27 de agosto de 2021 el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró la nulidad de la resolución 7.300 del 24 de octubre de 2014, luego de resolver una demanda presentada en el año 2015 contra dicho acto administrativo expedido por Marín, declarando que el documento que ordenaba la pensión y los retroactivos a favor de la señora Berta Tarón no tenía validez.
La orden del Tribunal quedó en firme el 8 de febrero de 2022, por lo cual el 10 de febrero de 2022 el Fondo de Pensiones de Cartagena expidió la resolución 1.032, con la cual la señora Berta Tarón fue excluida de la nómina de pensionados del Distrito de Cartagena y realizó la respectiva denuncia penal.
En esa misma denuncia también se solicitó la vinculación de las señoras Berta Tarón como beneficiaria de la pensión y de los señores Jenifer Olascuaga y Boris Montalvo en calidad de cesionarios de crédito beneficiarios del retroactivo pensional que se ordenó pagar.